La confusa Torre de Babel tras el Escudo de las Américas

Estuvieron en la misma reunión, suscribieron una declaración conjunta y hasta se sacaron selfies. Sin embargo, el Joint Statement del Departamento de Estado, el comunicado de la Cancillería, las declaraciones de Marco Rubio y la exégesis del Presidente José Antonio Kast sobre el acuerdo denominado Escudo de las Américas, no solo son diferentes sino que también exhiben contradicciones diplomáticas y divergencias geopolíticas que no son una bicoca.

• El broche de oro: la primera discrepancia cabe en una cifra. Para EE.UU. son 24 las organizaciones criminales que deben combatirse. En contraste, para Chile son 25. O alguien cometió un error o hasta la lista de ambos países es diferente. Por lo menos así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tras el texto suscrito. Por su parte, Marco Rubio no menciona ninguna cifra ni lista de organizaciones específicas.

Menos cómico resulta el resto de las diferencias expresadas por ambos gobiernos. El Joint Statement acuerda solicitar formalmente ante la OEA la reunión del Consejo Permanente para convocar al Órgano de Consulta del TIAR al amparo de sus artículos 6 y 13. Tanto el comunicado de RR.EE. de Chile como la alocución de Marco Rubio, omiten por completo toda mención al TIAR y la OEA.

• En la cita de Nueva York, entre los 15 países del acuerdo, Rubio exigió de forma explícita “votar juntos en foros internacionales” y hablar al unísono. Aunque el Joint Statement propone únicamente la intención de “profundizar la consulta y coordinación de posiciones comunes”, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo consideró como un simple “marco de coordinación voluntaria”.

Tras lo que firmaron en Nueva York, la Cancillería chilena dice creer que su adhesión es una simple “declaración política de intenciones”, un apretón de manos voluntario enfocado en perseguir a bandas como el Tren de Aragua con inteligencia y trabajo policial duro. Paralelamente, para el Departamento de Estado de EE.UU. y el secretario de Estado, Marco Rubio, es una arquitectura hemisférica que amarra bajo un solo puño la seguridad, las inversiones extranjeras, la minería crítica, las redes digitales, la defensa militar y el alineamiento diplomático.

• Aunque formalmente se le denomine declaración de intenciones, en derecho internacional lo determinante es el contenido y la intención de obligarse, por lo que suscribir protocolos operativos posteriores puede generar responsabilidades internacionales. Así lo creen a los menos tres exjefes del Edificio Carrera.

La brecha entre la oratoria y los compromisos firmados se repite en el plano económico. El documento impone la revisión de inversiones extranjeras (investment screening), el blindaje de las cadenas de suministro de minerales críticos y la selección de “proveedores confiables” para la infraestructura digital de la región.

• Estas cláusulas arrastran a América Latina a la competencia directa entre Estados Unidos y China por el control estratégico del cobre, el litio y las redes de telecomunicaciones. Pese a que la diplomacia chilena argumenta que no existirán restricciones comerciales, la exigencia de contar con “proveedores confiables” sugiere presiones directas de Washington para bloquear capitales chinos en sectores de infraestructura clave.

Por su parte, el texto de la Declaración Conjunta se limita a señalar la intención de profundizar la consulta y coordinación en foros multilaterales, remarcando el respeto a la soberanía de cada país. Frente a la postura de Rubio, la Cancillería chilena ha rechazado que el país vaya a actuar como un voto en bloque o a subordinar su política exterior. No obstante, exautoridades diplomáticas, como los excancilleres Mariano Fernández e Insulza, advierten que Washington busca instrumentalizar el acuerdo como una plataforma de alineamiento político que restringe la autonomía diplomática sudamericana.

• Al contrastar los documentos con el relato público, la realidad resulta confusa: mientras algunos gobiernos intentan enmarcar su participación en una colaboración policial voluntaria, el texto legal firmado abre la puerta a la militarización del combate al narco vía TIAR, a barreras contra la inversión extranjera y a la consolidación de un instrumento de alineamiento geopolítico hemisférico promovido por Estados Unidos.