El secretario de Estado hizo una serie de propuestas para mejorar la gestión del aparato público, entre ellas la creación de una gerencia de subvenciones en el Mineduc, que promueva la tercerización de funciones a privados. También estimó que en los próximos años será á «imprescindible» revisar las atribuciones de la Contraloría. [Actualizada]
Un "acuerdo nacional para un mejor Estado" propuso este martes el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, con el objetivo de modificar el "clima de beligerancia" en que se encuentra el debate público y que busca -dijo- abordar distintas materias "en forma transversal y sin oportunismos políticos".
El planteamiento lo hizo el secretario de Estado durante su intervención en un desayuno organizado por Icare.
Pérez Yoma justificó su propuesta planteando su "enorme preocupación por los signos de fatiga que veo en el aparato estatal. En efecto, éste hoy ejecuta un presupuesto casi seis veces mayor al que se gestionaba al principio de los años noventa, básicamente con los mismos métodos, la misma tecnología y el mismo personal".
El secretario de Estado detalló que su propuesta considera medidas de mediano y corto plazo. Entre las primeras, reseñó, se cuentan la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que fue propuesta por la Comisión Asesora Presidencial en materia de transparencia y probidad, con el fin que un equipo de expertos y profesionales en diversas áreas de políticas públicas, de carácter independiente, evalúe "el funcionamiento de las políticas públicas vigentes y sugerir reformas".
También plantea profundizar el sistema de la Alta Dirección pública y adecuación de remuneraciones para garantizar reclutamiento de gestores públicos de excelencia; crear mejores corporaciones público-privadas, de estructura mixta, funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa, "para abordar los desafíos que nuestro futuro exige" y "la puesta en marcha durante este año de la ley de transparencia y acceso a la información pública, que "dejará atrás los vestigios de opacidad permitiendo que la transparencia sea el principio rector de la función pública".
Entre las medidas a corto plazo, destacó la creación en el Ministerio de Educación de una "gerencia de subvenciones" cuya misión será "que durante el segundo semestre del año todo el sistema de subvenciones se encuentre 100% computarizado".
Al respecto sostuvo que "ya va siendo hora que impulsemos de manera decidida la tercerización de funciones que puede cumplir en forma mucho más eficiente el sector privado. De hecho, en el caso de las subvenciones, no vemos por qué el trabajo de back office del pago de las subvenciones no lo realizan entidades financieras o servicios de gestión, que con una fiscalización apropiada, se preocuparán de informar al Estado de cada movimiento y destino de eso recursos", dijo.
En el ámbito de la inversión pública, anunció que el Gobierno llevará adelante tres iniciativas destinadas a apoyar una mejor gestión de las inversiones en salud, en el Fondo de Desarrollo Regional y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Pérez Yoma, en tanto, también planteó la necesidad de revisar las atribuciones de la Contraloría General de la República, para mejorar su labor fiscalizadora.
«En materia de control externo, en los próximos años resultará imprescindible revisar las atribuciones de la Contraloría. El año pasado, la Contraloría realizó más de 250.000 trámites de toma de razón. ¡Sí, más de 250.000! Esto significa casi 1000 trámites por día hábil», señaló.
A su juicio, «estos controles formales y previos de legalidad ofrecen muy discutibles beneficios si se ponderan sus costos» y recordó que por esa razón «la Comisión Asesora Presidencial en materia de probidad administrativa, recomendó unánimemente una reforma radical a las funciones de la Contraloría que permitiera pasar de un control previo y formal a un sistema de control más profundo, aleatorio y ex post, que permitiera mejorar y focalizar el control, como también agilizar la operación del Estado».
Al concluir su exposición, el titular del Interior sostuvo que «la modernización del Estado es una oportunidad para que los políticos demostremos al país, que más allá de las diferencias, es necesario y posible llegar a los grandes consensos que Chile necesita. Requerimos de la ayuda de todos. En ese contexto, el aporte, ideas y apoyo del sector privado sigue siendo una pieza fundamental para el éxito de nuestros propósitos».
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