El pleno del máximo tribunal, reunidos este viernes, tras analizar los antecedentes sobre el uso de autos y funcionaros de la policía civil en actuividades ajenas al servicio judicial, resolvió aplicar medidas disciplinarias leves en contra de dos jueces. En tanto, la situación de la ministra Dobra Lusic quedó pendiente.
El pleno de la Corte Suprema resolvió aplicar medidas disciplinarias de carácter leve contra dos jueces de primera instancia, luego de analizar el informe elaborado por la policía de Investigaciones sobre el uso de vehículos y funcionarios de esa institución por parte de magistrados del Poder Judicial.
Si bien la resolución adoptada por el máximo tribunal no pudo ser firmada -debido a la ausencia del presidente (s) Ricardo Gálvez- en fuentes de tribunales trascendió que, a la luz de estos antecedentes, sólo se aplicó la medida de amonestación privada en contra de los magistrados.
Se trata de los titulares del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, y del 1° Juzgado de Letras de Los Andes, Claudio Martínez, a quienes además se les habría aplicado una multa. Sin embargo, esto último no ha sido confirmado.
En tanto, la situación de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Dobra Lusic quedó pendiente para ser analizada en la próxima reunión ampliada del máximo tribunal. En todo caso, se aclaró que la Corte Suprema no solicitó ninguna nueva investigación sobre estos hechos y que sólo se limitó a conocer el documento remitido por la policía civil.
Informe Juica
La decisión de revisar este tipo de situaciones se generó a raíz de la investigación sustanciada por el ministro de la Corte Suprema Milton Juica, quien fue encomendado para esclarecer los hechos en que se vio involucrada la ex ministra de la Corte de Rancagua, Jacquelinne Rencoret, quien chocó en un vehículo policial mientras hacía uso de una licencia médica.
Luego que el pleno resolviera su suspensión por cuatro meses de sus funciones, así como el goce de medio sueldo, además de la apertura de un cuaderno de remoción, la funcionaria presentó su renuncia al Poder Judicial.
Más allá de ello, en su investigación Juica decidió solicitar un catastro a Investigaciones respecto a cuantos jueces, a nivel nacional, tenían destinados vehículos y funcionarios de la institución.
Después de analizar el informe policial, Juica hizo una crítica velada del 5° Juzgado del Crimen de Santiago, por haber empleado un vehículo policial con chofer, para hacer traslados desde domicilios particulares hasta el tribunal, universidades, entre otros destinos.
También dio cuenta de la existencia de un auto policial con dos conductores asignados por la Inspectoría General de Investigaciones a la ministra Dobra Lusic, sólo para «prestar colaboración a su labor». Esta ayuda parece más discutible, considerando que los ministros de Cortes de Apelaciones del país reciben de cargo un automóvil fiscal, con el propósito evidente de que concurran a sus labores habituales oportunamente.
Luego, Juica hizo reparos al Primer Juzgado de Letras de Los Andes, por utilizar, una o dos veces al mes, un carro de la prefectura provincial con su respectivo conductor, «para revisar procesos», cuando esa función se hace en dependencias del mismo tribunal.
