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Más allá del polémico episodio del chaleco “anti cortes” que exhibió el alcalde en una entrevista televisiva en los días más complejos del estallido, un grupo de vecinos de La Florida emplazó al edil por el uso de camionetas municipales para el traslado de detenidos y la cesión del Liceo Antonio Cardenal Samoré a los militares durante el Estado de Emergencia. Carter aclara estos puntos y atribuye las imputaciones a “un grupo de personas completamente politizadas que han levantado unas denuncias que son total y completamente falsas» [ACTUALIZADA}
Un grupo de “vecinos y vecinas autoconvocados de La Florida” sostuvo este lunes una reunión con el director jurídico del municipio, Gonzalo Barrientos, a quien presentaron una serie de denuncias contra la administración municipal por diversas acciones que “habrían vulnerado los derechos humanos y la libertad de expresión” durante los últimos tres meses en esa comuna.
Según dijo Danae Borax, una de las integrantes del grupo, el accionar del municipio “no se condice con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a reunión y la posibilidad de manifestarse. Creemos que no es el rol de una administración criminalizar, perseguir y aumentar la tensión entre vecinos y vecinas de la comuna en momentos como lo fue el Estado de Emergencia (…) Esperamos, entonces, que de aquí en adelante se tomen actos administrativos diferentes que vayan en la línea de respetar a la comunidad en su conjunto”.
Uno de los puntos planteados por los vecinos dice relación con la autorización que habría efectuado el municipio para que funcionarios comunales trasladasen a detenidos hacia las comisarías, como también el uso de vehículos para la movilización de efectivos policiales y de Fuerzas Armadas.
En este contexto, cabe recordar que el día 21 de octubre, en la calle Walker Martínez se registró la detención de un adolescente de 16 años, el cual -según relatan los vecinos- fue llevado en un vehículo municipal a la 61° Comisaría de esa comuna, donde fue “brutalmente golpeado”, según el Ministerio Público. Por este caso, el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, comunicó el pasado 6 de noviembre la decisión de formalizar a dos funcionarios de esa unidad por “hechos que a nuestro juicio constituyen torturas, y arriesgan una pena que va de cinco años y un día a diez años”.
Al director jurídico del municipio, Gonzalo Barrientos, también plantearon la necesidad de “conocer las motivaciones que habría tenido el alcalde Rodolfo Carter para utilizar un chaleco antibalas” en medio de una entrevista con CNN Chile, situación que generó muchas críticas, incluso de la periodista Mónica Rincón quien le solicitó “quitarse el chaleco para conversar”.
Asimismo, los vecinos acusan una incitación a la violencia por parte del edil, debido al llamado que Carter hizo a «defenderse» ante eventuales saqueos tras el 18 de octubre, como consta en registros de redes sociales, y la cesión del Liceo Antonio Cardenal Samoré a los militares durante el Estado de Emergencia.
Consultado por El Mostrador, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, niega de plano todos los puntos y los atribuye a “un grupo de personas completamente politizadas que han levantado unas denuncias que son total y completamente falsas”.
Sobre el uso de chaleco anti balas, el jefe comunal asegura que se trata de un “chaleco anti cortes, estos chalecos los usan todos los funcionarios de seguridad comunal. Seguridad Ciudadana usa chalecos anti cortes los días de mayor violencia en la calle. La policía me pidió a mí que usara un chaleco anti corte, nunca fue un chaleco anti balas”.
Respecto a la denuncia del traslado de detenidos en camionetas municipales, el edil señala: “Segunda noticia falsa, eso no es verdad. Lo que ha hecho Seguridad ciudadana y lo ha hecho durante años es trasladar carabineros, nosotros colaboramos con la policía en distintas situaciones. La detención es solo de la policía. Es una noticia falsa, es una mentira”.
En cuanto al uso del Liceo Antonio Cardenal Samoré por parte de militares, el alcalde explica que “justamente porque estábamos en Estado de Emergencia la autoridad militar, legalmente era la que estaba en control de la seguridad pública y se pusieron en contacto con la Corporación Municipal, no conmigo, para poder utilizar un lugar donde pudieran dormir y comer. No fue para nada que se le asocie a algo represivo”, descartando así que el recinto fuera ocupado para mantener detenidos.
Consultado por el caso del menor de edad torturado en la 61 Comisaría, Carter asegura que “nosotros prestamos colaboración a la familia. La mamá del niño habló conmigo cuando esto ocurrió porque estaba muy asustada y un equipo de seguridad ciudadana la llevó inmediatamente a la comisaría. Desde el minuto que se denunciaron los hechos ha procedido la justicia como corresponde y nosotros no tenemos nada que pronunciarnos. Si ahí ha habido torturas corresponde que se aplique el máximo rigor de la ley, porque en un Estado de Derecho y una democracia las torturas no están permitidas. Nosotros colaboramos al cumplimento de la ley, no a la violación de los derechos humanos”.
