Senadores UDI y RN presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para aclarar la legalidad del préstamo que el BancoEstado entregó al sistema de transportes.
El requerimiento interpuesto por la Alianza ante el Tribunal Constitucional (TC) pretende establecer y clarificar las facultades del Ejecutivo para gestionar el crédito por US$160 millones que el BancoEstado entregó al Transantiago. Con ello, se busca impedir que se vuelvan a conceder dineros fiscales al cuestionado sistema de transportes.
El requerimiento fue respaldado por los senadores Hernán Larraín, Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Alberto Espina, Carlos Kuschel, José García y Antonio Horvath, que más allá de la devolución del dinero buscan zanjar cómo se ejercen las atribuciones de los poderes del Estado.
De esta forma, se busca bloquear la posibilidad de que el BancoEstado entregue futuros préstamos al sistema de transportes y que se presente un proyecto que plantee una solución definitiva al financiamiento, pues según la Alianza el Gobierno «pretende seguir entregando recursos de todos los chilenos a un sistema de transportes que ha fracasado».
En ese sentido, se argumentó que el préstamo del BancoEstado es inconstitucional porque comprometen la responsabilidad financiera del Estado sin la existencia de una ley que lo autorice y recursos más allá del actual período presidencial.
"Se hizo en un plazo récord, se tramitó un préstamo de US $160 millones el 28 de diciembre y con todos los feriados que hubo, el 2 de enero estaba todo aprobado, se cursaron el día 4 los primeros dineros, nunca he visto que un banco hiciera eso", reprochó el abogado Alex Buchheister, patrocinante del escrito.
El profesional aseguró que el requerimiento también entrega argumentos que cuestionan que el Ejecutivo pueda "autoprestarse dinero a través de BancoEstado, autogarantizado por un organismo estatal que es la Corfo". Al respecto, detalló que el crédito finalmente beneficia a Metro S.A. en su calidad de miembro del Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
Por su parte, el senador Hernán Larraín sostuvo que se debió recurrir a una norma excepcional establecida en la Constitución. "El gobierno siempre tiene a la mano el 2% constitucional, lo que ha hecho el Gobierno es una calamidad pública y debieron haberlo admitido".
