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Créditos imagen: Agencia Uno
Solicitó acuerdo de cooperación a fiscalía y se arrepintió: Lagos presenta querella contra fiscal
El imputado Eduardo Lagos acusa al fiscal Marco Antonio Muñoz de someterlo a presión psicológica y coerción física durante una declaración de 10 horas, mientras se negaba a retirarle grilletes. El imputado solicitó un acuerdo de cooperación que luego desconoció y se negó a firmar la declaración.
El abogado imputado en el caso Muñeca Bielorrusa, Eduardo Lagos Herrera, presentó una querella por apremios ilegítimos contra el fiscal adjunto de Puerto Montt, Marco Antonio Muñoz Becker. La acción, ingresada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y aún no acogida a trámite, denuncia que durante su declaración del 6 de enero de 2026, mientras se encontraba privado de libertad y bajo custodia en el OS7 de Carabineros, fue sometido a medidas de coerción física y presión psicológica. Esto, pese a que de acuerdo al Ministerio Público, fue el mismo Lagos quien solicitó un acuerdo de cooperación e incluso habría mencionado la palabra “confesar” en su solicitud.
Sin embargo, el imputado se negó a firmar su declaración y acusó al fiscal. En el libelo, patrocinado por el defensor Marcelo Abujiar Ferrer, se detalla que Lagos fue trasladado desde la cárcel Capitán Yáber con esposas y grilletes. Según su relato, solicitó reiteradamente el retiro de estas sujeciones porque le causaban “un dolor intenso y lesiones visibles” en los tobillos, petición que fue rechazada “sin fundamento alguno”. La diligencia se extendió por aproximadamente diez horas continuas, ignorándose sus quejas, durante las cuales señaló mostrar sus lesiones a los presentes, las cuales fueron posteriormente constatadas médicamente a su regreso al recinto penitenciario.
En su querella, el imputado también acusa al fiscal Muñoz de desplegar una conducta “de presión psicológica indebida”. Lagos sostiene que fue sometido a “interrogaciones reiteradas e insistentes orientadas a forzarme a reconocer hechos que no eran efectivos”. En concreto, afirma: “El fiscal me consultó reiteradamente si había efectuado pagos de dinero a doña Ángela Vivanco, a lo cual respondí de manera clara y categórica que no, señalando expresamente que no había entregado dinero alguno, ni de forma directa ni indirecta, a la referida persona”.
“Ante dicha respuesta, el fiscal volvió a insistir preguntándome si me encontraba seguro de ello, a lo que respondí afirmativamente, explicando que tenía plena certeza de lo señalado, toda vez que había tenido a la vista un informe pericial contable relativo a doña Ángela Vivanco, lo que me constaba directamente”, asegura en el documento. No obstante, asegura que el persecutor “persistió en su línea de interrogación, a lo que respondí descartando de manera absoluta cualquier entrega de dinero, directa o indirecta, a doña Ángela Vivanco”, agregó.
Esta insistencia, a su juicio, configuró no un ejercicio legítimo de las diligencias del caso, “sino una forma de coacción indebida, incompatible con las garantías que rigen la declaración del imputado (…) con el único fin de obtener una declaración en la línea investigativa que lleva la fiscalía”
La declaración en cuestión terminó sin la firma de Lagos, quien argumentó que el acta no reflejaba fielmente su testimonio. Sin embargo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, explicó públicamente que el abogado inicialmente se acercó al Ministerio Público para un acuerdo de cooperación.
“Incluso, en la solicitud [de Lagos] se habla de confesar”, señaló. Wittwer relató que la declaración se extendió por dos días y que al segundo, Lagos se negó a continuar: “Él quería introducir cambios en lo que había declarado y eso generó una discrepancia y una discusión entre el sr. Lagos y el abogado defensor (…) Esta declaración, si bien no ha sido firmada, tampoco él ha desconocido este acuerdo de colaboración”.
A través de su acción legal, Lagos solicita que se cite a declarar al fiscal Muñoz y a los funcionarios de Carabineros presentes, y que se oficie al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para informarle de los hechos. Además, se sumó otra querella contra el fiscal por una posible infracción al deber de secreto del acuerdo de colaboración eficaz, alegando filtraciones a la prensa.
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