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Foto: AgenciaUNO
Fallida remoción de juez Ulloa: Fiscalía investiga posible influencia sobre voto en la Corte Suprema
Interceptaciones telefónicas recientes revelan que podrían haberse realizado gestiones para influir en el voto de los ministros de la Corte Suprema durante la revisión de la remoción del juez vinculado al caso Hermosilla, manteniéndolo en su cargo pese a las acusaciones en su contra.
Un nuevo capítulo se suma al escándalo judicial que rodea al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la polémica arista judicial del caso Hermosilla. Este martes se conoció un antecedente que involucra una interceptación telefónica a un “blanco de interés”, en la que se abordaban gestiones para evitar la remoción de Ulloa.
Según un reportaje de T13, la llamada fue registrada en el contexto de la investigación contra Vivanco, actualmente imputada junto a su círculo cercano por delitos vinculados a cohecho y lavado de activos, en el caso que involucra a la firma Consorcio Belaz Movitec (CBM) y a Codelco —en la denominada trama “muñeca bielorrusa”—. El documento, que ya se encuentra en manos de la fiscal Claudia Perivancich, contiene la transcripción en la que uno de los investigados habla sobre acciones encaminadas a “salvar” a Ulloa durante la revisión de su remoción en la Corte Suprema, ocurrida el 30 de septiembre.
En esa votación, el pleno de la Corte Suprema aprobó inicialmente abrir un cuaderno de remoción, pero luego rechazó destituir al ministro. Entre los votos claves estuvo el del ministro Arturo Prado, quien primero respaldó abrir la investigación, pero finalmente se pronunció en contra de la salida de Ulloa, asegurando así su permanencia en el Poder Judicial.
Ulloa: “Nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación”
Las llamadas interceptadas habrían aludido directamente al voto de Prado y a gestiones realizadas por personas cercanas a Vivanco para influir en la decisión. Aún así, el ministro Prado negó categóricamente cualquier influencia externa sobre su voto: “Nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento. Como juez y profesional jamás aceptaría que se me indicara o siquiera se insinúe un curso de acción en materias que debo resolver”, aseguró al citado medio. Prado explicó que su decisión se basó únicamente en la evaluación de las pruebas y el estándar probatorio, y no en presiones externas.
Pero el escándalo no termina ahí. La Fiscalía ha abierto nuevas aristas de investigación, que incluyen allanamientos recientes en las oficinas de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, desde donde se incautaron computadores, teléfonos y documentos que podrían vincular a los conservadores Sergio Yábar y Yamil Najle con delitos de cohecho. La investigación apunta a transferencias de dinero en efectivo y electrónicas entre los conservadores y el círculo cercano de Vivanco, incluyendo a su pareja, Gonzalo Migueles, y otros “blancos de interés”.
El objetivo de estas pesquisas es determinar si Vivanco, cuando era ministra de la Corte Suprema en 2023, pudo haber favorecido al Consorcio Belaz Movitec en desmedro de Codelco a cambio de beneficios para su entorno. La fiscal Carmen Gloria Wittwer, a cargo de la investigación, ha calificado los antecedentes como “clave” para esclarecer posibles irregularidades en los nombramientos y decisiones judiciales.
Por otro lado, tras ser “salvado” de la remoción, Ulloa mantendría vínculos con abogados particulares, quienes —de acuerdo a la información publicada por la prensa— incluso celebraron la permanencia del ministro en un restaurante del sector oriente de Santiago. Sin embargo, según fuentes consultadas, no todos asistieron a la cita, anticipando que la causa seguirá generando nuevos movimientos en las próximas semanas.
Mañana, la Cámara de Diputados votará sobre la remoción del ministro Ulloa, lo que dará un nuevo giro a un caso que ya ha tensionado al Poder Judicial y que, hasta ahora, combina acusaciones por cohecho, favores judiciales y manipulación de votos dentro del máximo tribunal del país.
