La solicitud la hicieron Acción Ecológica y Defendamos la Ciudad, luego que esa cartera se negara a cumplir un dictamen del orgamismo fiscalizador sobre la necesidad de someter a un estudio de impacto ambiental el proyecto de Américo Vespucio Sur.
Dirigentes de la Fundación Defendamos la Ciudad y de Acción Ecológica solicitaron este lunes a la Contraloría General de la República que inicie un procedimiento par sancionar por «desacato» al Ministerio de Obras Púbicas por negarse a cumplir un dictamen que el propio organismo fiscalizador emitió en febrero de 2007 y que obligaba a la cartera a someter al sistema de evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de la autopista Vespucio Sur.
Luis Mariano Rendón, coordinador de acción Ecológica, al interponer la denuncia contra el MOP, señaló que desde la gestión del ex presidente Ricardo Lagos en dicha cartera, «el Ministerio de Obras Públicas se ha convertido en el epicentro de las violaciones a la ética pública, a la normativa ambiental y a los derechos de las personas».
«Mediante esta forma de actuar, este ministerio ha logrado concretar proyectos insustentables, como es haber plagado a Santiago de autopistas, con el consiguinte incentivo al uso del automóvil particular, una de las principales causas de la contaminación de la ciudad», dijo Rendón.
Por ello dijo que esperaba que el titular del MOP, Sergio Bitar, «explique cuál es la causa que no respete los dictámenes de Contraloría y prefiera ahorrale dinero a las concesionarias. Puede ser por simple negligencia, pero también puede ser por otras causas. Debiese explicarlas», dijo.
Por su lado el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, señaló «aunque nosotros en esta ocasión estamos haciendo la denuncia en contra del MOP en la Contraloría General de la República por su incapacidad para enmarcarse en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, está sumamente claro que, por las connotaciones del obsecuente comportamiento del MOP a favor del titular de esta autopista concesionada».
«Este caso debería ser revisado por la ministra de la Corte de Apelaciones Ana Gloria Chevesich, ya que es sumamente sospechoso que las autoridades de ese ministerio se hayan esforzado, incluso violando el marco regulatorio, para favorecer los intereses económicos de la empresa extranjera Sacyr», dijo.
