“Aumentaron en 796% los procesos sancionatorios a fiscalizados del organismo por incumplir normas preventivas antilavado de activos”, informó la directora de la Unidad de Análisis Financiero.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público (MP) difundieron el Informe Estadístico UAF enero-septiembre de 2010, con las cifras obtenidas en prevención administrativa y persecución penal del delito de lavado de activos.
La UAF elevó en casi 800% el número de procesos sancionatorios iniciados entre enero y septiembre de este año, respecto de 2009, tras notificar a 215 empresas y personas por incumplir las normas antilavado de activos. De ellas, el 74% corresponde a usuarios de zonas francas, casas de remate y martilleros públicos, además de corredores de propiedades.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Tamara Agnic enfatizó que “la detección de infractores es consecuencia directa del nuevo énfasis fiscalizador que emprendió la UAF este año, ya que es imperativo terminar con los cientos de empresas y personas que no cumplen con la normativa antilavado de dinero en los sectores económicos más vulnerables”.
Asimismo, explicó que “las sanciones por incumplimiento se elevan hasta 5 mil UF pudiendo triplicarse en casos de incumplimiento reiterado”, y que “desde que se creó la UAF en 2004 , el 75% del total de procesos sancionatorios iniciados corresponden a los de este año”.
En la misma línea agregó que mientras entre 2007 y 2009 realizaron 22 fiscalizaciones para evaluar el cumplimiento de la normativa antilavado, sólo en los primeros nueve meses de este año se efectuaron 35. Tal cifra superó en 700% el total de fiscalizaciones de 2009.
A ello se sumó la detección entre enero y septiembre de este año de 2.200 sujetos que, pese a estar obligados por ley a enviar reportes periódicos al servicio, no se habían inscrito en el registro de la UAF. De ellos, 1.303 se pusieron al día tras la advertencia, con lo que el número total de personas y empresas fiscalizadas por la institución se elevó a 3.209 al tercer trimestre. La cifra involucra un alza de 68% respecto de fines de 2009.
En materia de persecución penal, el jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) Mauricio Fernández aseguró que, en enero-septiembre de 2010, “el Ministerio Público recibió de la UAF un total de 46 reportes de operaciones con indicios de lavado, ejerció la acción penal iniciando 34 investigaciones por lavado de activos y logró la dictación de 7 sentencias condenatorias”.
Asimismo, Fernández precisó que las 7 condenas logradas por la entidad encargada de realizar en el país las investigaciones penales por lavado de activos que es el MP, se suman a las otras 15 ejecutadas entre 2007 y 2009. En total, en Chile se han decomisado activos de origen ilícitos equivalentes $1.703 millones.
Al finalizar, Agnic y Fernández coincidieron en calificar como indispensable que la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado resuelva poner en tabla la discusión de un proyecto de ley que, estando en segundo trámite constitucional y con urgencia desde julio, puede impedir que Chile sea evaluado deficitariamente a nivel internacional por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) en diciembre próximo.
Cabe precisar que a fin de año Gafisud determinará los estados de avance registrados por Chile entre 2006 y 2010, en su calidad de organismo regional especializado que establece las políticas para la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica y Panamá.
Mientras Agnic precisó que “si en diciembre de 2010 no ha sido promulgado el proyecto de ley, Chile puede ser incorporado a la lista internacional de revisión intensificada en prevención, persecución y sanción antilavado de activos”; Fernández advirtió que “es necesario que el Congreso Nacional actualice oportunamente nuestra legislación, teniendo en cuenta los reparos la a evaluación internacional que el GAFI le hizo a Chile en 2006”.
Gafisud es el capítulo regional que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organización intergubernamental formada por el G-7 en 1989 que fija los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (40+9 Recomendaciones) suscritos ya por más de 150 países, y validados por organismos internacionales tales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Comité de Basilea.
