Aunque mayoritariamente se consideró que la nueva legislación es un avance para satisfacer los derechos ciudadanos, ONG dedicadas al tema estiman que es insuficiente debido a que no fija un estándar claro para las excepciones. Iniciativa establece plazos para respuesta de las solicitudes y, ante una negativa injustificada, también fija sanciones.
El impulso a la Ley de Acceso a la Información Pública estuvo basado principalmente en el ánimo de transparentar el trabajo del Estado. Y aunque organizaciones ciudadanas apoyan este primer paso, consideran que aún existen temas pendientes en la aplicación de este derecho, cada vez más reclamado por la ciudadanía.
De hecho, el informe trimestral de julio-septiembre-diciembre de 2007 de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas reconoce un importante aumento en los reclamos ciudadanos por negativa de las autoridades a entregar información pública, que pasaron de 4% en el período anterior a 11%.
La nueva ley, que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, regula las obligaciones del Estado y consagra el principio de publicidad de la información que éste posea. Al respecto, define como «pública» toda la información elaborada con presupuesto público o aquella que esté en poder de los órganos de la administración del Estado.
La iniciativa, además, también crea el Consejo para la Transparencia como un órgano autónomo, cuyo objetivo será promover la transparencia, garantizar el derecho de acceso a la información y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad, además de aplicar sanciones en caso de una negativa injustificada.
"El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración que sean públicos de acuerdo a la Constitución y a la ley, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley», es la premisa de la nueva legislación.
Un gran paso
Para Danae Mlynarz, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, asegura que "lo que hoy día se gana con esta nueva ley es la obligación de tener que entregar la información sin ningún tipo de requerimiento especial".
«Para nosotros como comisión es un paso bastante importante, acompañado también de la creación del Instituto de Derechos Humanos y de la existencia efectiva de un Defensor de las Personas para Chile, que hoy día está en el Parlamento, vamos a ponernos en un estándar internacional con respecto a las entidades que defienden a las personas", sostiene.
El tercer informe trimestral de 2007 de la comisión asesora -considerada el punto de partida para un futuro Ombusdman– aseguraba que hay cinco sectores con más objeto de reclamo en cuanto a la petición de información: Trabajo y Previsión Social, Salud, Interior, Municipalidades y Justicia.
«La información más solicitada tiene que ver con el tema previsional, primero que no les entregan la información, después que no se la entregan a tiempo, que no es clara o en un lenguaje inentendible para todos los ciudadanos, eso también es importante y está presente en la nueva ley, porque pasarle esos papeles a alguien no tiene sentido", detalla Mlynarz.
En este sentido, enfatiza que se abre un gran desafío para todo el aparato público, donde no existe cultura de entrega de información. "El desafío está en que tienes que entregarla, pero además en un plazo adecuado. También tenemos reclamos y denuncias ya que cuando se recibe información y no es la que se pidió o lo que te contestan no es lo que estás preguntando, entonces las respuestas son poco razonadas. Ahí esta el desafío".
Según el director de la ONG Pro Acceso, Moisés Sánchez, actualmente el 60% de las solicitudes no son respondidas, algo que debería corregirse con la nueva legislación. «Más que el hecho de que te nieguen la información, lo que se hace es no responder las solicitudes», advierte.
Por su parte, Silvana Lauzán, coordinadora de proyectos Corporación Participa, asegura que "en general el proyecto es bueno, mucho mejor de lo que había antes, porque estaba regulado por diferentes leyes, ahora tenemos una única que regula el ejercicio de ese derecho".
Sanciones
La nueva ley establece sanciones contra los funcionarios que denieguen "infundadamente" información pública o retrasen el acceso a ésta con una multa de 20% a 50% de su remuneración y, en caso de persistir, el castigo monetario se duplicará, además de aplicarse una suspensión de cinco días.
Mlynarz menciona como gran paso, la creación del Consejo para la Transparencia, que será la instancia encargada de recibir los reclamos por incumplimiento de la ley, además de tener la facultad de aplicar las sanciones.
"El paso más importante que se gana con esta ley específica es que este órgano tiene la facultad de sancionar. Yo rescato que se abre el debate público en cuanto al acceso a la información, los ciudadanos vana tener conciencia de que es un derecho y van a poder ejercerlo", señala.
