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Caso Muñeca Bielorrusa: Corte de Apelaciones revisa prisión preventiva de Ángela Vivanco
El abogado defensor, Jorge Valladares, acusa que las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la formalización no logró acreditar el delito de cohecho por parte de la exmagistrada. Desde enero, Vivanco cumple su prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.
Este lunes 9 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de libertad presentada por la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. La instancia será clave para su futuro inmediato y podría revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra.
Según acusa la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, desde 2022 Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, mantenían una relación de amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Al año siguiente, los juristas asumieron la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM) en un litigio con Codelco.
Si bien en primera instancia la Corte de Apelaciones de Copiapó falló en contra de la empresa, CBM recurrió a la Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal ―que presidía Vivanco de manera subrogante― resolvió a favor de CBM y en contra de Codelco en tres ocasiones, terminando en un pago de más de 17 mil millones de pesos por parte de la estatal.
La cautelar fue decretada el pasado 30 de enero por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, basándose en dos argumentos centrales. El tribunal consideró que la libertad de Vivanco, investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los ilícitos.
Entre los argumentos esgrimidos, el juez Cristián Sánchez estimó que representaba un riesgo para el éxito de la investigación, ya que durante la formalización el Ministerio Público reveló que la exministra había borrado mensajes de su teléfono celular antes de ser periciado, lo que fue interpretado como una posible obstrucción a la justicia.
“En los distintos hechos imputados en relación al delito de cohecho (…) los mismos solo resultan explicables por la intervención de la señora Vivanco Martínez, jueza titular de la excelentísima Corte Suprema, ya que preside la Tercera Sala de ese tribunal cuando los mismos ocurren”, sostuvo el magistrado en la audiencia del 30 de enero.
Igualmente, el magistrado sostuvo que los delitos significaron un daño a “la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia“.
Jorge Valladares, abogado defensor de la exmagistrada, afirmó que la resolución del tribunal se basó en un análisis preliminar de los antecedentes de fiscalía, sin que estos lograran acreditar el delito de cohecho.
Frente a este escenario, los querellantes esperan la confirmación del fallo. Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, señaló que “creemos que existe mérito suficiente para confirmar esta medida cautelar”, subrayando la importancia del caso para la transparencia del sistema.
Actualmente, Ángela Vivanco cumple su prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. Debido a su anterior alta investidura, permanece en un módulo especial destinado a resguardar su integridad física, separada de la población penal común.
