PAÍS
Desafuero de Orrego se vuelve clave para destrabar avance del caso ProCultura
La Corte de Apelaciones de Santiago pondrá en tabla la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano. Su resultado marcará si la Fiscalía puede profundizar la investigación o queda severamente limitada.
El caso ProCultura enfrenta su punto más decisivo fuera de la sala del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El foco está hoy en la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, una definición que, según coinciden penalistas y exautoridades del sistema, puede determinar si la causa avanza o queda virtualmente entrabada.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, confirmó a Radio Bío Bío que el requerimiento será puesto en tabla y revisado en un Pleno Extraordinario, lo que abre la posibilidad de que el asunto se vea durante la próxima semana, salvo que alguna de las partes solicite suspensión. Orrego mantiene hoy la calidad de imputado, pero no ha sido formalizado, precisamente por el fuero que lo protege.
La relevancia del desafuero se intensificó tras la fallida formalización de los principales imputados del caso ProCultura, encabezada por el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios. El juez Patricio Álvarez Maldini descartó la prisión preventiva y cuestionó tanto la acreditación de los delitos como la participación de los formalizados, dejándolos con cautelares no gravosas. Esa resolución encendió alertas en el Ministerio Público.
En ese escenario, el desafuero de Orrego pasó a ser el verdadero nudo de la investigación. Si la Corte lo rechaza, la Fiscalía no puede apelar: solo el aforado podría recurrir si el desafuero fuese concedido. Así lo adviertió a La Segunda el penalista Juan Carlos Manríquez, quien sostiene que un rechazo “dificulta seriamente” la persecución penal contra el gobernador y podría cerrar definitivamente esa línea investigativa.
El problema es aún mayor si se considera que el tribunal de garantía también puso en duda que Alberto Larraín tuviera la calidad de funcionario público o que existiera un concierto para cometer fraude al Fisco. Para Manríquez, si esa interpretación es confirmada por la Corte, se configura un escenario crítico: “sería un delito sin partícipes acreditados”, lo que impediría reactivar imputaciones contra Orrego aun cuando aparezcan nuevos antecedentes.
Otros expertos llaman a separar planos, pero coinciden en el impacto. Cuando un tribunal desacredita los presupuestos materiales del delito, la investigación “se debilita objetivamente”. Aun así, el sistema contempla instancias de revisión, incluida la Corte Suprema.
Así, mientras la Fiscalía evalúa si apela las cautelares de los imputados ya formalizados, el verdadero futuro del caso ProCultura se juega en el tribunal de alzada. La decisión sobre el desafuero de Orrego no es solo un trámite: es la llave que puede permitir —o bloquear— que la causa avance hacia su núcleo político y administrativo.
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