PAÍS
Agencia Uno
El “apocalipsis” de Gendarmería: Fiscalía desbarata compleja red de corrupción de funcionarios
Un megaoperativo nacional de la Fiscalía Metropolitana Occidente destapó una estructura criminal al interior de cárceles del país, con funcionarios de Gendarmería acusados de cohecho, tráfico de bienes prohibidos y lavado de activos. Hay 66 detenidos, de los que 44 son gendarmes.
Un golpe de alto impacto recibió el sistema penitenciario con el despliegue de la denominada “Operación Apocalipsis”, encabezada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y ejecutada por la Policía de Investigaciones (PD), que puso al descubierto una compleja red de corrupción al interior de las cárceles del país. Hay 66 detenidos, de los que 44 son gendarmes.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en siete regiones y nueve establecimientos penitenciarios, además de múltiples domicilios particulares, con decenas de órdenes de detención y allanamiento.
La investigación, dirigida por el fiscal regional Marcos Pastén y revelada por radio Bío Bío, se extendió por varios meses y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal estable, integrada por funcionarios de Gendarmería, internos y colaboradores externos. De acuerdo con los antecedentes reunidos, el esquema habría generado ingresos ilícitos por más de seis mil millones de pesos en un período aproximado de tres años.
Uno de los focos principales de la indagatoria fue el sistema de ingreso de mercancías prohibidas a los recintos penales. Según la fiscalía, funcionarios coludidos recibían pagos para permitir el acceso de intermediarios que trasladaban teléfonos celulares, drogas, alcohol, chips, comida y otros artículos, los que luego eran comercializados al interior de los módulos. Estos ingresos se realizaban tanto mediante visitas irregulares como aprovechando vulneraciones en los controles formales de acceso.
La pesquisa también detectó irregularidades en los puntos de control interno, diseñados para impedir el contrabando mediante escáneres y revisiones corporales. En esos sectores, algunos funcionarios habrían omitido deliberadamente los protocolos, permitiendo el paso de objetos prohibidos sin dejar registro ni activar alertas. Una vez dentro del penal, los bienes ingresaban a un mercado ilegal con tarifas previamente establecidas.
Además, se identificaron prácticas más complejas, como la reventa de especies incautadas durante allanamientos, el traslado irregular de internos entre módulos portando artículos ilícitos y la utilización de cuentas bancarias personales o de terceros para recibir pagos, lo que abrió la arista de lavado de activos. El análisis financiero reveló movimientos reiterados de dinero, uso de testaferros y adquisiciones sin justificación económica.
La causa se sustenta en interceptaciones telefónicas, revisión de mensajería, vigilancia encubierta, declaraciones de testigos —incluidos funcionarios que denunciaron a sus pares— y el levantamiento del secreto bancario, todo autorizado judicialmente. Desde el Ministerio Público recalcan que lo descubierto no corresponde a hechos aislados, sino a un sistema organizado que operaba de manera permanente y con distintos niveles de participación.
El megaoperativo de la Fiscalía Occidente detectó a 44 gendarmes y 35 civiles, entre los civiles existen ciudadanos colombianos y bolivianos, además de chilenos.
