Supermartes: la última esperanza de La Moneda para salvar su reforma “acotada” al sistema político

No hay épica, pero sí urgencia. Este martes, a ocho días del cambio de mando, la Comisión de Gobierno Interior retomará la votación artículo por artículo de la reforma al sistema político impulsada por el Gobierno, en lo que en Palacio reconocen –sin demasiadas vueltas– como la última oportunidad real para sacar adelante un proyecto que ya fue rebajado, ajustado y reescrito para sobrevivir. Una reforma “acotada”, como admitió la propia ministra Macarena Lobos, pero políticamente decisiva.

La sesión del lunes dejó claro que el margen es estrecho. La Moneda llegó con concesiones bajo el brazo, pero si hubo un momento que cambió el tono de la jornada y dejó a varios recalculando, fue la discusión sobre las llamadas “fusiones excepcionalísimas”.

Hasta entonces, el debate venía áspero pero predecible –umbral de firmas del 0,3%, disciplina interna, plazos–. Sin embargo, cuando se explicitó que la fórmula original solo permitía fusionarse con partidos que hubieran alcanzado el 5% nacional, la sesión dio un giro. Lo que parecía un ajuste técnico se convirtió en el punto más inflamable del día, obligando al Ejecutivo a mover la pieza sobre la marcha para evitar que la reforma quedara atrapada en comisión antes siquiera de llegar a la Sala.

Los más críticos coinciden en que, si el Gobierno logra su objetivo –y aseguran que ya tendría los votos–, no se tratará de una gran reingeniería del sistema, sino de una cirugía menor para contener la fragmentación.

“Después de una comisión en la que se llegaron a varios acuerdos, y que se llevó a cabo desde febrero una mesa de trabajo en la que participaron todos los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, pero además presidentes de partidos políticos, llegamos a que se va a dar discusión inmediata este martes hasta total despacho”, confirmó en declaraciones a El Mostrador el presidente de la instancia, diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), tras la sesión de este lunes.

Rebaja al 0,3% y disciplina interna

La sesión del Superlunes partió con la defensa técnica del Ejecutivo. Lobos –acompañada del subsecretario Nicolás Facuse– recordó los entendimientos alcanzados en febrero y confirmó la principal concesión: el umbral para constituir partidos baja de 0,5% a 0,3% del padrón en al menos ocho regiones. También se mantiene el piso de 500 firmas en regiones extremas y se incorporan seis meses para adecuar estatutos a nuevas exigencias –condena a la violencia y la corrupción–.

En disciplina partidaria, el proyecto tipifica como infracción grave el incumplimiento de acuerdos de comité. La sanción concreta, explicó la ministra ante consultas de parlamentarios, quedará entregada a los estatutos internos de cada partido. La pérdida del escaño, recordó, está en la otra reforma constitucional paralela –la del umbral del 5% que, recordó la secretaria de Estado, “no genera consenso, por lo que podría caer eventualmente, ya que no cuenta con los votos necesarios”.

Cabe mencionar que el proyecto en discusión norma el funcionamiento de los comités parlamentarios, que pasan a tener rango legal. En ese contexto, el texto establece como infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de los acuerdos del comité del que formen parte los diputados o senadores.

Además, señala que, si un parlamentario renuncia a un comité, este conservará las asignaciones que recibe por dicho diputado o senador. Del mismo modo, si el parlamentario se incorpora posteriormente a otro comité, este no incrementará dichas asignaciones.

Pero la discusión rápidamente dejó el plano técnico y se fue al político.

El dardo a Elizalde y el “nuevo binominal”

La diputada Joanna Pérez abrió fuego con una intervención frontal. Partió marcando diferencias dentro del propio Gobierno. “La verdad es que siempre se ha valorado la voluntad de diálogo de esta ministra, no así de otros ministros (…) por ser generosa, lo digo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por las últimas conversaciones que a usted le constan, presidente, intentamos abordar”.

El reproche fue directamente al titular del Interior, Álvaro Elizalde, a quien calificó –sin rodeos– de haber tenido un diálogo “muy escaso e ingrato” en las conversaciones previas.

Cabe mencionar que el ministro Elizalde se excusó de asistir a la sesión del lunes –a la que había sido invitado– por “compromisos agendados con anterioridad”.

