Las divergentes posturas de comunidad judía y palestina en Chile por retiro de agregados en Israel

Tras la decisión del Gobierno de retirar a sus agregados militares en la misión chilena en Tel Aviv, Israel, las comunidades palestina y judía en Chile reaccionaron de manera dispar al anuncio. Mientras que los primeros agradecieron la postura adoptada por La Moneda, afirmando que va en línea con el derecho internacional, los segundos tuvieron duros reproches al asegurar que representa un compromiso para los intereses nacionales.

Posición de comunidad judía

La Comunidad Judía de Chile calificó la política de relaciones exteriores como “un nuevo paso en el progresivo deterioro, impulsado por el Presidente Gabriel Boric, de las relaciones diplomáticas entre Chile e Israel”.

“Esta decisión, además, deja en una preocupante situación de desprotección a los más de 10.000 chilenos que residen actualmente en Israel, cuyas necesidades y eventuales requerimientos consulares quedan hoy aún más desatendidos”, afirma la comunidad en su declaración, que sin perjuicio “de las críticas legítimas que puedan dirigirse al actual gobierno israelí” también apunta que “no se puede perder de vista que la política exterior debe guiarse por responsabilidad, equilibrio y consistencia”.

Entre el daño que significaría el nuevo impasse diplomático con Israel, la Comunidad Judía enumera una serie de intereses nacionales concretos en los que existe una colaboración bilateral. Entre ellas cuentan la cooperación en ciberseguridad, inteligencia criminal, recursos hídricos, tecnología médica, innovación científica y desalinización.

Posición palestina

En abierto contraste se encuentra la declaración emitida por la Comunidad Palestina de Chile, la cual expresó “su más profundo agradecimiento al Gobierno de Chile” por la decisión adoptada. A su criterio, esta significaría “una señala clara y firme frente a la gravísima situación humanitaria” que atraviesan los palestinos en Gaza.

Asimismo, valoran que la decisión sea producto de una política de Estado, “mas allá de los distintos colores políticos de los gobiernos, coherente con el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Enumerando posturas similares adoptadas por otros gobiernos del mundo, como el de Reino Unido y España, aseguran que ya “no es posible seguir manteniendo relaciones de normalidad militar con un Estado que utiliza el hambre como arma de guerra, que ataca deliberadamente infraestructura civil crítica y que ha ignorado sistemáticamente los llamados del derecho internacional”.