En cuanto a este tema, Lauzán también resalta las "sanciones administrativas para los funcionarios que no respondan o la negativa sea injustificada. El rol del instituto es intervenir en esas situaciones en que haya conflicto, incluso para evitar la judicialización que termina siendo muy larga y muy cara en general para la persona que pide información".
Por su parte, Sánchez sostiene que el avance más destacado de la ley es el Consejo de la Transparencia, órgano colegiado integrado por cuatro personas y elegido por la Presidenta con aprobación del Senado.
«Son los que vendrían a resolver los conflictos entre los ciudadanos y las autoridades respecto de sus solicitudes de información pública. Si yo la hago y el organismo dice que es reservada o no me da contestación, yo tengo una instancia para reclamar», sostiene.
El director de Pro Acceso explica que la ley incorpora un procedimiento donde no es necesaria tanta formalidad, pero se establece un plazo de veinte días para responder las solicitudes. «Si no responden, tú puedes reclamar ante el Consejo y se tiene la facultad de sancionar a los funcionarios públicos".
Además, la nueva ley establece que si el Consejo para la Transparencia establece que la decisión de negar el acceso a la información fue adecuada, el afectado podrá recurrir a la Corte de Apelaciones, que en definitiva zanjará la controversia.
Causales de reserva
Pese a este positivo escenario, una de las principales debilidades que las ONG advierten en esta nueva legislación es la posibilidad de declarar la reserva de determinada información, ya sea a través de una ley especial, o cuando puedan afectar la seguridad de la Nación.
«Nosotros estamos preparando un documento donde se analizan estas causales de reserva y hacemos una comparación con otros países de la región, porque en general hay algunos típicos como temas de seguridad nacional", adelanta Lauzán.
Sánchez también recuerda que uno de los temas de debate fue el de causales de reserva. "En el año 2007 se aprobó una reforma constitucional que incorporó un nuevo artículo a la Constitución (8°) que establece la publicidad de los actos, fundamentos, procedimientos y documentos de la administración pública, con ciertas restricciones, que son seguridad nacional, buen funcionamiento de los órganos, entre otros. La ley en algunos casos establece la reserva con carácter indefinido en el tiempo para materias vinculadas a cumplimientos de tratados internacionales, relaciones exteriores", asegura.
Según la ley, las causales para declarar la reserva son: cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; los derechos de las personas; el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país; y cuando se trate de documentos, datos o informaciones declarados secretos por una ley de quórum calificado.
A ello se agregan los documentos cuya difusión afecten "la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública», los que serán reservados en forma indefinida cuando se trate de asuntos relativos a la integridad territorial o asuntos de política exterior.
Con respecto a esto, Sánchez asegura que al no haber criterios estandarizados de reserva se va a generar necesariamente debate público.
A ello, Lauzán agrega que la propia Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a evitar que hubiera información secreta o reservada. "Esto no debería haberse establecido en la ley y era un compromiso original en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, eliminar esa causal de reserva de la Constitución, cosa que no hizo", enfatiza.
¿Todo el Estado?
Lauzán también señala que otra deficiencia de la ley tiene que ver con que no se involucra a todo el Estado, pues si bien todos los poderes del Estado quedan bajo el sistema de transparencia activa (publicar información en sus sitios de Internet), no se hace mención a responder solicitudes de información del público.
"El artículo 8° de la Constitución de la República establece que se aplica a todos los poderes. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar cumplimiento al principio de probidad. Uno puede inferir que el proyecto de ley no lo deja suficientemente claro", sostiene.
Y aunque también destaca la creación del Consejo de Transparencia, hace hincapié en cuanto a la elección de los miembros que la integran, "el mecanismo no garantiza la independencia, la Presidenta hace una sugerencia que se va al Senado y se debe aprobar».
«Sigue siendo un mecanismo que da pie para que el instituto sea integrado por personas que hayan cumplido con un determinado acuerdo político. Como sociedad civil estaremos monitoreando y entregando propuestas con respecto al perfil de las personas que deberían ocupar los puestos, así como la rendición de cuentas por parte del instituto", advierte.
