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Gobierno alerta: 370 violadores de DDHH serán favorecidos por proyecto de cumplimiento alternativo
El Ejecutivo advirtió que el proyecto de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad podría beneficiar a 735 personas condenadas, entre ellas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, violaciones y parricidio.
La Sala del Senado inició la discusión de un proyecto de ley que busca permitir el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, el que permitiría que personas con enfermedades y de la tercera edad puedan finalizar sus condenas en arresto domiciliario total. La iniciativa abrió un intenso debate político y jurídico, marcado por la oposición del Ejecutivo.
Durante la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, advirtió que, de aprobarse el proyecto en los términos actuales, cerca de 735 personas podrían acceder a este beneficio. De ese total, 370 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y otros 365 a delitos comunes, entre ellos 192 por abusos sexuales, 155 por violaciones, 27 por homicidios y 5 por parricidios.
Según explicó el secretario de Estado, el Ejecutivo considera que la propuesta presenta falencias técnicas y jurídicas, además de generar una tensión con los compromisos internacionales asumidos por Chile, particularmente en materia de derechos humanos. En ese sentido, señaló que podría contravenir estándares establecidos por el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto, impulsado por los senadores de Chile Vamos, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, plantea un régimen excepcional para que internos con enfermedades terminales, patologías graves o adultos mayores puedan terminar de cumplir sus condenas en arresto domiciliario total.
Se detalla que en el caso de los adultos mayores, se considera a hombres desde los 70 años y mujeres desde los 65, siempre que la suma de su edad y los años efectivamente cumplidos en prisión alcance los 80 años.
Pese a los cuestionamientos del Gobierno y de un grupo mayoritario de senadores, la Sala inició el primer debate de la iniciativa. Mientras que una solicitud para que el proyecto fuera revisado por la Comisión de Constitución fue rechazada, y una eventual segunda discusión quedó supeditada a lo que definan los comités parlamentarios.
Durante el debate, algunos parlamentarios defendieron la iniciativa argumentando que no busca impunidad, sino avanzar hacia un trato humanitario para personas privadas de libertad en condiciones de extrema vulnerabilidad. En contraste, sus detractores alertaron que el proyecto podría abrir la puerta a beneficios para condenados por los delitos más graves, sin considerar adecuadamente la opinión de las víctimas ni el cumplimiento efectivo de las penas.
