"Como lo hemos señalado, esta acción civil tiene un fuerte sustento jurídico, lo cual hace bastante previsible que perseverando en su prosecución se vaya a obtener una sentencia condenatoria que haga justicia ante la gravedad de los ilícitos denunciados. No obstante esto, estamos al tanto que el CDE está en un proceso de negociación con las sociedades demandadas", señala la Fundación Defendamos la Ciudad.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó a petición de la Fundación Defendamos la Ciudad una demanda por daño ambiental en el 13° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Municipalidad de Vitacura y las sociedades inmobiliarias que han ejecutado obras de urbanización ilegales en la cima del Cerro Lo Curro.
A través de una carta Defendamos la Ciudad pone en conocimiento del tema al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Francisco Bahamonde, en la que señalan que "los fundamentos de dicho libelo son sólidos y se basan en hechos indesmentibles: la destrucción de parte de un bosque esclerófilo de altísimo valor patrimonial y ecológico, y la violación flagrante de la normativa ambiental y urbanística que lo protege".
Asimismo se indica que un elemento importante para deducir dicha demanda ha sido un informe técnico emitido por el SAG, "el cual no deja dudas acerca del tremendo perjuicio que aquí se ha configurado, todo ello a sabiendas de la autoridad municipal de Vitacura".
"Como lo hemos señalado, esta acción civil tiene un fuerte sustento jurídico, lo cual hace bastante previsible que perseverando en su prosecución se vaya a obtener una sentencia condenatoria que haga justicia ante la gravedad de los ilícitos denunciados. No obstante esto, estamos al tanto que el CDE está en un proceso de negociación con las sociedades demandadas", señala la Fundación Defendamos la Ciudad.
Agrega la misiva dirigida al director nacional del SAG que "dicho organismo público, a petición del abogado Javier Vergara, quien representa al violador de la normativa, estaría evaluando los antecedentes según su mérito, para llegar a una posible transacción".
El organismo ciudadano explica que "en líneas generales, los términos de este eventual acuerdo, consideran: 1) el ingreso del proyecto de urbanización y loteo sobre la cota 1.000 msnm al SEIA, y 2) reforestar en algún otro lugar de la región".
"Con respecto al punto uno, debemos señalar que si esta actividad hubiese estado permitida, habría sido obligación del titular, ingresarlo al SEIA. Y en relación al punto dos, no es posible la proposición del abogado Vergara, en atención a que la acción por daño ambiental tiene por objeto obtener la reparación del medio ambiente dañado, y no permite compensar reforestando en ningún otro sector", puntualiza la carta.
