En un comunicado se quejó de que la instancia «demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento».
La empresa HidroAysén S.A. emitió una declaración pública este martes, cuestionando al Consejo de Ministros por el tiempo que tardó en pronunciarse -y en notificarlos de su decisión- por las reclamaciones que se hicieron ante la iniciativa energética.
«Tras dos años y medio de espera, HidroAysén ha sido notificado recién en el día de ayer de la resolución adoptada el pasado jueves 30 de enero por el Comité de Ministros, la que incluye la solicitud de dos nuevos estudios sobre el proyecto. Ello, a pesar de que las materias solicitadas por la autoridad fueron objeto de diversos estudios elaborados por instituciones especializadas, informes que fueron entregados durante la tramitación ambiental que duró más de dos años y revisados por 36 servicios públicos y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Este proceso permitió que HidroAysén obtuviera su aprobación ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mayo de 2011, la cual fue ratificada en su totalidad por los Tribunales de Justicia, tanto en las Cortes de Apelaciones de Coyhaique y Puerto Montt, como la Corte Suprema de Chile, durante los años 2011 y 2012», expusieron los responsables del proyecto.
Según la empresa «tal decisión y forma de proceder del Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos. El Comité de Ministros se demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento».
«En este escenario, HidroAysén evalúa las acciones posibles concurrentes a reencauzarlo en su marco legal e institucional», anunciaron, recalcando que «el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile debe ser materia de una política energética de Estado, con la participación de diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y medio ambientales y sector privado), defina los lineamientos para tender a una matriz energética más sustentable, segura y competitiva que la actual, cuestión que esperamos sea una prioridad de las próximas autoridades».
A fines de enero, luego de que se conociera la decisión del Comité de Ministros, la, desde hoy, ex ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, explicó que «el proyecto, al tener resolución de calificación ambiental aprobada puede iniciar su construcción, sin perjuicio de que hay estudios pendientes que todavía faltan antecedentes para poder resolver y eso es lo que técnicamente el Comité de Ministros ha resuelto, que el estudio hidrológico es importante para poder resolver el tema de las variaciones diarias del caudal y el tema de vaciamiento de glaciares y por otro lado tener un plan para poder ver el impacto que significa, en la ciudad de Cochrane principalmente, el hecho que haya un grupo importante de gente que va a estar coexistiendo con la población original al momento de la construcción».
Respecto al estudio solicitado en el ámbito de la hidrología, HidroAysén afirmó que aportó ocho informes sobre esta materia. «En relación al estudio de localización de trabajadores, HidroAysén diseñó el proyecto ubicando las zonas de obras y campamentos alejados de cualquier área urbana de la Región de Aysén, con el claro propósito de minimizar algún efecto negativo por interacción con la población local», afirmaron.
HidroAysén considera la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, en la Patagonia chilena. El complejo energético comprende un total de 5.910 hectáreas, que equivale al 0.05% de la Región de Aysén y aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) con una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh. Los accionistas de esta sociedad son dos de los más importantes generadores eléctricos del país, Endesa Chile, de Enersis, y Colbún S.A., de la familia Matte, con una participación del 51% y 49% de las acciones, respectivamente.
