Sala vota reforma política con indicación que abre puerta a fusiones de partidos en disolución

Con el acelerador a fondo –pero con riesgo de un frenazo inesperado– avanza la reforma al sistema político impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a siete días del cambio de mando.

Este martes, la Comisión de Gobierno Interior la despachó a Sala y el proyecto, ya aprobado por el Senado, aterriza este miércoles en el hemiciclo con un objetivo declarado: ordenar la casa y frenar la fragmentación.

El paquete se presenta como una cirugía institucional “acotada” –según reconoce el propio Ejecutivo– y llega con el antecedente de un áspero debate sobre fusiones, financiamiento y eventuales “trajes a la medida”.

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La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió las indicaciones del Ejecutivo este martes: estatutos con condena explícita “a los sistemas totalitarios” y a la violencia como método político, compromiso anticorrupción, reglas más claras para la disciplina interna y mantenimiento del esquema de financiamiento aprobado por el Senado. Solo partidos con representación parlamentaria accederán a recursos públicos; si un legislador se desafilia, el aporte sigue en la colectividad por la que fue electo.

Pero el verdadero nudo fue la norma transitoria que permitiría a partidos en proceso de disolución –tras la parlamentaria de 2025– fusionarse con colectividades vigentes que hayan obtenido al menos 5% de los votos nacionales o cuatro parlamentarios electos –el Gobierno no contemplaba esto último, pero finalmente se amplió tomando una indicación presentada por la diputada Joanna Pérez (del Partido Demócratas, en disolución)–. Se propone que colectividades tendrán 30 días desde la publicación de la ley para informar al Servel.

Ahí saltaron las alarmas.

03 DE MARZO DE 2026/VALPARAÍSO
La ministra Segpres, Macarena Lobos, durante la Comisión de Gobierno Interior por proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.
FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

Cabe mencionar que fue clave –para algunos– la ampliación del criterio. De esa forma, por ejemplo, partidos como el PPD y la DC podrían fusionarse con colectividades como el Partido Radical y la Federación Regionalista Verde Social. Y, por el lado de la derecha, se podría concretar la fusión entre Evópoli y Demócratas, que ya está en conversaciones –no así con Amarillos, que ya acató su disolución y dejará de existir oficialmente el 4 de marzo–.

“Traje a la medida”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) –que asistió a la comisión en reemplazo de la diputada Danisa Astudillo– fue directo al hueso. Durante la sesión, calificó la indicación como “un verdadero traje a la medida de una situación actual”. Advirtió que no sería bien percibido que el Congreso modifique las reglas mientras un proceso de disolución ya está en curso: “Podría generar dificultades respecto de la implementación (…), busca evitar la aplicación de una ley que está en ejercicio”.

Luego, sin bajar el tono, en declaraciones a la prensa, el parlamentario socialista insistió en que lo aprobado en comisión desnaturaliza el objetivo original de la reforma. “Ni el más prestigioso sastre hubiese podido hacer un traje a la medida como el que se hizo”, lanzó.

Nombró sin rodeos a Demócratas y Evópoli, y advirtió que legislar con ese grado de urgencia para introducir excepciones “es malo para el país” y debilita una ley que –según recordó– buscaba precisamente endurecer las reglas para frenar la fragmentación.

Eso sí, Manouchehri defendió que el proyecto sí eleva los estándares para candidaturas independientes y restringe la proliferación de partidos, en respuesta a lo ocurrido tras la Convención Constitucional y la experiencia reciente en el Congreso, pero cuestionó el hecho de que la excepción aprobada vaya “absolutamente en contra del espíritu” de la iniciativa.

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El diputado Daniel Manouchehri junto a los diputados Félix González y Leonardo Soto durante la Comisión de Gobierno Interior por proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.
FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

Desde la otra vereda, la diputada Pérez retrucó que, si había un diseño dirigido, era precisamente el que restringía las fusiones solo a partidos que superaron el 5%, dejando fuera a colectividades que cumplen el otro umbral legal –cuatro parlamentarios– y que hoy enfrentan incertidumbre incluso ante el Tricel. “Eso es lo que cuestionamos”, aclaró, junto con advertir riesgos de asfixiar a partidos pequeños en nombre de la gobernabilidad.

