Según indicaron fuentes allegadas a la causa, el fiscal busca establecer la posible comisión de los delitos de estafa, por un lado, y conocer los contenidos de los correos electrónicos de las firmas denunciadas para acreditar cómo se produjo la colusión entre ellas y con los laboratorios.
El fiscal Centro Norte Luis Inostroza dictó la semana pasada las primeras diligencias en la querella presentada por parlamentarios de la Concertación en contra de Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand.
La decisión del perseguidor penal se basa en la acción legal que fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía, mientras que las pesquisas fueron ordenadas al Cibercrimen y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil.
Según indicaron fuentes allegadas a la causa, el fiscal busca establecer los delitos de estafa, por un lado, y conocer los contenidos de los correos electrónicos de las firmas denunciadas para acreditar cómo se produjo la colusión entre ellas y con los laboratorios para mantener su estándar de precios.
Dentro de las diligencias que habría ordenado estarían las citaciones a ejecutivos de las empresas de remedios, aunque esto último no pudo ser confirmado oficialmente en fuentes del Ministerio Público.
Más o menos
Estas diligencias, en todo caso, no implican que el fiscal busque llegar a una condena por el delito antes mencionado ni por asociación ilícita o Ley de Seguridad Interior del Estado. Puede ocurrir que una vez terminadas estas, el Ministerio Público aplique el archivo provisional o el principio de oportunidad. Y esto porque a la colusión que investigó y acreditó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no pueden aplicársele sanciones penales, ya que éstas fueron eliminadas del cuerpo legal que rige este tipo de prácticas dolosas.
Hasta el momento, sólo Salcobrand y FASA han designado abogados en la causa. La primera contrató al estudio del penalista Luis Ortíz Quiroga, mientras que la segunda optó por Luis Hermosilla, quienes ya presentaron el patrocinio y poder para actuar ante el fiscal Inostroza. Cruz Verde, en tanto, sigue en la búsqueda de un defensor.
Valoraciones
En otro aspecto, ayer el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) confirmó la multa por un millón de dólares propuesta por la FNE, luego que reconociera que se coludió con las otras cadenas y los laboratorios para mantener en alza los precios de los remedios.
De esta manera el TDLC reconoció que la figura de la delación compensada en estos casos es posible de utilizar con el fin de acreditar hechos bajo la lógica de la «economía procesal».
Este escenario complica a Salcobrand y Cruz Verde, debido a que uno de los coludidos confirmó su participación en los hechos, cuestión que los instala en una posición difícil ante ese tribunal, como también ante una eventual apelación a la Suprema si es que son sancionados en primera instancia.
Tanto FASA como la propia FNE valoraron la decisión de la instancia jurisdiccional. A través de su vicepresidente ejecutivo Alejandro Rosemblatt la primera firma manifestó su «tranquilidad» por lo resuelto. «La resolución avala que la compañía hizo lo correcto y viene a confirmar nuestra convicción que el actuar con la verdad y transparencia, pese a los costos asociados, era el único camino viable para resguardar en el largo plazo los intereses de de la compañía, y la confianza de nuestros clientes», dijo Rosemblatt a través de un comunicado público.
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