Primer mes de gobierno: ajustes al plan de mitigación y el “ofertón” de Quiroz a grandes empresas

A un mes del arranque del Gobierno del presidente José Antonio Kast, La Moneda comienza a mostrar dos caras que conviven —no sin tensión— en su diseño político: por un lado, señales de apertura al diálogo con el Congreso; por otro, una ambiciosa apuesta económica que, en palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apunta a revertir más de una década de bajo crecimiento. ¿Cómo? Con un “ofertón” a las grandes empresas, apuntan fuentes económicas.

El balance inicial no ha sido sencillo. El alza del precio del petróleo, en medio del conflicto en Medio Oriente, obligó al Ejecutivo a traspasar parte de ese impacto a los combustibles, abriendo un flanco político inmediato. La respuesta fue un plan de mitigación que, si bien generó críticas, terminó siendo aprobado casi por unanimidad en el Congreso.

Pero más allá del resultado legislativo, el punto político estuvo en los ajustes. Tras observaciones de parlamentarios, el Gobierno decidió excluir a las pymes del impuesto a los combustibles, una modificación que desde el Ejecutivo se leyó como una señal concreta de apertura. “El gobierno sabe escuchar cuando los planteamientos son responsables y van en beneficio del país”, aseguró el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, reforzando la idea de una lógica de acuerdos en esta primera etapa.

Ese gesto, sin embargo, convive con una agenda económica que llega con otra impronta. Lo que el ministro Quiroz prepara para enviar al Congreso en los próximos días es una batería de 42 medidas que, en el oficialismo, describen sin matices como una apuesta de “todo o nada”. El objetivo: reparar los daños de los incendios en el sur y, al mismo tiempo, corregir lo que el propio titular de Hacienda ha definido como un “declive” de 12 años en el crecimiento económico.

El plan llega con un sello claro. Aunque incorpora medidas para la clase media y las pymes —como subsidios al empleo formal o alivios en el impuesto a los combustibles—, su diseño ha sido leído como proempresa, con beneficios que se concentran en el gran capital. Entre ellos, destaca la rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, una medida que el Gobierno justifica en términos de competitividad, pero que abre cuestionamientos sobre su impacto en la equidad.

La lógica es conocida: bajar impuestos para dinamizar la economía. Según estimaciones citadas en el oficialismo, cada punto de rebaja podría aumentar el PIB en el largo plazo. Pero el efecto inmediato apunta a otro lado: son las grandes empresas —que concentran más de la mitad del empleo— las principales beneficiadas en esta etapa.

A eso se suma un paquete de medidas que ha generado ruido. La eliminación temporal del impuesto a las ganancias bursátiles, la repatriación de capitales con una tasa reducida y la rebaja del impuesto a herencias y donaciones han sido leídas como señales que favorecen directamente a sectores de mayores ingresos. En paralelo, propuestas como el IVA 0% en proyectos inmobiliarios levantan dudas sobre si el foco está puesto en la reactivación o en aliviar balances del sector privado.

El origen de esta estrategia, dicen en Hacienda, está en el diagnóstico inicial: una “caja vacía” y una deuda flotante que obliga a tomar decisiones rápidas. En ese contexto, la apuesta no es de ajuste gradual, sino de shock. O, como se comenta en privado, no se trata de apretarse el cinturón, sino de cortarlo.

En medio de ese diseño, el Gobierno intenta equilibrar su relación con el Congreso. La experiencia del plan de mitigación —con modificaciones incluidas— aparece como un primer test de flexibilidad política. Pero la discusión de la agenda económica será otra cosa: más estructural, más ideológica y, probablemente, más conflictiva.

Mientras tanto, La Moneda avanza también en su agenda legislativa. En las próximas semanas ingresará el proyecto de “Escuelas Protegidas”, enfocado en enfrentar la violencia en establecimientos educacionales y reforzar la presencia del Estado en esos espacios. La iniciativa busca responder a una preocupación creciente, pero también instalar la seguridad como eje prioritario del Gobierno.

Con todo, el primer mes deja una señal clara: el Ejecutivo está dispuesto a ajustar en lo táctico —como ocurrió con las pymes en el plan de mitigación—, pero mantiene firme su apuesta estratégica. Una combinación que, por ahora, abre espacio para acuerdos, pero que hacia adelante podría tensionar el debate político cuando entren en juego las definiciones de fondo.