Acusan veto en las sombras de J. A. Kast para impedir la “muerte digna”

Durante más de una década, el proyecto de ley de eutanasia ha navegado por los pasillos del Congreso sin lograr consolidarse como norma jurídica. La iniciativa, que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, actualmente está en su segundo trámite constitucional y se trabaja sobre la base refundida de cuatro iniciativas parlamentarias presentadas desde el 2014. 

Luego de años de estancamiento, la Comisión de Salud del Senado logró aprobar la idea de legislar en septiembre de 2025, y pasaron cerca de cuatro meses para que el proyecto fuera puesto en tabla para su votación en Sala, después que el Gobierno renovara la urgencia de discusión inmediata en diciembre. 

Sin embargo, a pesar de lo establecido, los senadores no votaron ni revisaron la iniciativa durante la sesión del 6 de enero pasado. Desde el Gobierno, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, acusó que “hubo maniobras dilatorias” para que no se viera el proyecto, a pesar de las reiteradas urgencias ingresadas por el Ejecutivo. 

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric anunció, en su Cuenta Pública de junio de 2024, que aceleraría la tramitación del proyecto de “muerte digna”. Sin embargo, a la fecha no ha logrado avanzar en su idea de legislar, pese a que el Ejecutivo ha insistido en la “suma urgencia” en múltiples ocasiones.

La relevancia de la iniciativa trasciende su contenido técnico para convertirse en un punto de conflicto ideológico. Sectores de derecha, así como voces conservadoras de la sociedad civil, han manifestado un rechazo frontal al texto o han expresado que la discusión debe centrarse prioritariamente en fortalecer los cuidados paliativos antes que en autorizar la eutanasia. Esto ha generado tensiones con quienes impulsan una legislación que amplíe la autonomía individual en decisiones de fin de vida.

Un veto desde las sombras

En este contexto, la figura del Presidente electo, José Antonio Kast, emerge como un factor clave para el futuro de esta iniciativa. El republicano, de convicciones conservadoras y católicas, se ha definido como una persona que defiende “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, por lo que la posibilidad de que el proyecto avance en el próximo Congreso con el respaldo del Gobierno es prácticamente nula. 

Desde el oficialismo afirman que la dilación en el Senado responde a una estrategia por parte de la derecha para evitar que la iniciativa incomode al Mandatario electo durante el siguiente periodo, ya que situar a Kast en la cancha valórica en rechazo a un proyecto que cuenta con amplio respaldo ciudadano, y de gran parte de la derecha liberal también, puede tener un impacto negativo en la opinión pública. 

Para el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic –uno de los autores del proyecto ingresado el 2014– el hecho de que el Senado haya pospuesto su votación, es producto de “un veto desde las sombras” del Presidente electo.

Lo anterior, considerando además que durante la segunda vuelta presidencial, el entonces candidato republicano afirmó que, en caso de ser Presidente de la República, vetaría la ley de eutanasia “a modo de sugerencia al Congreso”.

“Lo que viene aquí es un ultraconservadurismo que les niega el derecho a morir con dignidad a los chilenos. Esto es realmente terrible. Lo que está claro es que de aquí a marzo el Senado, con la mayoría que está, no tiene ninguna voluntad de tratar la ley de eutanasia”, declaró Mirosevic. 

Consultado por El Mostrador, el también senador electo por Arica comentó que el acuerdo entre las bancadas parlamentarias era de que la iniciativa se votaría con posterioridad a las elecciones, para “no incomodar a Kast en segunda vuelta”, lo que no fue respetado. “Aquí claramente hay un veto y una instrucción del Presidente electo para que esto no funcione, eso es lo que además se conoce de pasillos en el Senado”, afirmó. 

Por su parte, el senador PS e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, insistió en que el retraso en la tramitación responde a un “proteccionismo para evitar que el Presidente electo tenga que responder frente a una ley que probablemente va a tener votos favorables”.

“No es fácil que esto se vote antes del 11 de marzo, precisamente por la correlación de fuerzas en el Senado, donde la derecha tiene una mayoría relativa. Y, por lo tanto, va a quedar, no sé si indefinidamente postergado, pero sí como una deuda pendiente de asumir, donde parece razonable a estas alturas que haya una decisión de parte de la Cámara Alta después de tantos años. (…)  Y creo que, más allá de las caricaturas, lo que importa es que esto se vote. Independientemente de si se pierde o se gana, pero el país necesita una resolución respecto al fin de la vida”, subrayó Castro. 

Pasos a seguir

En el oficialismo hay conciencia de que, al margen de las presiones que puedan ejercer para que el proyecto vuelva a ponerse en tabla, objetivamente quedan solo tres semanas legislativas y es muy difícil que la iniciativa vea la luz antes de que termine el Gobierno.

“Nosotros seguimos presionando semana a semana, y no solo eso, sino que se respeten las urgencias que ha puesto el Presidente, que son urgencias constitucionales y que el Senado, deliberadamente, en la reunión de comités de jefes de bancada, ha rechazado cumplir”, dijo Mirosevic.

En esa línea, el parlamentario agregó que desde la futura oposición seguirán impulsando la legislación “aunque sea a contrapelo de un Gobierno conservador”, tarea que, reconoce, “no será fácil”. Lo anterior, entendiendo además que el rol del Ministerio de Salud será clave para el avance de la iniciativa, cartera que próximamente será liderada por la doctora May Chomali, hermana del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali. 

Cabe destacar que, durante su tramitación en la Comisión de Salud del Senado, la actual ministra Ximena Aguilera alcanzó a presentar indicaciones sustitutivas con el fin de perfeccionar el proyecto y sus condiciones para salvaguardar la toma de decisiones libres, informadas y en situaciones excepcionales de sufrimiento. Entre los aspectos más relevantes se encuentra la creación de una comisión previa, para garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la ley y el resguardo de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, entre otros temas. 

“Creo que el Gobierno actual perdió la oportunidad de haber legislado en un proyecto emblemático de más libertades y más derechos para los chilenos. A pesar de eso, nosotros vamos a seguir luchando con decisión en el próximo periodo”, sentenció Mirosevic.