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Autoridades señalan que esta semana se produjo un punto de quiebre tras la elección donde la derecha eligió cuatro de cinco consejeros en la zona y cuando, paralelamente, se trasladó a seis comuneros mapuche a otras cárceles del país, después que retuvieran por más de una hora a funcionarios de Gendarmería en la cárcel de Angol. Héctor Urban –el consejero del Partido Republicano electo con la primera mayoría regional– fue atacado con disparos a su casa, al igual que su padre, ambos habitantes de una zona colindante a Temucuicui. También hubo otros eventos violentos, como cortes de ruta, quema de vehículos y amedrentamientos. En La Araucanía sostienen que una de las razones para el aumento de la violencia ha sido la eficaz persecución del delito de robo de madera, la incautación de camiones y maquinarias por más de $7.000 millones, además de los primeros cinco detenidos por el delito de extorsión. El Ministerio del Interior declaró “alerta roja” en la zona.
El 7 de mayo en La Araucanía resultaron electos cuatro consejeros constitucionales de derecha para los cinco escaños disponibles. El que obtuvo la primera mayoría fue Héctor Urban (Partido Republicano) y la única consejera del oficialismo fue Kinturay Melin (Revolución Democrática). Ese mismo domingo de las elecciones, la noticia que marcó la jornada electoral fue que seis reos mapuche tomaron como rehenes a tres gendarmes en la cárcel de Angol y, dos días después, un grupo de sujetos baleó la casa del recién electo consejero republicano. El resultado de los comicios y el enfrentamiento con los reos mapuche aumentaron la tensión en la zona de conflicto mapuche esta semana.
El domingo, en pleno día de votación, los focos dejaron de mirar a las urnas para trasladarse a ver qué había sucedido cerca de las 10 de la mañana en el módulo de comuneros mapuches en el penal de Angol. Tres gendarmes fueron capturados luego que los reos supieran que las visitas se suspenderían debido a la jornada de elecciones, como es habitual en estos casos. Transcurrida una hora con 19 minutos, personal de la prisión, junto con el Grupo Antimotines de Gendarmería, lograron liberar a los funcionarios retenidos.
Tras el hecho, las autoridades locales, con el respaldo del Ministerio de Justicia en Santiago, anunciaron que los seis comuneros involucrados serían trasladados a otros centros penitenciarios. Dos fueron destinados a Rancagua, dos a Biobío y otros dos a Puerto Montt. Simultáneamente, se anunció que iban a interponer una querella en contra de los reos por secuestro del personal.
Las medidas no apaciguaron el ambiente. Todo lo contrario, la violencia aumentó y, el martes, la primera persona que sufrió las consecuencias fue René Urban, el padre del consejero constitucional electo con la primera mayoría en la región. Se encontraba en su predio cuando recibió ocho balazos en su camioneta y uno “casi lo mata”, relató Urban a La Tercera.
Lo mismo le ocurrió a su hijo consejero electo, Héctor Urban, pero a las 20:30 horas, cuando estaba en su casa junto a su esposa e hijo. “Si hubiéramos estado parados dos metros más hacia un costado recibimos el balazo que pasó por la ventana”, consignó al mismo diario.
Los eventos no terminaron ahí. El mismo día se registró un ataque en la Ruta 5 Sur en La Araucanía, en el que un camión recolector de basura fue atacado por disparos y luego el vehículo fue quemado. Entre los peritajes, la policía encontró un mensaje: “No más tortura a nuestros PPM (presos políticos mapuches) de Angol. Traslado inmediato a los PPM”.
Cortes de ruta, quema de vehículos y amedrentamiento con armas al funcionario de una planta de acopio de agua fueron algunos de los eventos que se registraron esta semana. A raíz de este complejo contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró “alerta roja” en La Araucanía: “A partir de esa definición (‘alerta roja’) hay un 50% del contingente presente en la zona que se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización”, detalló el subsecretario. Con esto, se registra la presencia de poco más de mil efectivos militares en la región.
En la zona señalan que se han visto importantes medidas destinadas a controlar la violencia y lograr arrestar a los involucrados. La nueva ley contra el robo de madera permitió aumentar en un 300% las detenciones por este delito, lo que estaría permitiendo desarticular a estas bandas y grupos violentistas. La eficacia de tales acciones estaría destruyendo el negocio del robo de madera, pero también recrudeciendo la violencia y respuesta de sectores que han sido afectados por estas medidas.
Este año se han incautado más de 7.000 millones de pesos en camiones, maquinarias y vehículos. Estos últimos, explica una fuente que no quiso revelar su identidad, son utilizados para hacer atentados. Son vendidos y con el dinero adquirido compran materiales para ejecutar delitos. Lo más novedoso de esta etapa ha sido que, por primera vez, existen detenidos por el delito de extorsión; son cinco y se encuentran en la cárcel de Angol.
Consultados respecto a cuáles son los principales grupos involucrados en estos hechos de violencia, señalan que las sospechas indican que se trataría de los grupos Resistencia Mapuche Malleco, localizado en Temucuicui, y en menor medida, la Alianza Territorial Mapuche. Estos serían los grupos que, tras el punto de quiebre generado por el evento en la cárcel de Angol y la elección de consejeros constitucionales, estarían tomando la ofensiva en el sur del país.
