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Foto: AgenciaUNO
Gobierno se distancia de “Ley Mordaza”: normas vigentes “son suficientes” para castigar filtraciones
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que las normas actuales ya permiten sancionar las filtraciones de información en causas judiciales reservadas, al tiempo que defendió el rol del periodismo en democracia. El Colegio de Periodistas y parlamentarios también han encendido alertas.
El proyecto de ley impulsado por un grupo transversal de senadores que pretende castigar con penas de cárcel la filtración de información en causas judiciales reservadas desató una polémica y rechazo desde distintos sectores, principalmente por su posible impacto sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.
La Comisión de Constitución del Senado ha dado una tramitación rápida a la iniciativa, bautizada por sus críticos como la “Ley Mordaza 2.0″—en referencia a lo que fue un fallido intento de norma en 2016 tras los casos Penta y SQM—, aunque el proyecto aún no ha sido votado en sala.
En este contexto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó la postura del Gobierno frente a la propuesta. En un punto de prensa, recordó que “las filtraciones son ilegales” y que “existe prohibición expresa en algunos casos, donde existe secreto de la investigación reforzada”, subrayando que “hay funcionarios que tienen deberes preferentes de resguardo”.
Sin embargo, Cordero enfatizó que “el Ejecutivo también ha sido claro en que en una sociedad democrática la libertad de prensa es clave” y advirtió que “no hay que confundir la libertad de prensa con las obligaciones que están asociadas a los deberes de secreto y reserva que están vinculados a las investigaciones”. En ese sentido, aseguró que “las normas vigentes hoy día son suficientes para sancionar” las filtraciones.
La propuesta legislativa fue presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evopoli) y Alfonso de Urresti (PS), y busca modificar el Código Procesal Penal para tipificar y castigar con prisión la divulgación de antecedentes en investigaciones penales bajo secreto.
Los promotores argumentan que casos recientes de alta cobertura mediática —como las investigaciones conocidas como Audio, Monsalve y Sierra Bella— han puesto en evidencia una creciente tensión entre el derecho a la privacidad de las partes involucradas y la transparencia judicial. Según el boletín del proyecto, es necesario “establecer límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones”, para proteger la intimidad, la presunción de inocencia y el correcto desarrollo de los procesos.
No obstante, el texto del proyecto ha generado críticas contundentes, especialmente porque su redacción no distingue claramente entre funcionarios públicos y terceros, lo que podría implicar sanciones penales para periodistas y cualquier persona que difunda información relacionada con investigaciones reservadas. El boletín establece que “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información” estará sujeto a penas de presidio, sin especificar límites o excepciones para el ejercicio periodístico.
Desde el Colegio de Periodistas metropolitano manifestaron su rechazo frontal y calificaron la iniciativa como una “amenaza” para la libertad de prensa y el derecho a la información. A través de un comunicado, señalaron que “el proyecto expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática”, recordando que gracias al periodismo se han destapado casos de corrupción y malas prácticas que de otra forma habrían permanecido ocultos. Además, advirtieron que la ley “retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia”.
Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía a defender la libertad de prensa como un derecho fundamental para la democracia chilena y pidieron al Congreso eliminar los artículos que “criminalizan el trabajo periodístico”.
El Colegio de Periodistas RM expresó su profunda preocupación por una iniciativa de senadores que seria una Ley Mordaza 2.0
La idea busca sancionar “las filtraciones”, pero puede ser una restricción a la libertad de información, dijo Rodrigo Mundaca.-
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— AgenciaUno (@agenciaunochile) June 12, 2025
La discusión en el Senado continúa y se espera que, más allá de la polémica, se profundice el debate sobre cómo equilibrar la protección de las investigaciones judiciales con la garantía del derecho a informar y ser informados en una sociedad democrática.
El senador Iván Flores (DC) sostuvo que los derechos de informar y la libertad de expresión, son indispensables, ya que “los hechos de interés público deben ser conocidos por la ciudadanía”. El legislador cree que el proyecto que algunos califican como Ley Mordaza 2.0, relativo a filtraciones, “tiene el foco cambiado y no diferencia entre quienes filtran y quienes informan”.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) declaró que “la Ley Mordaza no busca proteger la justicia, busca blindar a los corruptos”. En línea con el ministro Cordero, remarcó que “ya existen sanciones para quienes filtran la información, pero esta ley va más allá: quiere encarcelar a los periodistas, a los mismos que destaparon el Caso Hermosilla, el escándalo de ProCultura y las redes de corrupción que el poder prefería mantener ocultas”.
“¿Ese es el nuevo estándar? ¿Que el problema no es el corrupto sino quien lo expone? Cuando las instituciones fallan, la prensa libre es la última línea de defensa a la democracia y ahora quieren quebrarla. Perseguir al periodismo es dispararle a la verdad y sin verdad no hay justicia. Vamos a defender la libertad de prensa, porque sin ella la democracia se pudre”, sentenció Manouchehri.
Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD), uno de los impulsores de la iniciativa, dijo en diálogo con Radio ADN que “hemos presentado este proyecto que lo que busca es regular la adecuada investigación penal, resguardando la información que es secreta, así como también poder establecer cuál es el límite de la vida privada en una investigación penal y aquellos antecedentes que efectivamente deben ser conocidos”.
El legislador oficialista aseguró a que el proyecto “lo que hace es meramente una precisión de texto”. Argumentó que “es una norma que está vigente y que se aprobó recientemente a raíz de la discusión del proyecto de ley que regula nuevas técnicas de investigación respecto al crimen organizado. Y no vimos alzar la voz respecto a esa situación”, agregó. Araya descartó que se trate de una “Ley Mordaza”, ya que la misma “busca recoger un problema que ha manifestado el Ministerio Público”.
