Valencia tira el mantel: acusa riesgos “a la institucionalidad” en proyecto de Ley de presupuesto

A propósito de la discusión por el Presupuesto 2027, esta mañana el vicepresidente Claudio Alvarado recibió en La Moneda al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, junto a varios fiscales regionales, con el fin de discutir el presupuesto 2026 del Ministerio Público. En dicho sentido, Valencia cuestionó los montos destinados al funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los nuevos compromisos asociados a los equipos contra el crimen organizado (ECOH) que son parte esencial de la estrategia contra el crimen organizado.

Al respecto, el Fiscal Nacional advirtió que la propuesta enviada por el Ministerio de Hacienda contempla recursos inferiores a los aprobados por el Congreso para implementar la Ley de Fortalecimiento (que implica un aumento de fiscales) y el segundo año de funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, así como en lo relativo a las medidas de seguridad para los fiscales que están amenazados.

Sin embargo, Valencia también actuó como una suerte de vocero oficioso de otros dos organismos que -como el Ministerio Público- son autónomos por Ley, pues dijo que también planteó otro tema al ministro, “por encargo de la Contralora General de la República y de la Directora del Servicio Electoral“, lo que calificó como “una preocupación por un asunto que ya es propiamente un asunto de Estado y que se aborda también en la ley de presupuesto, y que tiene ver con un conjunto de de glosas o menciones que se incorporan dentro de la ley de presupuesto que a nuestro parecer, derechamente, no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional en lo que se refiere a la manera como debe relacionarse el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto en particular con el Ministerio Público, el Servicio Electoral y la Contraloría General de la República”.

Midiendo mucho sus palabras, Valencia aseveró que “el tema de las atribuciones de la Dipres (Dirección de Presupuestos) que se están intentando incorporar en este proyecto de ley de presupuesto son un tema de Estado, delicado tanto para la Contraloría, como para el Servel y el Ministerio Público. Insisto, son temas que nos parece que no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional“, reiteró, agregando que también van a transmitir esta inquietud al Ministro de Hacienda y luego al Congreso.

Al respecto, detalló que “nuestras aprensiones precisamente apuntan a un conjunto de reglas que imponen obligaciones de control de nuestro gasto, que no tienen precedentes en las leyes de presupuesto previas. El Ministerio Público tiene que informar sobre los gastos que está realizando y de su ejecución presupuestaria, pero el cuánto gastamos depende del Ejecutivo y del gobierno, pero el cómo gastamos esos fondos, las instituciones que somos constitucionalmente autónomas, es nuestra atribución”.

Según indicó, si se aprueban dichas normas “estamos expuestos al riesgo de que a un órgano constitucionalmente autónomo se le intente pautear, dirigir, influir, presionar por la vía de la autorización o restricción de gasto, y nuestra institucionalidad ha establecido un conjunto de mecanismos para evitar ello ¿para qué? Para que tengamos independencia en la persecución de la corrupción, para que estemos independientes de los intereses políticos al momento de tomar decisiones dentro de la propia institución”, puntualizando que “si dependiéramos de autorizaciones externas del Ejecutivo, esa libertad que es necesaria para el cumplimiento de nuestra función se ve puesta en riesgo”.