PAÍS
Son dos los proyectos estrellas que la actual administración tiene en el Congreso para potenciar la educación inicial, Sala Cuna Universal y Equidad Parvularia, iniciativas que no se comunican entre sí, ya que una es del Mineduc y otra del Ministerio del Trabajo. Estas inyectarán millones de pesos, principalmente en los jardines privados y “particulares subvencionados”, abriendo un nuevo nicho para que los colegios reciban a niños y niñas de entre 2 y 4 años, escolarizándolos tempranamente. Asimismo, aumenta la subvencion a los jardines Junji administrados por privados, lo que abriría una puerta para el lucro, además de restituir el copago de forma “encubierta”, según advirtieron desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
“Los niños primero” ha sido el principal eslogan del segundo periodo del Presidente Sebastián Piñera, tanto así que en la Cuenta Pública del sábado repitió 30 veces la palabra “niño”, solo superada por “Gobierno”. El Mandatario prefirió ponerse el parche antes de la herida, evitó centrar el debate en la educación superior y priorizó la agenda de cuidados de niños y niñas del Sename y la focalizacón de los recursos del Ministerio de Educación para aumentar la cobertura preescolar, una de sus principales promesas de campaña.
Son dos los proyectos estrellas, los caballitos de batalla de Piñera: Sala Cuna Universal y Equidad Parvularia. El Mostrador revisó en detalle la discusión y el avance en el Congreso de ambas iniciativas, que no han logrado pasar a su segundo trámite constitucional y, según especialistas del área, esconden una “letra chica” que abre un “nuevo mercado en la educación”, ya que inyectan más de 16 millones de dólares a salas cunas privadas, vía voucher, sin medir su calidad educativa.
El proyecto de Equidad Parvularia, que busca equiparar la cancha entre los jardines públicos Junji e Integra y los “particulares subvencionados”, solo podría beneficiar a 16 jardines si fuera aplicado ahora. La iniciativa reintegra prácticas como el arriendo de establecimientos, prohibidas por la Ley de Inclusión, ya que generaba una oportunidad para que los sostenedores lucraran, al tiempo que habilitaría un “copago encubierto”. Además, construye una ventana directa a la escolarización temprana, debido a que abriría un nuevo mercado, el de los jardines medio-menor en los colegios.
Uno de los principales conflictos es que ambas iniciativas no conversan entre sí. La ley de Sala Cuna Universal, que cubre a niños y niñas de 0 a 2 años, fue redactada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto a la cartera de Trabajo, sin la más mínima consulta a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, pese a que en su propia cartera se estaba preparando el proyecto de Equidad en la Educación Parvularia, que cubre a niños y niñas de 2 a 4 años.
“Se están tramitando dos leyes muy importantes, que dependen de dos ministerios con distintas finalidades y que estamos apuntando a los mismos niños. Es necesario sentarse a que conversen ambas iniciativas”, destacó Marigen Narea, investigadora de Justicia Educacional.
La cartera de Educación trató de empezar bien el año, a pesar de las críticas por Admisión Justa. La ministra Marcela Cubillos ingresó al Congreso el proyecto de “Equidad Parvularia”, cuyo objetivo –según señalan fuentes del ministerio– era dotar de contenido la criticada agenda de educación de la secretaria de Estado y cumplir con la promesa de “los niños primero”.
[cita tipo=»destaque»]El Estado comprometió 225.792 UTM anuales al sistema de la Superintendencia de Pensiones, que será administrado –por lo tanto, invertido para conseguir rentabilidad– por privados como: Cajas de Compensación, Administradoras Generales de Fondos, Bancos, Financieras, Compañías de Seguros, Administradora del Fondo de Cesantía, entre otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Originalmente el Gobierno incluyó a las AFP como potenciales administradoras del Fondo Solidario para la Sala Cuna Universal, pero las presiones de la oposición los obligaron a eliminarlas de la lista.[/cita]
La ley aumenta en $77 mil la subvención para jardines particulares subvencionados, que hoy no supera los $131 mil en promedio. Sumada a otras asignaciones, la subvención podría llegar hasta los $300 mil. De esta forma, se acercarían a los $228 mil que reciben los jardines administrados por la Junji e Integra, una propuesta que casi fue rechazada en la Comisión de Educación, pero el voto a favor del DC Gabriel Ascencio salvó al Gobierno de una derrota.
