PAÍS
Foto: AgenciaUNO
“Operación Apocalipsis”: formalización de 47 gendarmes y 23 civiles continúa este sábado
La audiencia, que comenzó este viernes en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, reúne a 70 imputados acusados de integrar una red de corrupción al interior de las cárceles, vinculada al ingreso de bienes ilícitos y favores irregulares.
Una jornada de alto impacto se vivió este viernes en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, donde comenzó la formalización de 70 imputados —47 gendarmes y 23 civiles— involucrados en la llamada “Operación Apocalipsis”, una de las mayores investigaciones por corrupción al interior del sistema penitenciario chileno.
La audiencia, que debió realizarse en dos salas por la magnitud del caso, estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad: el juez Francisco Ramos Pazó ordenó que los imputados permanecieran esposados, dada la cantidad de acusados y los riesgos asociados. Todos permanecen privados de libertad desde el martes 16 de diciembre, cuando se concretaron las primeras detenciones.
Según expuso la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén, la investigación permitió destapar un entramado de corrupción sostenido en el tiempo, con organizaciones que operaban en distintos penales —principalmente Santiago 1 y San Joaquín— para controlar y cobrar por el ingreso de bienes y servicios ilegales, además de facilitar visitas irregulares a personas privadas de libertad.
“Se logró identificar la existencia de varias organizaciones con diversidad de roles, que a través de un sistema de corrupción conformaron un verdadero sistema criminal”, explicó Pastén durante la audiencia. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, esta estructura habría movido más de $6.300 millones en tres años.
Los gendarmes están siendo formalizados por asociación criminal, cohecho simple y agravado, y lavado de activos, mientras que a los civiles se les imputa soborno, además de participación en la organización ilícita. Si bien inicialmente eran 44 los funcionarios detenidos, el número aumentó a 47 tras la entrega voluntaria de otros involucrados.
A la ofensiva penal se sumó el Consejo de Defensa del Estado, que presentó una querella criminal contra los funcionarios y varios civiles, señalando que la asociación ilícita “se consolidó desde 2020 a la fecha”. Según el CDE, los gendarmes “habrían solicitado, aceptado y recibido pagos en efectivo, transferencias bancarias y otros beneficios” a cambio de sus favores.
La Fiscalía no alcanzó a concluir la exposición de los hechos y la audiencia fue suspendida hasta este sábado a las 10:00 horas, cuando se retomará la formalización. Los imputados quedarán detenidos en tránsito, conforme a las indicaciones de Gendarmería para su custodia y resguardo.
“Vamos a reiniciar la audiencia con lo que queda pendiente de formalización y luego vendrá el debate sobre las medidas cautelares”, señaló el juez Ramos Pazó. En esa línea, el fiscal Pastén adelantó que el Ministerio Público solicitará cautelares de máxima intensidad, dada la gravedad de los delitos y la magnitud de la red desbaratada.
Se estima que la formalización se extienda por al menos tres sesiones consecutivas, mientras la Fiscalía solicitó reserva de la investigación.