PAÍS
Gobierno se abre a retirar su reforma de seguridad y negociar un nuevo texto con la oposición
El retiro dependerá de que los senadores acuerden una propuesta alternativa. La fórmula en discusión dejaría fuera el nuevo estado de excepción impulsado por el Ejecutivo y modificaría el estado de emergencia vigente para enfrentar el crimen organizado.
El Gobierno se abrió a retirar su reforma constitucional de seguridad y discutir un texto alternativo elaborado por senadores de la Comisión de Constitución. La decisión aún está condicionada a que exista una propuesta capaz de reunir apoyos para reemplazar la iniciativa del Ejecutivo, cuestionada por la amplitud de las facultades que entregaba al Presidente.
El presidente de la comisión, el senador Pedro Araya (PPD), anunció la disposición del Ejecutivo y señaló que continuarán las conversaciones para alcanzar un acuerdo. La propuesta permitiría incorporar planteamientos tanto del oficialismo como de la oposición.
El nuevo texto tomaría como insumo el trabajo de los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano), al que podrían sumarse aportes de otros parlamentarios. Su tramitación avanzaría junto con una reforma en materia penitenciaria presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS).
La principal diferencia estaría en los estados de excepción. La iniciativa original del Gobierno creaba uno de Seguridad Pública que podía ser decretado por el Presidente durante 120 días y renovado por otros 120 sin autorización previa del Congreso. La fórmula que se estudia dejaría fuera esa figura y ampliaría las hipótesis de aplicación del estado de emergencia vigente para abordar el crimen organizado.
Un texto aún pendiente
Araya sostuvo que un nuevo proyecto podría presentarse esta semana. Squella confirmó que el Gobierno está dispuesto a retirar su propuesta si ello permite avanzar con la alternativa trabajada en el Senado.
Por ahora, el retiro y el contenido definitivo de la reforma siguen sujetos al acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo. La negociación definirá si el cambio de fórmula logra destrabar la tramitación constitucional.
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