PAÍS
Crédito: ATON | Foto referencial
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile emitieron una declaración en la que si bien reconocen la soberanía que tiene el Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso a suelo nacional, al mismo tiempo manifiestan «la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados». Al debate también entró en Twitter el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien fue enfático en que “el ingreso irregular de una persona no le confiere automáticamente al Estado la facultad de deportarla a todo evento”, como argumenta el Gobierno de Sebastián Piñera.
Mientras el Gobierno de Sebastián Piñera insiste en defender su política de expulsión de migrantes, un grupo de agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la deportación de un grupo de personas de nacionalidad venezolana desde Chile, materializada el pasado domingo 6 de junio desde Santiago.
Por medio de un comunicado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, consideraron que por medio de esta expulsión «se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes».
Además manifestaron que «en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares».
Al debate también entró en Twitter el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, con al menos dos mensajes en su cuenta de la red social. En uno de ellos, impugnó los argumentos del Gobierno chileno, señalando que “si se trata de evitar las expulsiones colectivas, efectuando una genuina determinación individual de cada caso, no se advierte razón de la premura con que se efectúan las deportaciones y que se hagan en fines de semana, obstaculizando acceso a la justicia”.
Luego, comentó una publicación en la que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionaba la decisión de tribunales. “Lo que establece Corte Suprema de Chile es plenamente conforme al Derecho Internacional: el ingreso irregular de una persona no le confiere automáticamente al Estado la facultad de deportarla a todo evento. Expulsión automática es expulsión colectiva”, indicó el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
La expulsión de ciudadanos migrantes con antecedentes penales o que ingresan al país por pasos irregulares, ha sido una política practicada por este Gobierno, desatando críticas por parte de la oposición y de organismos como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El fin de semana pasado, el Gobierno concretó la expulsión de 56 personas de origen venezolano; 37 de las cuales recibieron expulsiones administrativas, mientras que las 19 restantes fueron expulsadas por sentencia de un tribunal.
Al respecto, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, manifestó en un comunicado titulado «vuelos del terror» que “junto a organizaciones migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, hemos recabado antecedentes e interpuesto recursos de amparo por 12 personas que han sido detenidas, y que hoy están siendo expulsadas. Y finalmente logramos que cinco personas fueran bajadas del vuelo de hoy, lo que demuestra que no estaban todos los antecedentes para expulsarlos, lo mismo podría haber ocurrido con más si hubieran tenido acceso a representación».
A su vez, la Democracia Cristiana (DC) ofició al ministro del Interior, Rodrigo Delgado y al director nacional de Extranjería y Migración, Alvaro Bellolio, por la expulsión de estos ciudadanos venezolanos. La diputada Joanna Pérez señaló que «en atención a este proceso de expulsión, producto de medidas administrativas, donde no están resueltos todos los temas penales y se han adoptado decisiones este fin de semana sin dar espacio a la PDI y a tribunales a coordinarse en forma ajustada a derecho, hemos pedido que el ministro del Interior y el director nacional de Extranjería nos expliquen en la comisión de Gobierno los fundamentos de este proceso».
Si bien las agencias reconocen la soberanía que tiene el Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso a suelo nacional, al mismo tiempo manifiestan «la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados».
«Cabe mencionar que en el contexto de pandemia por COVID 19, un grupo de expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes».
También destacan que «todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad».
Por otra parte, consideran que es «esencial que el Estado cuente con procedimientos que garanticen la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente en las expulsiones de padres, madres y/o cuidadores, considerándose preservación de la unidad familiar como un estándar de la mayor relevancia para tales efectos».
Las agencias consideran que los procesos de expulsión en donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado. «A su vez, la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos».
Finalmente, las agencias firmantes reiteraron su máxima disposición para colaborar con las autoridades.
