Opinión
Añadió finalmente que él no daría respaldo para ninguna acción de impunidad para ninguna persona. Algunos meses después de esa declaración, Nixon era obligado a entregar las grabaciones que lo incriminaban a él, las que dieron lugar a una investigación muy acuciosa de un fiscal especial, situación que lo obligó a renunciar.
En varios artículos de prensa, cartas al director en diversos medios y en opiniones de corrillos, se han comenzado a establecer comparaciones entre la situación de Nixon en relación con Watergate y la situación de la Presidenta en los mal llamados “nueragate”, “Soquimichgate” y “Pentagate”.
Precisemos cuáles pueden ser las similitudes y las diferencias. En el caso norteamericano, en una primera declaración el presidente brevemente y sin admitir preguntas de la prensa, señaló que los funcionarios de la Casa Blanca colaborarían en la investigación del Senado y que podían reservarse el derecho a guardar silencio en materias que los incriminarán. Añadió finalmente que él no daría respaldo para ninguna acción de impunidad para ninguna persona. Algunos meses después de esa declaración, Nixon era obligado a entregar las grabaciones que lo incriminaban a él, las que dieron lugar a una investigación muy acuciosa de un fiscal especial, situación que lo obligó a renunciar.
En el caso chileno la única semejanza hasta ahora aceptable, es que la Presidenta entregó su versión de los hechos no admitiendo conocerlos y reduciendo su explicación al caso de su familia, sin haber dicho nada hasta ahora sobre los actos y conductas relacionados con el financiamiento previo de su equipo de precampaña electoral y eventualmente de la posibilidad de haber recibido financiamiento para la misma de grupos económicos afines a la dictadura o de origen extranjero. Se ha reiterado que todas las cuentas están conformes a la ley electoral.
Una segunda diferencia no menor consiste en que en el caso Nixon existía una poderosa oposición política demócrata y un reblandecido Partido Republicano que había ido perdiendo la fe en su propio Gobierno por diversas razones, entre ellas la conducta de Nixon, la situación externa, así como por la negativa a investigar algunas actividades antimonopólicas de sus financistas. Es claro que en el Chile de hoy la oposición no existe ni remotamente como alternativa de Gobierno y carece de capacidad fiscalizadora por estar gravemente comprometida con los dineros de un grupo económico que nació al amparo de la dictadura, y porque algunos partidarios han participado en el negocio de Caval. Es una oposición objetivamente débil, poco creíble y sin líderes ni ideas novedosas. Ello agrava el cuadro general.
[cita]Si así no se hiciera podríamos llegar a una especie de derrumbe político, perdiendo, quienes actualmente detentan formalmente el poder, toda autoridad. El poder formal y las autoridades solo funcionan bien cuando son socialmente reconocidos. Hoy se está perdiendo tal reconocimiento y podríamos estar caminando a un peligroso vacío de autoridad.[/cita]
En tercer lugar, en el caso norteamericano existía la figura del vicepresidente, que permitió resolver la crisis asumiendo el cargo e indultando posteriormente a Nixon. Una suerte de arreglín que les costó el Gobierno a los republicanos. Para tenerlo en cuenta.
Las diferencias son muy marcadas como para hacer un símil a la rápida y es altamente irresponsable admitir que pudiera ser un camino aceptable el que hubiera una crisis a nivel presidencial, ya que ello sumiría al país en un fenomenal descrédito y afectaría gravemente el desarrollo económico social, retrocediendo varios años en lo que fue la exitosa reinserción del país a nivel internacional y la aceptación de los logros de los últimos 25 años que, aunque limitados, es cierto, no pueden dejar de ser valorados por cualquier analista serio y responsable. El país en general progresó y con ellos todos los chilenos, aunque se desnaturalizó la economía concentrándola en muy pocas manos.
Hay un cuarto aspecto que tiene mucha relevancia en este análisis. En el caso norteamericano, si bien hubo filtraciones desde la propia Casa Blanca, de funcionarios decentes hastiados de lo que estaban viendo, no fueron aquellos los detonantes principales que transformaron los rumores en una vorágine incontrolable. Sólo vino a ocurrir aquello cuando la policía descubrió, en época electoral, la intromisión telefónica en el partido demócrata, es decir, cuando un órgano del Estado encargado de la seguridad pública cumplió a cabalidad su rol, sin miramientos, con independencia verdadera y donde el papel de la prensa jugó un papel tan decisivo que hoy día hace palidecer a la nuestra, con excepción de algunos medios digitales, que con grave riesgo de su supervivencia están haciendo verdadera democracia en nuestro país.
Si miramos lo que está pasando hasta ahora veremos que todos los casos se han descubierto por verdaderas delaciones de diversa índole, por ejemplo, un grupo minoritario en el caso Cascadas, un ex gerente en el caso Penta, un ex asesor en el caso Caval, una derivación de Penta para el caso Soquimich en que los fiscales actuaron atinadamente. Desgraciadamente ninguna institución de control del sistema regulatorio chileno fue capaz de advertir la profundidad de la crisis y ello debe hacernos reflexionar muy a fondo sobre la frase tan vacía de que las instituciones en Chile funcionan, porque lo que realmente importa es que funcionen precaviendo los daños y no limitándose a sancionar a culpables cuando se ha sembrado una desconfianza total en el sistema institucional; aunque los daños económicos sean de magnitud menor mirados desde el punto de vista macroeconómico, ello no significa que no pueda existir una peligrosa retroalimentación.
Las cocinas parlamentarias y los cabildeos reservados para sacar adelante reformas complejas en las que han tenido participación activa poderes extraparlamentarios, repugna a la conciencia democrática y revela lo que por años hemos ido repitiendo: que en Chile se desarrolló una cultura de captura de los órganos de control que terminó, como era lógico, en un dirigismo empresarial que privó de su independencia a la autollamada clase política, debido a los recursos que dicha actividad requiere, sobre todo cuando hay que entusiasmar a electores para un voto voluntario en una sociedad de mercado en que la inversión en el elector ha venido a reemplazar al cohecho antiguo. Consideramos que el voto voluntario es una grave conclusión de lo que ocurre.
El país tiene una conciencia vigilante que se expresa en los jóvenes y en muchos otros que no lo son tanto y que miran con estupor el nivel de degradación en que estamos. Así las cosas, nos guste o no, son los fiscales, las policías, el Poder Judicial y otros órganos no contaminados los que tendrán que manejar en parte no menor una crisis que sobrepasa sus facultades para darle una solución.
Existe hoy una crisis de poder y autoridad que no puede eludirse. El mundo político debe buscar una salida y lo debe hacer pronto, teniendo muy presente que el pueblo soberano pareciera haber perdido toda confianza en los representantes elegidos en las últimas elecciones. Esta desconfianza que, en un grado muy importante llega a la indignación, debiera llevar a introducir modificaciones estructurales y de fondo tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Si así no se hiciera, podríamos llegar a una especie de derrumbe político, perdiendo, quienes actualmente detentan formalmente el poder, toda autoridad. El poder formal y las autoridades solo funcionan bien cuando son socialmente reconocidos. Hoy se está perdiendo tal reconocimiento y podríamos estar caminando a un peligro vacío de autoridad.
Que Dios nos pille confesados.
