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Agencia Uno
Caso Sierra Bella: TC suspende juicio por pago de $8.250 millones contra Municipalidad de Santiago
El alcalde Mario Desbordes busca reactivar una demanda de nulidad para invalidar el contrato de compraventa de la exclínica, mientras la inmobiliaria exige el pago del monto acordado tras la inscripción del inmueble a nombre del municipio.
El Tribunal Constitucional (TC) suspendió el juicio civil iniciado por la inmobiliaria San Valentino contra la Municipalidad de Santiago por el pago de más de $8.250 millones por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. La medida se adoptó tras un requerimiento por inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el municipio.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió suspender el juicio que se tramita en el 20° Juzgado Civil de Santiago por la demanda presentada por Inmobiliaria San Valentino SpA, en el marco del fallido proceso de compraventa de la ex clínica Sierra Bella.
La decisión se adoptó luego de que la Municipalidad de Santiago interpusiera, el pasado 2 de febrero, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de una norma del Código de Procedimiento Civil. La acción fue presentada por el abogado Raúl Toro, en representación del municipio.
La inmobiliaria exige el pago de $8.252 millones, monto que según sostiene, fue pactado tras la inscripción del inmueble a nombre del municipio por parte del Conservador de Bienes Raíces, en cumplimiento de una sentencia civil.
El conflicto se originó en la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), que impulsó la compra del inmueble con el objetivo de instalar la primera clínica municipal. La operación fue ampliamente cuestionada y derivó en investigaciones del Ministerio Público. Finalmente, el proyecto no se concretó.
El actual alcalde, Mario Desbordes, ha manifestado que agotará las instancias judiciales para evitar el pago. Su estrategia apunta a reactivar una demanda de nulidad del contrato de compraventa, proceso que depende de resoluciones pendientes en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte Suprema.
En paralelo, el municipio cuestiona la aplicación de una norma procesal que impide declarar como testigos a funcionarios municipales involucrados en la operación, al considerar que esa restricción afecta su defensa.
El pasado 11 de febrero, la Segunda Sala del TC acogió a trámite el requerimiento y ordenó suspender el procedimiento judicial mientras se analiza su admisibilidad. En su resolución, el tribunal otorgó un plazo de diez días a las demás partes para pronunciarse antes de decidir si la acción será revisada en el fondo.
