El especialista tributario y director de estudios jurídicos del think tank derechista, participó de la creación de la sociedad Bellview, primera operación realizada por el ex dictador para triangular sus activos y engañar a las autoridades sobre su situación patrimonial. En su testimonio ante el ministro que llevaba el caso, Sergio Muñoz, reconoció que el dinero para ello se lo entregó el ex gobernante y tuvo como finalidad «mantener en reserva los bienes adquiridos por Pinochet, por la connotación pública de su nombre».
En medio de la disputa entre la derecha y el gobierno por el proyecto que autoriza a levantar el secreto bancario al Servicio de Impuestos Internos (SII) -y evitar así la evasión tributaria- el Instituto Libertad & Desarrollo, think tank ligado a la derecha más dura, viene levantando un muro de contención comunicacional y desplegando su capacidad de influencia en la bancadas parlamentarias de la Alianza por Chile respecto a este tópico.
De hecho, el lunes pasado en una entrevista en El Mercurio, su vocero en el tema, el abogado Axel Buchheister, director de Estudios Jurídicos de L&D, criticó duramente la iniciativa que es parte de la agenda del gobierno -y que lidera Hacienda- para ingresar a la OCDE, aludiendo a que la vida privada de las personas está en peligro de aprobarse la moción en el Parlamento.
Las palabras de Buchheister fueron réplica a lo sostenido por el ex director del SII, Javier Etcheberry, unos días antes en el mismo diario. Este último emplazó a la oposición señalando que «son los parlamentarios de derecha quienes, en general, se han opuesto a darle atribuciones al SII para que tenga acceso a la información bancaria. Me imagino que entre sus electores habrá interés en seguir evadiendo impuestos», declaró.
Sin embargo, Buchheister, un especialista en temas tributarios -y eximio tirador de carabina calibre 22 en los polígonos de tiro de Peldehue- aparece involucrado en una de las primeras operaciones que el ex dictador Augusto Pinochet realizó en 1991, destinadas a esconder sus bienes y los millones de dólares que mantenía en el Banco Riggs y en otras entidades financieras de Estados Unidos y Europa.
La confesión del cuaderno Trust
La información referida a su participación en este caso, aparece tanto en los procesamientos dictados por el ministro Sergio Muñoz, quien llevaba la causa -hoy es integrante de la Corte Suprema-, así como en el fallo de la Corte de Apelaciones que desaforó en 2005 a Pinochet por la comisión de delitos tributarios.
El primero en involucrar a Buchheister fue el albacea del fallecido militar, Óscar Aitken Lavanchy. Este último declaró en la foja 606 del cuaderno tributario, reconociendo que los dineros los recibió del propio Pinochet en 1991 y fue mandatado para crear la sociedad Bellview S.A. Allí Buchheister participó con el 1%, mientras que el resto del capital lo aportó Bellview International, compañía con asiento en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Esta última fue la primera que le sirvió a Pinochet para triangular sus fondos en otras sociedades como Abanda, G.L.P. Limited y Tasker Investment Limited, entre otras, con las cuales invirtió en el Banco de Chile con sede en Nueva York.
Si bien es cierto que la participación porcentual de Buchheistter es menor, en el testimonio que prestó ante Muñoz en el «cuaderno Trust», admitió los hechos y aseguró que el dinero le fue suministrado por el propio ex dictador y que la constitución de Bellview sirvió «para mantener en reserva los bienes adquiridos por Pinochet, por la connotación pública de su nombre», según señala la resolución judicial.
Peces gordos
La propuesta legislativa del gobierno busca evitar la evasión tributaria, mediante el conocimiento de las cuentas corrientes de los ciudadanos, tanto de sus gastos en Chile como de las inversiones en el extranjero que se realizan a través de entidades financieras nacionales.
De acuerdo a cálculos gubernamentales, la recaudación fiscal podría aumentar en US$ 800 millones, de aprobarse la iniciativa.
La norma también es una medida adicional para combatir el lavado de activos, atendido que el SII creó un equipo para apoyar investigaciones de este tipo de delitos.
Pero la mayor relevancia política del tema es que forma parte de los requisitos para que Chile pueda incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), accediendo a un estándar superior en materia de fiscalización del Estado a la banca.
Actualmente el secreto bancario no rige para las investigaciones que lleva el Ministerio Público, las cuales se realizan con la autorización de un juez de garantía; ni para Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que debe contar con la venia de la Corte de Apelaciones para investigar fondos.
En el caso del SII sucede una cosa distinta. Si bien puede pedir los antecedentes que se encuentran bajo reserva y secreto cuando investiga la comisión de un delito, no puede hacerlo cuando realiza una fiscalización de carácter administrativo. Este punto es el que busca modificar la ley, entregando así mayores atribuciones al organismo revisor.
No sólo Buchheister y Etcheberry han entrado en la polémica. También lo han hecho el actual jefe del SII Ricardo Escobar y el ministro de Hacienda de Pinochet y Consejero de L&D Hernán Buchi, a través de sendas columnas en el diario La Tercera.
Circular pendiente del SII
Los primeros pasos de esta controversia entre el gobierno y la oposición comenzaron en 2006 cuando el SII dictó la circular 120 que obligaba a los bancos y casas de cambio a informar de las operaciones de sus clientes con el exterior.
La banca recurrió a la justicia civil, logrando que el dictamen del organismo fiscalizador se encuentre aún pendiente de revisión en la Tercera Sala de la Corte Suprema.
En su oportunidad, los bancos fueron representados por el abogado Davor Harasic, ex presidente de la organización Chile Transparente, de la cual ahora es uno de sus directores.
El Mostrador intentó obtener una versión de Buchheistter en varias oportunidades, pero este no accedió.
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