El proyecto tiene varios amarres para que los jardines subvencionados, que atienden a los niños más vulnerables del país, puedan acceder al subsidio. Deben contar con el reconocimiento oficial del Estado, que es la principal barrera para acceder a ese financiamiento, pues a abril de 2019 solo 16 (0,92%) se encontraban reconocidos y 220 en proceso de obtener la certificación.
De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, hasta abril de 2019, de los 3.532 establecimientos con financiamiento estatal, solo 462 (13,08%) eran reconocidos por el sistema de Aseguramiento de la Calidad. De los 667 jardines administrados directamente por la Junji ,el 33,28% está acreditado, y de los 1.081 administrados por Integra, el 20,72% está certificado, mientras que de los 51 delegados de Integra ninguno ha logrado la acreditación.
Son 1.599 establecimientos VTF que necesitan intervención para ser acreditados, lo que tendría un costo de $169 mil millones, según cifras de la División de Presupuesto. Los cálculos de la oposición apuntan a que la acreditación total necesita de US$680 millones.
El subdirector de Presupuestos, Mauricio Villena, destacó ante la comisión de Educación que en 2019 el Gobierno ha destinado $362.956 millones para fortalecer la educación pública. Fondos que se distribuyen entre el Fondo (concursable) Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), el que va en constante reducción, según reconoció la propia autoridad gubernamental.
Pero el diputado Juan Santana (PS) hizo hincapié en que “nadie garantiza que las municipalidades van a tener como prioridad la educación preescolar”, mientras que la presidenta de la comisión de Educación, Camila Rojas, agregó que los fondos comprometidos “no alcanzan para solucionar las precariedades de la educación pública”, ya que no existen fondos enfocados en lograr el reconocimiento oficial de los VTF.
Pero el hecho de que este proyecto podría llegar a beneficiar a solo un 10% de los jardines VTF este año, no es el único punto negro en la iniciativa. Equidad en Educación Parvularia ha sido fuertemente criticado, porque margina a los establecimientos estatales de la Junji e Integra de esta subvención. Hasta Libertad y Desarrollo (LyD) –think tank de la UDI– precisó que una forma de mejorar el proyecto es que “todos los jardines infantiles –incluidos los de Junji e Integra que están siendo excluidos– deban ingresar al nuevo sistema de financiamiento vía subvenciones”.
Desde la oposición plantearon que la solución no es hacer que todos los jardines compitan, sino entregar un financiamiento basal. Durante la votación en general del proyecto, la diputada Camila Vallejo (PC) dijo que tiene “diferencias ideológicas profundas” con la propuesta del Mineduc, que se introducen “fórmulas de mercado” para aumentar la cobertura, como el voucher y que se genera un “mercado de jardines infantiles particulares subvencionados”. Un modelo que en la educación escolar ha traído consigo la competencia entre los establecimientos, el incremento de la segregación e “ incentivos de mercado para los sostenedores”.
Otro amarre es la entrega de la subvención sobre la base de la asistencia promedio de niños y niñas, un sistema similar al de la educación escolar particular-subvencionada. Requisito inquietante para Narea, puesto que los niños pequeños tienen condiciones distintas que los hacen faltar más: “Sabemos que estos niños en invierno se enferman, asisten menos. Esto hace que haya un déficit estructural en muchas instituciones, porque están atados a la asistencia. Si queremos que haya una calidad mínima, tiene que haber un piso estable en estas instituciones para que puedan entregar un piso de calidad”, destacó a El Mostrador.
La proyecto de ley de Equidad en Educación Parvularia establece que los recursos obtenidos vía subvención deben ser destinados “de manera íntegra y exclusiva” a la labor educacional, pero el articulado permite que se pague el arriendo de inmuebles, ya que interpreta que “es una operación que cumple con dichos fines”, frase que anula los principios de la Ley de Inclusión. Para la presidenta nacional de AproJunji, Susana Criste, es la vía «para burlar la prohibición de lucro”.
