De Penta a Exalmar: las graves acusaciones de la fiscalía en contra de exfiscal Guerra

La querella de capítulos interpuesta por el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, en contra del exfiscal Manuel Guerra, da cuenta de una serie de irregularidades que derivaron en delitos de cohecho agravado, violaciones de secretos y prevaricaciones administrativas, tendientes a favorecer los intereses de Luis Hermosilla y su red de contactos.

Carrera asegura que los favores realizados por Guerra tuvieron como contrapunto reiteradas solicitudes de “beneficios indebidos”, tanto para el mismo fiscal como para terceras personas, infringiendo los preceptos legales que regulan su accionar como funcionario público.

El documento judicial al que tuvo acceso El Mostrador, destaca una serie de solicitudes, entre ellas una reunión personal con el expresidente Sebastián Piñera, petición que quedó registrada en las conversaciones entre el expersecutor y el abogado favorito de la elite político-empresarial.

“Existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República? Me interesa hablar con el / Servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros”, escribió Guerra en enero de 2020, intentando entregar información sobre grupos que estaban operando en Santiago.

Las conversaciones son cotidianas. Hermosilla incluso solicita a Guerra que la Policía de Investigaciones realice las diligencias de una denuncia interpuesta en contra de Andrés Chadwick. “Héctor está disponible absolutamente para ayudar”, agrega Hermosilla refiriéndose al entonces jefe de la PDI. El requerimiento, finalmente, no prosperó.

Meses después, sin embargo, Guerra entrega al abogado información estratégica sobre las denuncias por la eventual responsabilidad del exministro del Interior en casos de violencia institucional pos estallido. “Yo creo que en los casos en su contra le están dando mucho espacio a la fiscalía”, escribe Guerra el 15 de abril de 2021.

Tras sugerir cómo actuar ante el Ministerio Público, el expersecutor solicita trabajo directamente a Hermosilla. “Hola Lucho cómo estás?. Una consulta a la vena / La María Eugenia Manaud renunció a su cargo de consejera del CDE, el cual quedará vacante. Por ende el Presidente deberá nombrar a uno en su cupo. La pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso o el Presidente optará por alguien distinto para evitarse un conflicto?”.

Las solicitudes, según da cuenta la querella, se repiten en varias ocasiones pero sin llegar a concretar el ingreso del exfiscal al Consejo de Defensa del Estado. A cambio, señala el documento judicial, las peticiones de Guerra desembocan en el ofrecimiento de un trabajo en la Universidad San Sebastián. “Felicitaciones Manuel”, le escribe Hermosilla una vez que se concreta la oferta en la casa de estudios.

“Lucho, le escribí a Andrés”

El libelo también da cuenta de otros favores, como la solicitud que hizo Guerra a Hermosilla para interceder a favor de la absolución del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Tufit Bufadel, investigado por el delito de abuso sexual que estaba siendo investigado por la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

La lista continúa. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en una arista sobre prevaricación, violación de secreto y cohecho agravado, apunta a la intervención de Guerra en la suspensión del procedimiento en el caso de Iván Moreira, por facilitación de boletas fraudulentas en el caso Penta. “No se si te contó ACH (Andrés Chadwick) en lo que estamos por Moreira/ pero Abbott no quiere suspensión para él”, cuenta Guerra a Hermosilla el 29 de diciembre de 2017.

Respecto al mismo caso Penta, la fiscalía acusa a Guerra de contravenir sus deberes funcionarios, al realizar “maniobras engañosas” y resolver “injustamente” asuntos administrativos tendientes a reducir los cargos contra los imputados Carlos Délano, Pablo Wagner y Carlos Lavín.

“Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdés…En el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo”, planteó Guerra el 21 de septiembre de 2016.

Respecto al caso de Santiago Valdés, exadministrador electoral de la primera campaña presidencial de Sebastián Piñera y exgerente de Bancard, acusado de diversos delitos tributarios, Guerra solicita instrucciones especificas a Andrés Chadwick “sobre qué hacer en la causa”, situación calificada por la fiscalía como “incompatible” con su función de persecutor penal.

El Ministerio Público también apunta a la intervención de Guerra en el caso Exalmar, empresa vinculada al expresidente Piñera a través de Bancard, cuyo ingreso a la propiedad se realizó en 2011, justo cuando Chile se enfrentaba a Perú por un litigio marítimo en La Haya, despertando serias sospechas de una eventual negociación incompatible y uso de información privilegiada.

Guerra fue quien tomó la causa en reemplazo de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, decidiendo cerrar la investigación y solicitar audiencia de sobreseimiento, gestión que fue informada a Luis Hermosilla el 27 de julio de 2017. “El 3 de agosto tenemos la audiencia de discusión de sobreseimiento y reapertura del caso de SPE (Sebastián Piñera Echeñique)”, escribe Guerra ese mismo día.

La fiscalía también acusa al expersecutor de entregar información reservada a Luis Hermosilla respecto a una investigación en contra de Manuel José Ossandón, aduciendo que lo hacía “para tu conocimiento e información de tus amigos de gobierno”. “Pronto formalizaremos a Ossandón por tráfico de influencias”, le informó en junio de 2020.

El documento asegura que Guerra también entregó “consejería técnica” en la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, ofreciéndose incluso a reunirse con el exmandamás de la policía civil. “Me escribió Héctor / Me juntaré con él mañana a las 12 en tu oficina / Quiere hablar conmigo / Te lo cuento porque no sé de qué ?”, le preguntó a Hermosilla a comienzos de septiembre de 2021.

Al finalizar, la fiscalía atribuye un rol activo en la liberación de antecedentes reservados en al menos dos casos más: la investigación en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, por delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios; y la denominada Operación Huracán, la acusación en contra de Carabineros por falsificación de pruebas y evidencias en el contexto del conflicto de la Macrozona Sur.