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Un informe de la PDI sobre delitos imputados a la exalcaldesa de Maipú recoge testimonios de funcionarios que indican la manipulación de funciones y presiones para realizar maniobras financieras bajo su gestión, incluyendo la delegación inusual de responsabilidades sobre el presupuesto municipal.
El próximo 16 de enero de 2024 es la fecha de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (independiente, cercana a la UDI y Chile Vamos), por los delitos de fraude al fisco y corrupción. El juicio tendrá lugar en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.
Se investigan acusaciones contra Barriga relacionadas con el pago indebido de $95 millones a Andrea Monsalve, exadministradora municipal, en un caso de empleo ficticio, donde se le pagaba sin cumplir con horas de trabajo.
Además, se examina el pago de un bono denominado “Años Dorados” a 14 empleados municipales al dejar sus puestos, una práctica no reconocida legalmente, implicando un fraude fiscal de $81 millones. También se le imputa un desviación por más de $20 millones debido a un incremento no justificado del presupuesto comunal.
La jefa de Asesoría Jurídica y vocera de la Fiscalia Regional Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, se refirió a la investigación detallando que la titular de la causa en el Ministerio Público, la fiscal adjunto Constanza Encina, “presentó el viernes pasado la audiencia de solicitud de audiencia de formalización en contra de la exalcaldesa por los delitos de fraude al fisco del artículo 239, el Código Penal y falsificación de instrumento público del artículo 193 número 4 del Código Penal, estos en calidad de autora y los delitos en grado de desarrollo consumados y reiterados los dos”.
Desde la Fiscalía agregaron que también se va a formalizar a cinco personas, también exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, cercanas a la exjefa comunal, por los mismos delitos de fraude al fisco y falsificación. Entre ellos, se nombró a Ana María Cortés. directora de la SECPLA (Secretaría de Planificación); Luis Capaz, asesor de la exalcaldesa; Andrea Díaz, administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista; y María Palma, directora de control. “Quiero precisar que respecto de María Palma la formalización es solo por falsificación de instrumentos públicos”, afirmó Valdés.
De esta forma, añadió que “el monto total de lo defraudado es de 31.000 millones de pesos”, sostuvo la asesora. Por último, dijo que se están evaluando las medidas cautelares presentadas por la fiscal Constanza Encina.
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los delitos que se le imputan a la exalcaldesa de Maipú, incluye declaraciones en su contra de parte de otros exfuncionarios.
Por ejemplo, se indica que el órgano encargado de elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria “CDP”, por Ley Orgánica Constitucional, es la Dirección de Administración y Finanzas “DAF”, sin embargo a propósito de un decreto alcaldicio de delegación de funciones que elaboró la administración de Barriga, dichas funciones fueron traspasadas a la SECPLA, hecho que en su 40 años de carrera funcionaria el exfuncionario nunca había visto. Lo cual, de acuerdo al documento de la policía, tenía por finalidad tener el control del 90% del presupuesto municipal.
Por su parte, el encargado de la Unidad de Licitaciones de la SECPLA, corroboró en su declaración que al asumir Cathy Barriga en el sillón edilicio de Maipú, las funciones presupuestarias de la Dirección de Administración y Finanzas fueron traspasadas a la Secretaria de Planificación, aunque “desconociendo los motivos”. El mismo exfuncionario declaró que efectivamente se hicieron modificaciones presupuestarias a los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, sin embargo, no era su competencia solicitarlos ni realizarlos, ya que dicha función correspondía al área de presupuesto de la SECPLA.
La analista presupuestaria de la SECPLA también es mencionada en el informe de la PDI. Manifestó en sus declaraciones que la exalcaldesa no participaba en los consejos donde se aprobaba el presupuesto anual o las modificaciones presupuestarias, por lo que “irresponsablemente no cumplía con su labor”.
Se señala que Cathy Barriga obligaba a dicha funcionaria a realizar maniobras financieras “Bicicletas” que les permitiesen cuadrar los ingresos y gastos. Lo anterior, según consigna su declaración, ella lo realizaba por miedo a perder su trabajo.
En tanto, el analista presupuestario de la SECPLA manifestó en su declaración que, para el caso de los CDP emitidos hacia la empresa “Sistemas Modulares de Computación “SMC”, el solicitante fue la “DITEC” Dirección de Tecnologías y Comunicación, cuyo requerimiento se realizaba a la SECPLA, donde los analistas presupuestarios realizaban los ajustes, agregando que a él le correspondió ejecutar algunas Jan “CDR” de la omorosa “SMC”.