“Es muy inteligente lo que hizo el Ejecutivo”

El diputado Jaime Mulet (FRVS, partido oficialista que busca evitar su disolución ante el Tricel, al igual que Evópoli y el Partido Radical), en cambio, celebró la fórmula, después que ayer manifestara varias dudas ante el tema de las fusiones: “En vez de dejar un partido disuelto y herido para que se empiece a armar uno nuevo, le está diciendo fusiónese con otro”. A su juicio, si el propósito es reducir la atomización, la medida adoptada finalmente por el Gobierno “es muy inteligente”.

Aquí es clave mencionar que Mulet concurrió a la Oficina del Presidente Electo para abordar, junto al Partido Republicano, precisamente la reforma al sistema político. “Me reuní fundamentalmente con el futuro ministro del Interior (Claudio Alvarado) y también con el diputado José Carlos Meza –miembro de la Comisión de Gobierno Interior– para ver qué opinan sobre las eventuales modificaciones al sistema político. Es importante saber si están los votos, si hay posibilidades o no”, dijo en dicha ocasión.

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El diputado José Carlos Meza durante la Comisión de Gobierno Interior por proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.
FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR), defendió el despacho como el resultado de un acuerdo trabajado desde febrero con diputados y dirigentes de partidos, destacó la rebaja del umbral de firmas al 0,3% y sostuvo que la reforma apunta a reducir la fragmentación sin impedir que colectividades con representación puedan subsistir mediante fusiones. Admitió que algunos criterios –como el de independientes– pudieron quedar exigentes, pero afirmó que, en términos generales, se trata de “una buena reforma” y adelantó que en la Sala intentará reponer la norma sobre discolaje.

Consultado por las críticas de “traje a la medida”, el diputado Oyarzo reafirmó a El Mostrador que valora positivamente lo despachado durante esta jornada. Defendió los acuerdos alcanzados y las barreras a la formación de nuevos partidos. Reiteró, en línea con lo expresado por la diputada Pérez, que el verdadero “traje a la medida” era lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo –permitir la fusión solo con partidos vigentes que hubieran obtenido al menos el 5% de los votos nacionales–.

Consultado por la situación de su partido, señaló que esperará ver qué ocurre en Sala y si efectivamente el Gobierno se anota un “pequeño logro” reformando el sistema político.

En paralelo, la reforma legaliza la figura de los comités parlamentarios y establece que, si un legislador abandona el comité o partido por el que fue electo, pierde las asignaciones asociadas. Para sus impulsores, es un antídoto contra la indisciplina que alimenta la fragmentación; para sus detractores, un endurecimiento que puede tensionar la libertad política.

También hubo críticas al aumento de exigencias para constituir partidos –0,3% del padrón, cerca de 46 mil firmas– y a la restricción de financiamiento a colectividades sin escaños. El diputado Félix González (Partido Ecologista Verde, en disolución) habló de “persecución” y de una “ley antidíscolo exacerbada”.

La diputada Carolina Tello (FA) llamó a bajar el tono y debatir “con altura de miras”, subrayando que la posibilidad de fusión debe examinarse con rigor en Sala para resguardar pluralismo y representación.

¿Están los votos?

Con todo, la reforma llega al hemiciclo con el discurso oficial de fortalecer la democracia y el reproche de estar ajustando la ley en pleno partido. Gobernabilidad versus conveniencia. Orden versus cálculo. Hoy miércoles la Sala dirá si la norma transitoria es un salvavidas institucional o, como acusó Manouchehri, un traje hecho a la medida de la coyuntura.

Y es que el “salvataje” a los partidos en vías de extinción fue la última carta del Ejecutivo para viabilizar políticamente el proyecto, que será votado en la Sala de la Cámara este miércoles, para volver al Senado antes del cambio de mando.

En Palacio transmiten confianza, pero nadie se atreve a cantar victoria antes de tiempo. Ayer, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comprometió los votos del gremialismo a favor de los elementos del proyecto de ley que ya están consensuados.

La iniciativa salió de comisión con respaldo suficiente para llegar competitiva a Sala, aunque la herida que dejó la norma de fusiones sigue abierta. En el Partido Socialista el malestar es evidente y la bancada evalúa su jugada: desde rechazar el texto completo hasta forzar una votación por paquetes.

Con ese telón de fondo, el Gobierno se juega la carta final con números que asoman, pero que aún no están completamente amarrados.