Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, dijo que el sistema de financiamiento es clave para entender las orientaciones del proyecto y que “la ministra se comprometió a entregar algo en dos semanas para que podamos reaccionar”.
A pesar de que el gobierno pretende ingresar al Congreso el proyecto de ley de reforma a la educación superior antes del 21 de mayo, ayer la ministra de Educación Adriana Delpiano explicó al Consejo de Rectores (Cruch) que aún no está listo, según consigna hoy La Tercera.
El sistema de financiamiento es el punto pendiente y ha sido calificado como fundamental por parte de los rectores que, por lo mismo, le exigieron a la ministra en su cita de ayer que se les entregue un borrador de la propuesta.
La titular de Educación sostuvo que “efectivamente es un tema complejo” ya que no sólo se relaciona con el tipo de financiamiento sino que abarca cómo avanzar con la gratuidad, qué es el arancel regulado, cuáles son los fondos basales, etc.
Delpiano agregó que a todos esos factores que hay que definir se suma que el país está atravesando un momento económico también complejo. Por eso, explicó, Educación está trabajando con Hacienda y la Segpres en el proyecto.
“Apenas nosotros tengamos terminado ese capítulo (financiamiento de la iniciativa), que es el único que falta, se los haremos llegar (a los rectores) para que lo podamos discutir en conjunto y también con sus comunidades”, afirmó la ministra a cargo de la reforma.
La iniciativa aún no se ha entregado a la Presidenta Bachelet quien decidirá cuándo presentarlo al Congreso cuando la conozca en detalle.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, dijo que concuerda en que el sistema de financiamiento es clave para entender las orientaciones del proyecto y que “la ministra se comprometió a entregar algo en dos semanas para que podamos reaccionar”.
Por su parte Juan Manuel Zolezzi, timonel de la Universidad de Santiago, dijo que “uno de los pilares de este proyecto es el eje de financiamiento, de dónde van a provenir los recursos y cómo se va a tener acceso a estos, cómo se va a rendir cuenta y a fiscalizar”.
Roxana Prey, rectora de la Universidad de Aysén fue enfática en subrayar la necesidad de conocer el sistema de financiamiento a la brevedad porque define muchos aspectos de la reforma. A lo anterior agregó que tiene que haber claridad sobre el nuevo sistema porque “es imposible combinar distintos modelos, no se puede satisfacer a las distintas presiones que se nota que han estado operando. Hay un sector que quiere mantener una educación superior de mercado y lo que se está definiendo es terminar con el mercado en la educación”.
Los rectores de las universidades tradicionales privadas del Cruch, agrupadas en el G9, manifestaron ayer su molestia a la ministra Delpiano porque consideran que en las minutas que se han presentado hasta el momento con detalles del proyecto no se reconoce a las instituciones que encabezan.
Claudio Elórtegui, presidente del G9 y rector de la Universidad Católica de Valparaíso dijo que “estas instituciones perderían una condición que hasta ahora han tenido y que es formar parte del sistema público de educación superior, condición que hace muchas décadas los gobiernos le han reconocido a estas instituciones”.
Elórtegui agregó que en ese sentido “las universidades del G9 nos sentimos maltratadas” y que en esas condiciones no se sumarían a un acuerdo en torno a la reforma a la educación superior.
Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco dijo que la reforma no reconoce el aporte y rol público de las universidades católicas y agregó que “se pretende construir un sistema de educación estatal que no respeta la provisión mixta”.
El rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, postuló que el proyecto debe reflejar la existencia de universidades estatales, las con vocación pública y las privadas creadas después de 1980.
