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Defensa de Huneeus se lanza contra Fiscalía tras ratificación de ilegalidad de “pinchazos” de Cooper
El abogado Jorge Awad, representante de Josefina Huneeus, calificó las escuchas telefónicas como “gravemente ilegales” y denunció que causaron un daño irreparable a su defendida, criticando duramente al Ministerio Público por justificar esas interceptaciones con argumentos “inadmisibles”.
Luego de que la Corte Suprema ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus Lagos en el marco del caso ProCultura —derivado del caso Convenios—, la defensa de la psiquiatra, encabezada por el abogado Jorge Awad, cuestionó duramente el actuar del Ministerio Público.
La decisión del máximo tribunal del país obliga a eliminar del expediente fiscal todo lo obtenido mediante esas interceptaciones, que habían sido autorizadas durante la gestión del fiscal Patricio Cooper.
“Las excusas dadas por la Fiscalía para vestirlas de legalidad son inadmisibles. Es irreparable el daño que se le ha hecho”, afirmó el defensor de Huneeus, exesposa de quien fuera director ejecutivo de la fundación emblema del escándalo de los convenios, Alberto Larraín. La profesional, además, se desempeñó como psiquiatra del Presidente Gabriel Boric cuando este ejercía como diputado.
Awad valoró que la Suprema haya confirmado lo resuelto en primera instancia. “Estamos satisfechos con el resultado. La más alta instancia judicial de Chile ha confirmado lo dicho unánimemente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en todos sus términos”, señaló.
El abogado también enfatizó que las interceptaciones “fueron gravemente ilegales, atentatorias contra sus derechos más básicos y una amenaza para su libertad”, destacando que estas se apartan completamente de la práctica habitual tanto del Ministerio Público como de los tribunales penales.
El fallo de la Corte Suprema (rol 18.430-2025), adoptado por tres votos contra dos, determinó que la Fiscalía no cumplió con el estándar requerido para justificar una medida de esta naturaleza. La resolución subraya que tanto el Ministerio Público como los jueces tienen la obligación de motivar y fundamentar exhaustivamente la necesidad de interceptaciones telefónicas, lo que no se cumplió en este caso.
El fiscal regional Juan Castro Bekios, sucesor de Cooper, había apelado el fallo de la Corte de Apelaciones por instrucción del fiscal nacional Ángel Valencia. Sin embargo, la Suprema confirmó el criterio del tribunal de alzada, indicando que las medidas intrusivas no podían ser fundamento para una persecución penal.
