El senador de la UDI Jovino Novoa dijo que no sólo se buscarán las responsabilidades sino que también de quienes actualmente están permitiendo la pérdida de millones de pesos al erario fiscal.
El senador Jovino Novoa (UDI) conformó un equipo jurídico para perseguir a los responsables del fracaso del Transantiago y adelantó algunas de las líneas de investigación que se están llevando a cabo, las cuales concluirían con acciones ante la Contraloría, el Consejo de Defensa y Tribunales.
El parlamentario señaló que el propósito del equipo no es sólo determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de quienes diseñaron e implementaron el sistema de transporte, sino que también de quienes actualmente están permitiendo la pérdida de millones de pesos al erario fiscal.
"Hay más de US$ 500 millones perdidos, que no se van a recuperar. En este daño al fisco están interviniendo los ministros y subsecretarios de hoy día, los que hoy día le piden plata al Banco Estado para entregárselo a los operadores, en una operación de dudosa legalidad", expresó Novoa en referencia a los US$ 290 millones aprobados por el Congreso, los US$ 160 millones de préstamo al Banco Estado y otros US$ 100 millones en transferencias de ministerios.
"Este equipo está estudiando del informe de la Cámara de Diputados para atrás, pero le aviso a los ministros actuales: nosotros estamos preocupados también de lo que está pasando hoy día, de la plata que se está perdiendo y de las operaciones turbias que hoy día se están haciendo. Así que aquí no se ha dado vuelta ninguna hoja", afirmó.
"El ministro Cortázar todavía no entiende que tiene que acabar con este sistema y suelto de cuerpo pide US$ 160 millones por cuatro meses para estudiar una ley. Señor ministro: esto es una sangría. Usted está desangrando las arcas fiscales, córtela. Como no la quieren cortar, nosotros vamos a hacer lo que podamos, y vamos a ir a los tribunales".
Por su parte, el abogado Giovanni Calderón informó que la investigación está ordenada en cuatro líneas: la primera trata sobre aquellos delitos que generan un perjuicio al patrimonio fiscal, la segunda sobre el incumplimiento de normas, la tercera sobre los excesos en el ejercicio de potestades, y la última sobre la falta de servicio y perjuicio a los usuarios.
Además, Calderón dio a conocer algunos hechos que se están investigando, como la contratación de estudios no considerados en la toma de decisiones, la postergación fuera de bases de la etapa de régimen, la condonación de multas y aportes a los operadores, Transpalitos, el incumplimiento de estándares técnicos de los buses, la licitación desierta del SIAUT, la Adquisición de buses nuevos después del 10 de febrero y la renegociación de los contratos.
Advirtió que una de las limitaciones más grandes que enfrentará el equipo es que las responsabilidades administrativas sólo pueden hacerse efectivas respecto de personas que se encuentren en este momento en la administración pública. En cambio, la responsabilidad penal se ejerce sobre cualquier persona, lo que importa es que sea funcionario público al momento de cometer el acto.
El equipo jurídico lo conforman adémás de Calderón, Fabiola Gebagüer: asesora diputados UDI, comisión Transantiago,Jorge Jaraquemada: director del área legislativa de la FJG, Cristián Letelier: Abogado querellante caso Mop Gate, gastos reservados Vladimir Mondaca: abogado querellante caso PGE, Irma Miranda: ex funcionaria Contraloría,Eduardo Riquelme, abogado comité RN. Investigación Chiledeportes, Josefina Soto, directora del área municipal de la FJG, Cristián Valenzuela: abogado área legislativa FJG y responsable de redacción de informe de la Alianza de la comisión investigadora del Transantiago.
