Reforma al sistema político: Gobierno hace ajustes buscando su aprobación antes del 11 de marzo

A contrarreloj, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, trabaja para presentar a fines de esta semana una nueva propuesta de reforma al sistema político que logre viabilidad en la Cámara de Diputados. El objetivo del Ejecutivo es destrabar un proyecto que busca reducir la fragmentación y fortalecer la gobernabilidad, pero que enfrenta resistencias transversales. Más aun, la idea es aprobarlo en la semana de trabajo legislativo que queda, antes del cambio de mando del 11 de marzo.

La semana pasada, Lobos sostuvo una reunión con diputados de todo el arco político para recoger reparos y líneas rojas. Entre los asistentes estuvieron Rubén Oyarzo, Jaime Mulet, Carlos Meza, Vlado Mirosevic, Claudia Mix y Matías Ramírez, entre otros.

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Tras la cita, Rubén Oyarzo, presidente de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, manifestó su disposición a recibir una nueva propuesta. “Valoro la instancia para poder llegar a un acuerdo y poder despachar en marzo una reforma política en que logremos acuerdos. Quedamos a las esperas de este informe que va a presentar con la propuesta del Ejecutivo para ver si seguimos avanzando en la mesa de trabajo”, señaló el parlamentario.

Mientras que la diputada Claudia Mix (FA), que también formó parte de la cita, dijo que “la disposición a avanzar está, si no, no nos convocarían (…). Todos coincidimos que habría que hacerse cargo de una reforma más profunda, que incorporara otros ámbitos de la política y de qué hacer de los partidos, y en todos como que había conceso”.

El nudo del umbral

El principal punto de conflicto es el aumento del umbral para constituir nuevos partidos. La legislación vigente exige el 0,25% del electorado en cada región donde se inscriba la colectividad, con presencia en al menos ocho regiones o en tres contiguas.

La propuesta del Ejecutivo elimina la opción de tres regiones contiguas y eleva el porcentaje al 0,5%. Diputados de partidos pequeños advierten que, con voto obligatorio y un padrón ampliado, la exigencia se vuelve casi inalcanzable: tomando como referencia la última elección parlamentaria —con más de 13 millones de votantes— el 0,5% equivale a cerca de 66 mil firmas.

Ante las críticas, el Gobierno abrió la puerta a rebajar el umbral a 0,4%, cifra que aún es considerada insuficiente por algunos parlamentarios. Entre las alternativas planteadas figura incorporar resultados de otras elecciones —como alcaldes, gobernadores o consejeros— para acreditar representatividad.

Para el diputado Jaime Mulet, del FRVS, es este uno de los puntos que más lo complica porque según su criterio, resta competencia. “Si usted solo aumenta los requisitos es que usted no quiere competencia, que es lo que nosotros le decimos al gobierno. Porque aquí hay que aumentar los requisitos pero también hay que mejorar la disciplina, porque si no es cerrar el sistema y dejar todo igual“, dice Mulet.

Otro flanco es la llamada norma “antidíscolos”, que busca impedir cambios de partido en medio del periodo de un parlamentario mediante la pérdida del escaño. La propuesta original incluía la obligación de integrar y permanecer en comités parlamentarios, estableciendo la renuncia como causal de cesación en el cargo.

La señal que recibió el Ejecutivo es clara: no habrá votos para una sanción que implique perder el cargo. La reforma deberá rediseñar incentivos a la disciplina partidaria sin afectar la titularidad del escaño.

Con el cambio de mando en el horizonte, el Gobierno busca sellar un acuerdo político que evite que la reforma quede postergada, en un escenario donde la fragmentación parlamentaria sigue siendo uno de los principales desafíos de gobernabilidad.