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Crédito: ATON
Entrevistado en El Mostrador en La Clave, el académico de la Universidad de Santiago de Chile señaló que el episodio por el que formalizarán a la exsubsecretaria de Carabineros y tres ex generales directores de la institución “es una práctica que nos hace rememorar los casos de corrupción con esquemas tan burdos de pagar por debajo sobresueldos con dineros (de gastos reservados) que no están destinados a eso”. A juicio de Zambrano, “el hecho de que el gasto sea reservado, no implica que no sea controlado” y por eso destaca los cambios en la institucionalidad para fortalecer el control del poder civil sobre esta institución. “En la práctica institucional que existe desde el 2020, se ha realizado un reglamento más preciso para la rendición de cuentas”, señala, aunque advierte que “uno esperaría que con los últimos casos de corrupción se eleven las penas y los procedimientos de control internos y no esperar a la sanción penal para efectos de hacer responsable, sino prevenir con una fiscalización interna más concreta y efectiva”.
El próximo 5 de octubre, la Fiscalía formalizará a la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, y también a 3 exgenerales directores de la policía uniformada -Eduardo Gordon, (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018)- por malversación de caudales públicos, en un caso que nuevamente pone en el tapete el mal uso de los gastos reservados.
En concreto, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, Blanco recibió pagos improcedentes desde gastos reservados entre 2006 y 2010, por al menos $47 millones 300 mil. De acuerdo al organismo fiscal, la entrega de los dineros era en sobres de papel, primero mensualmente y luego trimestralmente.
Para Francisco Zambrano, abogado experto en anticorrupción de la Universidad de Santiago de Chile, lo ocurrido en este caso “es una práctica que nos hace rememorar los casos de corrupción con esquemas tan burdos de pagar por debajo sobresueldos con dineros que no están destinados a eso”.
A su juicio, como ocurrió en este esquema detectado por la Fiscalía, “hay malversación de fondos públicos de dineros que no están destinados a servir al capricho o al patrimonio de los generales directores”.
“Respecto a estos hechos derechamente, no solamente el Consejo de Defensa del Estado, sino que también la Fiscalía Centro Norte se formó convicción de que existen antecedentes suficientes en la investigación, respecto de la suficiencia para acusar y para llegar a una condena por estos pagos improcedentes por casi 50 millones de pesos entre septiembre de 2006 hasta marzo de 2010”, remarcó en El Mostrador en La Clave.
Respecto a la figura de Blanco, el académico recuerda que tras su paso por la subsecretaría de Carabineros en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y como ministra de Justicia en su segunda administración, “después fue nombrada como consejera de Defensa del Estado, lo que se produce con mucho ruido porque no tenía experiencia judicial relevante y ese es uno de los requisitos, es ser un abogado destacado que litiga en tribunales”.
“Y ella será formalizada junto a otros tres ex generales, tres de ellos ex generales directores de Carabineros, porque literalmente ellos recibían sobresueldo porque se pagaba dinero en efectivo como dice la querella de la Fiscalía Centro Norte. Parte de los gastos reservados que manejaban los generales directores de la institución iban en dinero en efectivo en un sobre de papel hacia incrementar la remuneración de la señora Blanco”.
El anuncio de formalización de Javiera Blanco y de los exgenerales directores de Carabineros mantiene en el tapete el tema del mal uso de los gastos reservados, tal como ha ocurrido también con los casos del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa.
Este lunes, la abogada Paula Vial, emitió una breve declaración en la que señala que “mi clienta Javiera Blanco ha sido notificada de un trámite judicial en el denominado caso Gastos Reservados, como es de público conocimiento ella fue citada en otras causas judiciales con acusaciones falsas en su contra, siendo desacreditadas cada una de ellas, lo mismo ocurrirá en esta oportunidad”.
Zambrano destaca los cambios en la institucionalidad para efectos de fortalecer el control del poder civil sobre esta institución.
«La práctica de rendición de cuentas en esta materia es sustancialmente la misma, lo que ocurre es que la institución debe rendir cuentas al Ministerio del Interior en el caso de carabineros y al Ministerio de Defensa en el caso de las FFAA, respecto del uso de estos gastos. Se produce una convivencia negativa cuando se produce sobresueldo respecto de la autoridad civil que debe supervisar estos gastos reservados”, señala.
Por ello, “el poder civil no se agota en el Ministerio de Interior y de Defensa, porque luego pasa a la Contraloría, y es ahí donde se revisa la rendición de cuentas y ahí se han expresado criterios y protocolos sobre qué tan detallada debe ser la rendición de cuentas, se ha hecho la diferencia porque en la práctica institucional que existe desde el 2020, se ha realizado un reglamento más preciso para la rendición de cuentas”.
A esto se suma que “la institucionalidad en materia de control civil hacia las FFAA ha cambiado, y de hecho el cargo que servía Javiera Blanco ya no existe, no hay ninguna subsecretaría especial para Carabineros de Chile”. “Es extraño tener una subsecretaria que controle y de la cual depende Carabineros de Chile, cooptada por estas prácticas de sobresueldo”, indicó.
Sin embargo, pese a los cambios introducidos, el especialista sostiene que “en efecto de penas, nunca son suficientes y en Chile no se han elevado las penas de corrupción en este último tiempo”.
Por esto, acota que “es altamente probable que Javiera Blanco no termine con una pena privativa de libertad”, dado que “se le podrán aplicar atenuantes”.
Esto, pese a que “uno esperaría que con los últimos casos de corrupción se eleven las penas y los procedimientos de control internos y no esperar a la sanción penal para efectos de hacer responsable, sino prevenir con una fiscalización interna más concreta y efectiva”.
El tema puede tener otras aristas, advierte, dado que “los fondos no simplemente se depositan en la cuenta o se entregan en efectivo a la señora Blanco, sino que pueden por su posición política o por su sensibilidad política podrían terminar en financiamiento ilegal de campañas políticas, dada la amplitud de delito que constituye un lavado de activos”.
Es más, señala que “los fondos se le entregan a la autoridad que teóricamente debería controlar esos fondos, incluso podría haber un delito de cohecho, de por medio, para efectos de inhibir esa función fiscalizadora”.
A juicio de Zambrano, el concepto de gasto reservado llama a error, porque “el hecho de que sea reservado, no implica que no sea controlado, sino que su control también se expresa en esta reserva que es necesario para el debido funcionamiento de las instituciones públicas (…) pero ese secreto no inhibe el control”.
“Lo que establece la ley es que tanto Carabineros como el Ministerio del Interior deben guardar reserva de estos gastos porque tienen un propósito en el Estado de Derecho. Pero que el control no se exhiba o no se publique, no significa que no debiera existir”, explica.
