Visita de Kast a Milei desata controversia: expertos cuestionan postura de Cancillería

Más que una controversia diplomática, lo que se abrió tras la declaración conjunta entre Chile y Argentina es un problema técnico con implicancias geopolíticas de largo alcance. El foco no está en el mar visible, sino en el subsuelo: la plataforma continental, donde se proyectan derechos sobre recursos naturales y donde hoy existe una superposición entre las pretensiones de ambos países.

Según advierten especialistas, el punto crítico es la llamada plataforma continental extendida de Argentina, construida en base a su territorio continental, la Antártica y —clave en esta discusión— las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Estas islas permiten proyectar derechos sobre el lecho marino más allá de las 200 millas, avanzando hacia zonas que se superponen con la proyección chilena, particularmente al sureste del punto F del Tratado de Paz y Amistad de 1984.

En ese contexto, el experto Richard Kouyoumdjian sostiene que el reconocimiento de soberanía sobre estos territorios no es neutro. De acuerdo al especialista, los dichos del Gobierno en visita oficial a Argentina, validan indirectamente la base geográfica que sustenta esa proyección submarina. Como advierte el problema es que la Cancillería está mirando el conflicto en la superficie —zona económica exclusiva y mar territorial—, cuando el verdadero impacto está en el subsuelo: “sí afecta a la plataforma continental y a la plataforma continental extendida”

A esta crítica se suma una segunda fuente experta que introduce un elemento clave: el cambio del contexto jurídico. La Ley argentina 27.557 de 2020 y la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en 2009 consolidaron una interpretación basada en el artículo 76 de la Convención del Mar, donde Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, junto con sus plataformas, constituyen una unidad geomorfológica continua. Esto incluye áreas como la denominada “medialuna” al sureste del punto F, que Chile ha venido objetando.

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Desde esta perspectiva, respaldar sin reservas la expresión “espacios marítimos circundantes” no sería inocuo. Por el contrario, abre la puerta a que Argentina sostenga que Chile valida también esas proyecciones submarinas en disputa.

A esta lectura se suma la advertencia de Jorge G. Guzmán, especialista en geopolítica polar y subpolar, quien profundiza en las implicancias del concepto. Según plantea, lo que Chile está validando es, en primer lugar, el marco geo-legal argentino de “espacios marítimos circundantes”, construido a partir de su propia interpretación de la Convención del Mar. En segundo término, advierte que este concepto se utiliza para reforzar el reclamo antártico argentino.

Guzmán detalla que la ubicación de islas como Sandwich del Sur —cercanas al área del Tratado Antártico— permite proyectar no solo zonas marítimas, sino también una plataforma continental extendida que avanza hacia el sur. A ello se suma el uso de criterios técnicos del artículo 76, como la proyección de 60 millas náuticas desde el pie del talud, lo que permite a Argentina configurar una “medialuna” de territorio submarino que se superpone con áreas al sur del punto F.

El efecto, advierte, es mayor: esa proyección reconfigura el límite austral y revive el llamado principio bioceánico, que en la práctica restringe la proyección chilena hacia el sureste, limitándola al meridiano del Cabo de Hornos y debilitando su posición hacia la Península Antártica.

“La Cancillería no quiere aceptar que ha cometido errores sucesivos. Si Kast no se atreve a intervenir a ‘la diplomacia chilena’, estamos fritos”, sostiene Guzmán, enfatizando que el problema no es solo técnico, sino también político.

La controversia se activó luego de que el Presidente José Antonio Kast, en su visita a Buenos Aires, reiterara el respaldo de Chile a la soberanía argentina sobre dichas islas, incluyendo los “espacios marítimos circundantes”. El senador Alejandro Kusanovic advirtió que ello podría superponerse con territorio chileno en Magallanes y la Antártica, instalando el debate.

Desde la Cancillería, sin embargo, se ha intentado desactivar la polémica. A través de una minuta distribuida a parlamentarios oficialistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que no existe cambio alguno en la política exterior chilena y que la controversia responde a una mala interpretación. Además, recordó que esta formulación se ha utilizado desde 1992 bajo distintos gobiernos.

No obstante, las críticas técnicas apuntan a que esa defensa es incompleta. La Cancillería insiste en la continuidad histórica de la frase, pero omite que hoy existe un marco jurídico concreto que le da un alcance distinto. También se cuestiona la ausencia de una cláusula de reserva expresa, que resguarde explícitamente los derechos de Chile sobre su plataforma continental.

Así, el problema no radica solo en lo dicho, sino en el contexto en que se dijo. Mientras la Cancillería habla de continuidad, expertos advierten que el escenario cambió y que esa misma fórmula —sin resguardos— puede tener efectos jurídicos reales.

En ese desfase entre la defensa política y la lectura técnica se explica que la polémica no solo persista, sino que se profundice. Porque, en el actual contexto, lo que antes era una frase diplomática, hoy puede incidir directamente en una disputa de largo plazo por territorio, recursos y proyección estratégica en el extremo sur.