Cabe recordar que, cuando estallaron los casos de lucro en la educación superior y se puso el foco en los colegios particulares subvencionados, el principal nicho de negocio identificado por el Ministerio Público fue el arriendo de inmuebles entre partes relacionadas, un punto que la Ley de Subvención a los VTF parece no considerar.
Además, el proyecto ingresa la figura de “aporte voluntario” de los padres y apoderados, con el fin de financiar “actividades extracurriculares”. Una especie de “copago encubierto”, señaló la dirigenta de AproJunji ante la Comisión de Educación, ya que “es sabido que estos acuerdos no son tales y menos voluntarios, con lo cual se vulnera de entrada la prohibición del lucro, ya que en definitiva se establecerán aportes mensuales que en la práctica resultan obligatorios para todos los apoderados”.
Las especialistas de Educación 2020 y Justicia Educacional, coincidieron en que los únicos preparados para abrir jardines VTF que cumplan con los requerimientos para el reconocimiento oficial del Mineduc son los colegios que hoy ya imparten educación medio-mayor. Una exautoridad del Mineduc dijo que la Ley de Subvención de Cubillos es un “negocio redondo” para los colegios particulares subvencionados y un “retroceso en materia de combatir el lucro”, ya que en este nivel los colegios contarían con una legislación distinta para la educación escolar.
La calidad y formación de los más pequeños también podría verse perjudicada, porque la apertura de “un mercado de los jardines” en colegios podría traer consigo la escolarización temprana para niños y niñas desde los 2 años, edad en que “claramente aprenden diferente a la educación básica, aprenden jugando, explorando, investigando y estudiando”, destacó Narea.
“Efectivamente existe un riesgo”, señaló la subsecretaria Castro en la sesión del 7 de mayo de la comisión de Educación de la Cámara. Agregó que la idea es “parvularizar los primeros y segundos básicos, más que escolarizar a los niños más pequeños” y que los requisitos para el reconocimiento por parte del ministerio son los mismos para jardines y colegios.
En agosto de 2018, el Presidente Piñera anunció el ingreso del proyecto de Sala Cuna Universal. El escenario escogido fue un jardín infantil, acompañado del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y la ministra Isabel Plá, además de parlamentarias de Chile Vamos. El mensaje fue claro, en medio de la ola feminista y de las movilizaciones por la equidad de género y la emancipación de la mujer, la agenda de “los niños primero” tenía que mantenerse en pie, al menos en la retórica.
Pero había un gran ausente en la sala: el entonces ministro Gerardo Varela, quien estaba a un día de ser sacado de la cartera de Educación, que luego asumió Cubillos. Tampoco estaba la subsecretaria Castro, porque los representantes del Mineduc nunca fueron parte de la iniciativa.
Desde el Gobierno reconocen que la ley siempre fue de “connotación laboral” y que el Mineduc “nunca estuvo metido en el proyecto”. Esto, a pesar de que el Estado pretende inyectar un fondo de US$16,26 millones que va directamente al sistema de educación inicial, principalmente privados, ya que con la Ley de Inclusión se eliminó el copago y el lucro en la educación escolar pública y subvencionada por el Estado. Hasta el 2017, el sistema público contaba con una lista de espera de 50 mil niños y niñas, según datos del Mineduc.
El proyecto de Sala Cuna Universal “no estaba en los planes” del Gobierno, sino que respondió “a una necesidad del momento”. Tanto así, que ni siquiera iba a pasar por la comisión de Educación, pero tras la solicitud de algunos senadores y senadoras se accedió a incluirla en la agenda. La directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, destacó que el Gobierno se esté preocupando de ingresar recursos a la educación inicial, pero el proyecto de Sala Cuna Universal “no dialoga con el sistema educacional”, ni con la iniciativas que lleva la cartera de Educación en materia de primera infancia.
El proyecto lleva nueve meses frenado en la comisión de Trabajo del Senado. Su principal objetivo es la inserción de la mujer en la fuerza laboral, los beneficiarios son padres, madres y tutores que trabajen con contrato o independientes, con un mínimo de cotizaciones anuales. Y se entregarán 5,14 UTM mensuales, más de $240 mil al establecimiento que el beneficiario escoja.
Los trabajadores deben aportar el 0,1% de su salario, con cargo al empleador, el que se suma al aporte del Estado, con el fin de crear un Fondo Solidario.
