Hace tiempo no escribía. Pero luego de intensos días de leer y leer publicaciones creo que ya es tiempo de decir dos cosas muy relevantes acerca del conflicto de las farmacias y que pueden servir para comenzar a atar cabos y ver que la pelea es sólo la punta de un gigantesco iceberg. Se trata de datos antiguos y públicos, pero cuando se comienzan a atar esos cabos es más fácil ver cosas bajo el agua.
1.- Aquí se ha hecho un escándalo por la colusión -lo que es normal y justificado- pero más aún por la presencia de Sebastián Piñera en la propiedad de Ahumada. Pero nada se ha dicho del controvertido viaje a Asia (no recuerdo si China o India) del director de la Cenabast, Mario Jerez, la gerente técnico de la Cenabast, Graciela García; el gerente de Negocios de Fasa, Rodrigo San Martín; el ex gerente general de Fasa, Sergio Purcell, y el gerente de Farmacéutica Volta, de Farma Industria y de Pharma Genexx, Roberto Roinnan. Es decir, Volta –ligada económicamente a FASA– ahora interviene también como mega proveedor del aparato público y ello quedó registrado con documentos en el programa Contacto de Canal 13.
¿Eso no es motivo de escándalo? ¿No es escandaloso que el director del principal comprador de medicamentos del país se vaya de viaje fuera de Chile con uno de sus potenciales clientes?
Peor aún, la FNE tuvo este antecedente a la mano según lo admite hoy en una carta al diario Estrategia Ana Eugenia García Aillón, ex candidata a diputada por la Provincia de Arauco y asesora legislativa. En su misiva al Fiscal Nacional Económico, le escribe: «Señor, por favor, aproveche la investigación que está haciendo para investigar esto, que hoy es el escándalo mayor que ha pasado en la industria farmacéutica que por cierto está llena de escándalos y lados ‘oscuros’.
¿Habrá algún comentario de esto? ¿Qué puede decir el Gobierno de esta situación? ¿Es lícito? ¿No pone a un laboratorio con ventaja con respecto al resto? ¿Qué respuesta se le ha dado a la señora García Aillón?
2.- Este tema pudo haber estado medianamente resuelto. En 1998 y 1999, ad portas de una elección presidencial en que Joaquín Lavín le pisaba los talones a Ricardo Lagos, se dio una pelea muy similar. El tema fue el cambio de receta en las farmacias, la falta de estudios que demostrasen equivalencia terapéutica entre originales y copias, con lo que de paso se intentaba avanzar hacia la regulación de la llamada «integración vertical» entre farmacias y laboratorios. Se hizo un enorme escándalo previo a las elecciones como la «canela», entre otros, y se dejó muy avanzado un decreto (el 375 del ministerio de Salud) que terminaba con las prácticas inescrupulosas. Pero asumió Lagos y designó a Michelle Bachellet a la cabeza de Salud y el decreto fue retirado de la Contraloría, donde estaba para toma de razón. ¿Por qué se retiró? Nunca quedó muy claro. ¿Por qué no se corrigió? Tampoco hubo respuestas concretas de la entonces ministra, que se enfrascó en una pelea con los cerebros del plan AUGE. Sin embargo, la semana pasada, con tal de darle un golpe a Sebastián Piñera, la ahora Presidenta Bachelet dijo: «No permitiremos prácticas inescrupulosas», en relación a la colusión de las farmacias. Me pregunto ¿Por qué permitió entonces y durante gran parte de su mandato estas prácticas inescrupulosas? ¿Qué responsabilidad política le cabe al actual gobierno que está sancionando y fiscalizando farmacias en medio del escándalo? Si no es porque el tema está en la prensa no pasaría nada. Otra vez.
*Víctor Hugo Durán es periodista especializado en temas de salud.
Además:
Lea carta de la Cenabast sobre su sistema de compras (En formato PDF)
