Abogado de la Alianza pidió al juez Omar Astudillo que declaren como inculpados -paso previo a un eventual procesamiento- el ex presidente de la estatal Luis Ajenjo (DC) y los otrora gerentes Eduardo Castillo y Jorge Letelier de la Cruz. Este último aparece vinculado a contratos de alhajamiento de oficinas que desembocaron en un posible fraude por $80 millones.
Robo para la corona o bien para el propio bolsillo. Esta disyuntiva es la que corre entre abogados querellantes y fiscales que trabajan en la investigación del caso EFE, tanto en la arista que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, como en la que sustancia el ministro en visita Omar Astudillo (por hechos anteriores al inicio de la reforma procesal en Santiago).
Y no es para menos, porque la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló precisamente contra el ex presidente de EFE nombrado por Lagos, el DC Luis Ajenjo, y su gerente general para el período 2003-2006, Eduardo Castillo, por el delito de malversación de caudales públicos por más de $ 14 millones.
El libelo interpuesto ante un tribunal de Garantía de Santiago también incluyó al ex gerente de Finanzas Claudio Carreño y a Patricio de Gregorio, hermano del actual presidente del Banco Central, José de Gregorio.
La acción legal se fundamentó en que Ajenjo contrató a Patricio de Gregorio por la suma señalada por asesorías que no habría realizado.
Cruz pa’l cielo
La línea siguió ayer con la presentación hecha por el abogado de la Alianza, Cristián Letelier, quien pidió a Astudillo que cite en calidad de inculpados -paso previo a un eventual procesamiento- a Ajenjo, Castillo y el ex gerente de finanzas Jorge Letelier de la Cruz.
Este último aparece vinculado a la Comisión de Apertura, Evaluación y Proposición de Adjudicación de EFE. Esta entidad, de carácter administrativo, es precisamente la que declaró desiertas una serie de propuestas para el alhajamiento de las oficinas de la estatal en Morandé 115 y autorizó a Castillo para que contratara los suministros.
Para estos efectos, Ferrocarriles había requerido los servicios de Rodrigo Tagle, dueño de Evasa, quien fue procesado la semana pasada por Astudillo por cuatro delitos de estafa al fisco, estableciéndose que, en colusión con empresarios, logró embolsarse más de $ 80 millones abultando contratos.
Fuentes allegadas a la causa aseguran que Tagle le ha confesado al magistrado que el dinero iba para un fin propio.
Sin embargo, para Astudillo hay cosas que aún no cuadran en esta madeja de relaciones que recién comienza a desenredarse. ¿Dónde fueron a parar los millones?
La duda también llegó a un miembro del comité penal del CDE que tampoco logra explicarse el destino de los dineros, sobre todo en la indagatoria que lleva la Fiscalía Centro Norte.
La fuente aduce que la figura del destino político de los fondos "está cantada", y que sólo faltan algunas pruebas para que "prenda".
Parte de esa hipótesis se desprende del contrato autorizado por Ajenjo en favor de Patricio de Gregorio, hermano del actual presidente del Banco Central, por poco más de $ 2 millones mensuales. Ambos son DC, al igual que Ajenjo.
Y si a esto se suma la querella que presentó el CDE el año pasado en la indagatoria que lleva Astudillo contra quienes resulten responsables por el millonario fraude al Fisco de $ 6.187.952.000 millones, por el abultamiento de la contabilidad durante la gestión de Ajenjo, todo parece cuadrar.
Sin embargo, probar el destino de estos capitales no será tarea fácil. Análisis de cuentas, citaciones y eventualmente una confesión son parte de un camino que recién comienza y que no estará exento de presiones e intentos de desviar la atención, hechos similares a los ocurridos en la investigación que ha llevado la ministra del caso MOP, Gloria Ana Chevesich.
Comparaciones
Los golpes en este caso no cesan. Ayer el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Jaime Rebolledo, anunció que se harán parte en las acciones legales emprendidas contra Ajenjo. El dirigente indicó que ya han entregado algunos antecedentes al ministro Astudillo.
Paralelamente, el Tribunal Supremo de la DC aún mantiene el misterio con el destino partidario de Ajenjo.
El principal impulsor de las medidas de expulsión para este último, el abogado Eduardo Salas Cerda, del sector colorín, se queja de la lentitud de la instancia disciplinaria.
"He hecho dos presentaciones. Una en diciembre y otra el 3 de enero para expulsar a Ajenjo, pero el Tribunal Supremo ha pedido un informe al Servicio Electoral para conocer su militancia y eso demora no más de media hora y han transcurrido casi 20 días", dijo.
A su juicio, la lentitud en la expulsión de Ajenjo contrasta con la celeridad con la que la DC actuó con el senador Adolfo Zaldívar.
