PAÍS
El 2024 cerró con más niños bajo protección del Estado que el total de nacimientos en suelo chileno
Por primera vez en la historia de Chile, en 2024 hubo más niños que entraron al sistema de cuidados del Estado que aquellos que nacieron: 156.759 versus 135.529. En otras palabras, Mejor Niñez recibió un promedio de 429 ingresos al día, mientras 371 niños nacían en el mismo periodo.
El 12 de enero se concretó el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras 46 años a cargo de menores vulnerados en sus derechos y en conflicto con la ley, cierre que llega después de años de denuncias por vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que estaban al cuidado de esa institución.
Sin embargo, a casi cinco años de la reforma que creó el Servicio Mejor Niñez, las dificultades persisten: el 40% de los centros de dicha institución están con sobrecupo, no se cumple la Ley de Garantías con los menores de tres años por falta de familias de acogida y 705 lactantes viven en las residencias, los exhogares de menores, pese a que la ley lo prohíbe como regla general.
De hecho, hoy ingresan más niños, niñas y adolescentes al sistema de protección de menores que los que nacen en el país. Según datos del Sistema del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido como Mejor Niñez) y del INE, en 2024 ingresaron 156.759 menores a dicho servicio, mientras que el mismo año nacieron 135.529 menores.
En efecto, en 2024, Mejor Niñez dio curso a un promedio de 429 ingresos diarios, mientras que en los hospitales se registraron 371 nacimientos por día. Es la primera vez en la historia del país que más niños ingresan al sistema de protección que los que nacen.
Por cierto, las residencias de Mejor Niñez son hogares administrados por organismos colaboradores del Estado, donde viven niños separados de sus familias por orden judicial. Funcionan con turnos de cuidadores y atención colectiva, no como hogares familiares permanentes.
“Cuando se hizo esta reforma, la idea era que la mejora de servicios iba a disminuir los casos derivados desde tribunales”, dice Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga, organización dedicada al estudio y fortalecimiento de políticas públicas en infancia. Sin embargo, ocurrió lo contrario: “Hoy el sistema de protección recibe cerca de un 40% más de derivaciones que las que recibían al momento de la transformación”, detalla.
Hasta agosto de este año, 115.558 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por programas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). De ellos, 5.095 viven en residencias y 10.353 en familias de acogida.
El legado del Sename
“El Sename arrastra una deuda histórica con la niñez vulnerable”, señala el director ejecutivo de la Fundación Colunga, quien lo caracteriza como “una institución marcada por una muy mala gestión, especialmente durante los años 90 y 2000, donde ocurrieron vulneraciones de derechos muy graves”, aludiendo a los múltiples episodios de niños, niñas y adolescentes golpeados, torturados, explotados sexualmente e incluso muertos al interior de los hogares administrados por el Sename, entre ellos, los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) y los infames Cereco (Centros de Rehabilitación Conductual), en los cuales operaba también Gendarmería. Hoy ya no existen y fueron reemplazados por residencias de menor tamaño, con capacidad limitada, en un intento por dar un enfoque más familiar al sistema.
En dicho contexto, el caso de Lissette Villa, fallecida el 11 de abril de 2016 en el centro estatal Cread Galvarino de Estación Central, se convirtió en un punto de quiebre que abrió una investigación nacional y en 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por su responsabilidad internacional en violaciones sistemáticas de derechos de los menores.
En medio de años de cuestionamientos, en 2021 se inició la reforma que reemplazaría la institución y dividiría sus funciones entre Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de la justicia juvenil.
“Todos los procesos de instalación de políticas públicas son complejos”, puntualiza Celedón. “Ha habido dificultades, fallos de diseño e implementación, y requiere mucha más energía por parte del Estado, que es el principal responsable de llevar adelante esta transformación”, agregó.
Aún así, Claudio Castillo, director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en conversación con La Tercera, reconoció que la nueva institucionalidad enfrenta una tensión estructural: más ingresos de los previstos, niños con necesidades cada vez más complejas y un modelo residencial que no logra expandirse al ritmo de la demanda.
