PAÍS
Agencia Uno (referencial)
PDI irrumpe en tribunal y detiene a funcionario por filtraciones al crimen organizado
La Brigada Anticorrupción allanó el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y detuvo a un funcionario por cohecho. La Fiscalía indaga si entregó información reservada sobre procesos judiciales a integrantes de una organización criminal a cambio de pagos.
Una investigación por filtraciones de información reservada al crimen organizado llegó este lunes hasta las dependencias del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, donde efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones realizaron un allanamiento y posteriormente detuvieron a un funcionario judicial.
La diligencia comenzó cerca de las 9:30 horas, cuando los funcionarios policiales llegaron hasta el tribunal, ubicado en las inmediaciones del Centro de Justicia, con una orden judicial de entrada y registro.
El procedimiento fue instruido por la fiscal Alejandra Vargas, de la Fiscalía Local de San Bernardo, quien investiga la eventual entrega de antecedentes reservados a integrantes de una organización criminal.
De acuerdo con las pesquisas, un funcionario del Tercer TOP habría proporcionado información sobre procesos judiciales a una banda que estaba siendo investigada y habría recibido retribuciones económicas a cambio.
La orden judicial también contemplaba la detención del funcionario por el delito de cohecho. Sin embargo, al momento del operativo este se encontraba desempeñando sus funciones mediante teletrabajo, por lo que no estaba presente en el tribunal.
Durante el allanamiento de su lugar de trabajo, la Brigada Anticorrupción incautó equipos tecnológicos y documentación que serán parte de las diligencias investigativas.
La orden obtenida por la Fiscalía también autorizaba el ingreso y registro de domicilios vinculados al imputado. Fue durante esos procedimientos que los efectivos de la PDI lograron ubicarlo y concretar su detención.
La investigación busca ahora esclarecer el alcance de las presuntas filtraciones, qué antecedentes reservados habrían sido entregados a la organización criminal y las eventuales retribuciones económicas que habría recibido el funcionario a cambio.
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