Pero su crítica de fondo fue mayor: acusó que el proyecto encubre un acuerdo entre grandes bloques para reinstalar el sistema binominal. “Hay que decirle a la ciudadanía que aquí los partidos grandes se han puesto de acuerdo para que se instale un nuevo binominal, es decir, dos grandes bloques”. Y agregó: “Quien quiera armar un nuevo partido no parte de las mismas condiciones”.

Según su tesis, a los partidos vigentes se les exige menos que a los nuevos, lo que –a su juicio– termina protegiendo a las colectividades tradicionales bajo el discurso de la gobernabilidad. “Yo, al menos como diputada, no estoy de acuerdo con este proyecto”, remató, advirtiendo además que forzar su despacho “contra reloj”, cuando al Gobierno le quedan pocos días, sería “bastante irresponsable”.

En respuesta, el diputado Juan Santana (PS) defendió el sentido político de la reforma y respondió directamente a la tesis del “nuevo binominal”. Señaló que el sistema proporcional permitió mejorar la representación, pero también generó un nivel de fragmentación que hoy complica la gobernabilidad.

En ese marco, Santana emplazó a la comisión: “Si decimos que estamos defendiendo principios, apeguémonos a eso”, insistiendo en que el objetivo no es excluir, sino equilibrar pluralismo con estabilidad institucional.

El nudo crítico: las “fusiones excepcionalísimas”

El momento más tenso llegó con la fórmula para permitir, por una sola vez, la fusión de partidos en causal de disolución. La propuesta original del Ejecutivo establecía que solo podrían fusionarse con partidos que hubieran obtenido el 5% de los votos nacionales.

Las alarmas se encendieron de inmediato en el propio oficialismo.

El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR), cuestionó la lógica restrictiva. El diputado Jaime Mulet (FRVS) advirtió que, más que una fusión, parecía una “absorción”. Y Raúl Soto (PPD) alertó que limitar las opciones era una “afrenta” a la libertad de asociación política.

El punto fino era este: ¿qué pasaba con partidos que no alcanzaron el 5%, pero sí eligieron cuatro o más parlamentarios? La respuesta inicial fue que la regla estaba anclada en el 5%.

Ahí vino el giro.

Como la indicación aún no ingresaba formalmente, Lobos anunció un ajuste clave: además del 5% de votación nacional, se incorporará como criterio alternativo haber elegido al menos cuatro parlamentarios. En la práctica, la fusión excepcional podrá realizarse con partidos que cumplan uno u otro requisito.

Un movimiento táctico para evitar que el proyecto se empantane antes de llegar a Sala.

Otro frente de debate fue la diferencia entre partidos nuevos y vigentes.

El diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) respaldó el 0,3%, pero cuestionó la asimetría: menos firmas y más plazo para partidos ya constituidos podría tensionar la igualdad ante la ley. La ministra explicó que, con el nuevo umbral, los partidos que deban adecuarse necesitarían reunir cerca de 23 mil firmas (la mitad del total exigido para constituirse), y el plazo sigue abierto a definición: 18 meses o 210 días.

La diputada Claudia Mix (FA) respaldó el 0,3%, pero pidió coherencia en los plazos para partidos vigentes. La ministra respondió que el Ejecutivo no tiene objeciones si hay consenso en mantener los 18 meses.

Otras normas en debate

Por otro lado, la iniciativa plantea como requisito para las candidaturas presidenciales independientes contar con las firmas del 0,5% del padrón electoral definitivo. Este porcentaje debe ser alcanzado en ocho regiones del país.

Junto con esto, fija que aquellos ciudadanos que comparezcan como organizadores de un nuevo partido no puedan inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular por un partido político distinto al que pretendieron constituir, dentro de un plazo de 4 años contados desde la fecha en que se entregó la copia autorizada de escritura pública al Servicio Electoral.

El Ejecutivo aspiraba a despachar el proyecto el mismo lunes, para enviarlo de inmediato a Sala. No hubo acuerdo. Tras una suspensión, Oyarzo lo dejó claro: este martes se votará artículo por artículo hasta total despacho.

El “Supermartes” no es una exageración. Es, probablemente, la última esperanza de La Moneda para salvar una reforma que ya no promete refundar nada, pero sí dejar una marca en la arquitectura del sistema político.