Objetivo de la magistrada es determinar si la letra y la firma de los informes que el hoy embajador en España emitió en 2002 son las mismas que aparecen en los del año siguiente. Organismo fiscalizador detectó esa diferencia tras efectuar una revisión administrativa, lo que podría configurar el delito de falsificación de instrumento público, como señala la querella que presentó la UDI.
Se inició la cuenta regresiva. La titular del Cuarto Juzgado del Crimen de de Santiago, Olga Quijada, envió un oficio a Gendarmería para tener a la vista el contrato que suscribió el ex embajador y otrora vocero de gobierno Osvaldo Puccio con esa institución, como también los informes que entregó por los supuestos trabajos realizados entre enero de 2002 hasta diciembre de 2003.
La decisión, dijo una fuente judicial a El Mostrador.cl, se enmarca dentro de la querella que presentó la Alianza en enero pasado por el delito de falsificación de instrumento público. Esto porque la Contraloría General de la República, en su informe final del 8 de enero pasado, establece que los informes de asesoría de 2002 presentados por el actual embajador de Chile en España, difieren "en letra firma" de los del año siguiente.
Una vez que tenga en su poder estos documentos, la magistrada ordenará una pericia caligráfica para establecer si existe o no una falsificación y acreditar o descartar el delito en cuestión. De comprobarse el ilícito, Puccio podría ser sometido a proceso, lo que probaría la tesis del diputado de la UDI Felipe Ward, promotor de la acción legal.
En torno a este punto, Gendarmería contestó que algunos informes eran documentos con características de formulario, por lo que en ocasiones Puccio los dictaba por teléfono, de ahí la explicación de las diferentes grafías.
Según el dictamen de la Contraloría, Puccio fue contratado para efectuar una asesoría, con dependencia a la Dirección Nacional de la entidad para "materias de investigación y desarrollo de gestión en procesos de rehabilitación".
Sin embargo, sólo existen informes trimestrales amplios que no detallan el trabajo particular, toda vez que no se emitieron los documentos finales de la labor efectuada por Puccio. Al respecto, Gendarmería arguyó que muchas de las conclusiones eran entregadas en forma verbal, lo que para la Contraloría es una irregularidad.
El hoy embajador fue duramente cuestionado por la Alianza cuando se conoció el informe de la Contraloría, donde además se acredita que hay poco más de un millón de pesos que no cuentan con justificación alguna.
Al respecto, Puccio, en tono irónico, dijo que podía devolver el dinero, al tiempo que aprovechó la oportunidad de fustigar a la derecha con el consabido argumento de su responsabilidad en la dictadura militar, como también en la privatización de empresas públicas.
Junto a Puccio también fueron cuestionados por la Contraloría los trabajos realizados por el actual ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, el analista Raúl Sohr, entre otros.
