
Caso Hermosilla: juez Ulloa dice que no será “chivo expiatorio” de práctica común en Poder Judicial
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago presentó su defensa ante la acusación constitucional que impulsan diputados oficialistas, negando haber integrado redes de corrupción y afirmando que su vínculo con el abogado Luis Hermosilla fue solo circunstancial.
Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, respondió con un extenso documento de 53 páginas a la acusación constitucional que en su contra presentaron diputados oficialistas liderados por el socialista Daniel Manouchehri (PS). Los parlamentarios lo acusan de notable abandono de deberes por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, revelados en el contexto del polémico caso Audio.
En su defensa, presentada el martes 21 de octubre, Ulloa rechazó de manera categórica las acusaciones de formar parte de redes de corrupción y calificó su vínculo con Hermosilla como “netamente circunstancial”, circunscrito al período en que el abogado trabajó como asesor del Ministerio del Interior. “Niego enfáticamente formar parte de lo que los acusadores denominan ‘redes de corrupción al interior del Poder Judicial’”, afirmó el magistrado en el escrito consignado por La Tercera.
El juez, que el pasado 30 de septiembre evitó ser removido del Poder Judicial por decisión de la Corte Suprema, insistió en que ya fue sancionado proporcionalmente —con una suspensión de dos meses— y que someterlo nuevamente a juicio político violaría el principio non bis in idem. “No corresponde que mi persona sea el ‘chivo expiatorio’ de una práctica consuetudinaria que claramente debe erradicarse”, declaró.
Ulloa reconoció haber compartido información sobre el desafuero del gobernador Rodrigo Mundaca y el proceso disciplinario del juez Daniel Urrutia, pero sostuvo que lo hizo solo cuando las resoluciones ya eran públicas. “La información siempre fue proporcionada con posterioridad a los respectivos acuerdos adoptados”, explicó, negando haber discutido causas judiciales con Hermosilla antes de su resolución.
Respecto al principio de imparcialidad, el magistrado rechazó las acusaciones de cercanía indebida con intervinientes en causas. Como ejemplo, citó el caso Yarur, donde “fallé contra los intereses de la parte representada por el abogado Samuel Donoso en dos de tres resoluciones, lo que refuta la presunta gratitud empeñada”.
Sobre su eventual intervención en nombramientos judiciales, admitió haber entregado referencias positivas a Hermosilla, pero aseguró que fueron comentarios privados y sin esperar favores. En su conclusión, el juez incluyó un mea culpa por lo que calificó como un “episodio triste” de su carrera, aunque pidió que se consideren su trayectoria y las resoluciones que lo absolvieron parcialmente.
Impedir que “las redes de corrupción del caso Hermosilla triunfen”
Mientras la defensa del magistrado se entregaba en tribunales, la comisión revisora de la acusación constitucional sesionó por cuarta vez en el ex Congreso Nacional, con la presencia de los acusadores, la defensa y expertos invitados.
El diputado Daniel Manouchehri defendió la acción parlamentaria asegurando que este no es un caso cualquiera y que el Congreso debe impedir que “las redes de corrupción del caso Hermosilla triunfen”. “Representamos a miles de chilenos que se preguntan por qué algunos parecen tener una justicia a la carta”, señaló.
En tanto, el abogado Domingo Hernández, representante de Ulloa, pidió al Congreso respetar los criterios de la Corte Suprema y advirtió que la acusación “se basa en reportajes periodísticos y no en pruebas jurídicas”.
El exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas también intervino, calificando la acusación de “débil” y advirtiendo que “no se reúnen las rigurosas características que exige el notable abandono de deberes”.
Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, advirtió que la crisis de confianza en la justicia “se profundiza con casos como el del ministro Ulloa”, recordando que su gremio presentó una querella penal por tráfico de influencias en la que el juez figura como imputado.
La presidenta de la comisión, Alejandra Placencia (PC), anunció que la instancia volverá a sesionar el lunes a las 11:00 horas, para escuchar nuevas exposiciones antes de la votación del informe. Si la acusación prospera, el libelo será votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego, de ser aprobado, pasará al Senado para su resolución final.