El Estado comprometió 225.792 UTM anuales al sistema de la Superintendencia de Pensiones, que será administrado –por lo tanto, invertido para conseguir rentabilidad– por privados como: Cajas de Compensación, Administradoras Generales de Fondos, Bancos, Financieras, Compañías de Seguros, Administradora del Fondo de Cesantía, entre otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Originalmente el Gobierno incluyó a las AFP como potenciales administradoras del Fondo Solidario para la Sala Cuna Universal, pero las presiones de la oposición los obligaron a eliminarlas de la lista.
Esta administración privada prendió las alarmas entre los especialistas, principalmente por la experiencia que existe con las AFP. “Nos parece prudente analizar que esta sea un organismo público o una entidad sin fines de lucro, que vele por la administración y entrega del beneficio”, destacó la directora de Proyectos de la Universidad Alberto Hurtado, Marta Manríquez, junto al economista Carlos García, en la comisión de Trabajo del Senado.
La no eliminación del copago para los jardines privados que quisieran recibir a los niños beneficiarios de este fondo, abriría la posibilidad de que se inflaran los precios en el “mercado privado” de las salas cunas. Esto llevó a que la oposición condicionara la aprobación del proyecto en general a la eliminación de este copago, a lo que el ministro Monckeberg accedió. Pero no resolvió el conflicto que genera dicha eliminación, ya que el promedio de mensualidad en el sector es de $338 mil, según señaló un estudio de Edenred. El monto adicional deberá ser costeado por el empleador o el fisco, una discusión que mantiene frenada la iniciativa de ley.
Uno de los principales problemas asociados a esta ley es la regulación de los privados. Para Narea, “los privados siempre han estado en un carril distinto y de hecho es donde tenemos menos información, cómo están regulados, cuál es su calidad, no existe tal información sobre ellos”. Mismas dudas que han surgido entre las funcionarias de Junji e Integra: “El proyecto sobre Sala Cuna universal implica la profundización de los criterios de libre mercado en la educación parvularia”, dijo Cristi.
El único requisito que exige la ley de Sala Cuna Universal para las instituciones privadas es que obtengan el reconocimiento del Mineduc, obligatorio desde 2018, tras la aprobación del Decreto N°128, ya que antes solo necesitaban la patente municipal para poder funcionar. En dicha disposición se especifica infraestructura, dotación de personal y cualidades del sostenedor del establecimiento, pero no se dan mayores detalles en cuanto a la formación y calidad educativa para el primer nivel educacional.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sostuvieron ante los senadores que esta subvención también debería ir dirigida a las salas cunas que las propias empresas implementan para sus trabajadores, iniciativa que estaría en estudio, ya que ayudaría a disminuir el costo asociado a la eliminación del copago, pero no necesariamente cumpliría con la idea de que sean proyectos que solo se dedican al rubro educacional.
El principal cuestionamiento a la Ley de Sala Cuna Universal, es que ve a la educación inicial como un centro de cuidados que no se centra en la calidad educativa y formativa que deben tener los menores desde que nacen hasta los 2 años de vida. Desde Fundación 2020 afirmaron que el proyecto “consolida un derecho para las madres y padres trabajadores, pero no asegura el derecho a educación y cuidados para los niños y niñas”.
El informe “Salas Cunas: cuando la cobertura no alcanza” de la misma ONG, deja al descubierto una problemática de la cual no se hace cargo el proyecto a la hora de prometer el acceso “universal” a la sala cuna. Según la estimación del estudio, el programa de Gobierno debería financiar a 700 mil niños y niñas entre 0 y 2 años, lo que significaría aumentar la cobertura de un 32% a un 100%, “insostenible” con la oferta de especialistas en párvulos que tiene el sistema.
Actualmente, las salas cunas chilenas cuentan con un coeficiente de 42 niños por cada educador o educadora de párvulos, la OCDE tiene una media de una educadora cada 4 niños. “Bajo nuestros actuales estándares, las salas cuna se asimilan más a guarderías que a espacios donde los niños y niñas reciban los estímulos acordes a su estado de desarrollo”, reza el informe de agosto de 2018.
El Mostrador se contactó con las carteras involucradas con los proyectos, pero no obtuvo respuesta.