El aumento exponencial de ingresos al sistema de protección no puede entenderse solo como una falla institucional. Según Celedón, detrás de las cifras hay un fenómeno social más profundo, al que define como “una crisis sistémica de cuidado”.
Los indicadores levantados por el Observatorio de Niñez de Fundación Colunga muestran que, de 20 indicadores relevantes de bienestar infantil, siete empeoraron en los últimos siete años. Influyen el aumento del costo de la vida, el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias, el consumo de sustancias y el aislamiento social. “Los servicios de protección deberían ser la última línea. El problema es que las líneas previas –la prevención y los apoyos universales– están muy debilitadas”.
700 niños menores de tres años viven en residencias
La situación de los niños menores de tres años es uno de los puntos más críticos del sistema. Actualmente, más de 700 lactantes viven en residencias del Estado, pese a que la Ley 21.430 de Garantías de la Niñez establece que ningún niño de esa edad debería ser institucionalizado, salvo de manera excepcional y transitoria.
“Hay muchos recién nacidos que son derivados a hospitales, donde los mismos médicos descubren una familia problemática y los derivan”, señala Celedón. “Eso es muy complejo. Ahí volvemos a la crisis de cuidado”, añade.
“La forma idónea son las familias de acogida, pero no tenemos suficientes, ni un sistema de gestión que permita responder rápido”, explica Celedón. Chile cuenta actualmente con alrededor de 450 familias de acogida externas, una cifra que resulta ser insuficiente.
Además, el sistema carece de mecanismos de respuesta rápida. “En otros países existen familias de acogida de emergencia, altamente capacitadas, con disponibilidad inmediata y cierto nivel de remuneración”, explica Celedón, quien agrega que “es más caro en el corto plazo, pero a largo plazo abarata costos y, sobre todo, evita daños irreversibles en el desarrollo de los niños”. La alternativa que hoy predomina –la institucionalización– resulta, según la evidencia, más rápida, más cara y más nociva.
Desde Mejor Niñez también reconocieron la situación. Claudio Castillo, su director, admitió en La Tercera que hoy existen más de 700 menores de tres años en residencias, frente a los 400 previstos inicialmente, afirmando que no ha habido suficientes colaboradores dispuestos a implementar nuevas residencias, incluso con mayor financiamiento.
Pero este no es el único problema que enfrenta. Según datos del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en 2024 se presentaron 1.691 denuncias de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, un aumento del 73% en los últimos dos años. Más de la mitad de ellas fueron explotadas sexualmente estando bajo el sistema de protección especializada.
“Lo más complejo que estamos viviendo hoy es que, aunque no tenemos el nivel de vulneración de ese momento del Sename antiguo, en torno a las residencias de menores del Estado se articulan redes de explotación sexual y eso no ha logrado ser detenido por los poderes del Estado”, denuncia Celedón. “Hoy, menores a cargo del Estado están siendo explotadas sexualmente”, señala.
La urgencia de un sistema preventivo
Para el director de Fundación Colunga, la discusión de fondo ya no puede centrarse únicamente en mejorar residencias o aumentar cupos. “Nosotros hacemos una comparación con la UCI”, explica. “Hoy es como si tuviéramos demasiados niños en cuidados intensivos. Eso habla muy mal de lo que estamos haciendo como sociedad”.
“Lo que celebramos hoy es que el servicio de reinserción que atiende a menores se termina de desplegar en todo el territorio nacional, con una división que era necesaria. Eso es una reforma muy importante”, indica Celedón.
La clave, sostiene, está en reaccionar antes: fortalecer los apoyos a las familias, articular servicios desde los municipios, invertir en prevención temprana y construir sistemas locales de protección que eviten que los niños lleguen tardíamente a la intervención especializada.
“Una madre no va a un ministerio; va a su municipalidad”, apunta Celedón. “Ahí debería existir un sistema robusto de articulación de apoyos. Esa es una oportunidad que hoy recién se está empezando a explorar”, añade.
“El sistema está en deuda, pero la sociedad también”, concluye. “Cerrar el Sename era un paso necesario. Pero si no somos capaces de actuar antes, seguiremos llenando residencias y repitiendo el mismo ciclo”, subraya.
