Las tareas pendientes del 18-O: cuando la derecha hablaba de desigualdad, abusos y cambios profundos

En octubre de 2019, la derecha hablaba de desigualdad, abusos y reformas urgentes. Sebastián Piñera pedía perdón por su falta de visión, dirigentes de Chile Vamos exigían cambiar las prioridades del Gobierno y hasta los grandes empresarios anunciaban mejores sueldos y disposición a contribuir más. Siete años después, parte de aquellas promesas sigue esperando, mientras el relato político del sector sobre el 18-O se concentra principalmente en la violencia y el orden público.

El contraste quedó a la vista este viernes, cuando los presidentes de los partidos oficialistas firmaron la declaración Chile sin violencia: un compromiso con la paz. El documento condena los saqueos, incendios y ataques de 2019, respalda a las policías y cuestiona a sectores de la izquierda por haber justificado, según sus firmantes, los actos violentos. Las demandas sociales que estuvieron en el origen de las movilizaciones, en cambio, no ocupan un lugar central en el texto.

El escenario era distinto siete años atrás. El 22 de octubre de 2019, Piñera reconoció que los problemas sociales se habían acumulado durante décadas sin que los distintos gobiernos comprendieran suficientemente su magnitud. Pidió perdón por esa falta de visión y anunció una Agenda Social para mejorar pensiones, ingresos, salud y medicamentos, junto con mayores impuestos a las rentas altas y una reducción de los privilegios de las autoridades.

Aquella disposición a introducir cambios respondía a un respaldo ciudadano extraordinariamente amplio. El Termómetro Social de octubre de 2019 registró un 95,5% de acuerdo con avanzar en reformas previsionales, un 95,2% en salud y un 93,5% en educación. También un 92,2% apoyaba reformas al sistema laboral.

No existía unanimidad sobre las soluciones, pero sí una coincidencia muy extendida respecto de que el país necesitaba cambios.

Cuando la derecha exigía reformas profundas

Uno de los diagnósticos más duros provino de la propia Renovación Nacional. En noviembre de 2019, su entonces presidente, Mario Desbordes, advertía en una entrevista con El Mostrador que la respuesta del Gobierno debía ir mucho más allá del restablecimiento del orden.

“No es Carabineros el que tiene que resolver la crisis social que estamos viviendo, somos nosotros”, sostuvo.

Desbordes exigía reformas en salud, pensiones, Crédito con Aval del Estado (CAE), sueldo mínimo y una agenda contra los abusos económicos. Cuestionaba, además, a los sectores de su propia coalición que se resistían a aumentar el gasto público y advertía que el país necesitaba transformaciones profundas, no simples ajustes.

Su posición no era compartida por toda la derecha. Mientras el entonces timonel de RN respaldaba una salida constitucional y reformas sociales simultáneas, José Antonio Kast cuestionaba el giro constituyente de Piñera y lo consideraba una renuncia a las convicciones del sector.

Desde Evópoli, su entonces presidente, Hernán Larraín Matte, también reconocía responsabilidades políticas. El 22 de octubre de 2019 sostuvo que el malestar no había nacido en las semanas anteriores y que tanto el Gobierno como los partidos debían hacerse cargo de un problema mucho más profundo.

Incluso la entonces presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, planteaba que la Agenda Social debía abordar las injusticias cotidianas.

La preocupación también atravesaba al empresariado. Alfonso Swett, presidente de la CPC, reconoció que el sector había escuchado con “orejas chicas” y anunció diálogos con trabajadores sobre remuneraciones y endeudamiento. La iniciativa llegó, según el propio gremio, a cerca de un millón de personas, aunque los balances públicos consultados no permiten cuantificar los aumentos salariales derivados de esas conversaciones.

Hubo compromisos empresariales que sí se materializaron, como los pisos salariales anunciados por Quiñenco y Copec. Pero también quedó instalada una discusión sobre la distribución de los ingresos y la contribución tributaria de los sectores más acomodados.

Las promesas que siguen en el Congreso

Siete años después, la sala cuna universal continúa sin convertirse en ley, pese a haber sido una de las iniciativas cuya aprobación Piñera pidió acelerar en plena crisis. En septiembre recién pasado, el Senado despachó una nueva versión a la Cámara de Diputados, donde todavía debe superar su tramitación.

La Ley de Fármacos II también sigue pendiente. El gobierno de Piñera había comprometido acelerar su aprobación para ampliar el acceso a medicamentos y enfrentar problemas del mercado farmacéutico. Sin embargo, la iniciativa continúa en comisión mixta, sin sesiones registradas durante la actual legislatura.

Tampoco se concretó la reducción del número de parlamentarios anunciada por el exmandatario. La propuesta fue rechazada en 2020, sin alcanzar el quórum necesario.

Otras medidas sí avanzaron. Se aprobó el Ingreso Mínimo Garantizado mediante un subsidio estatal, se redujeron las dietas de las autoridades y se elevaron las pensiones solidarias. La reforma previsional de 2025 también introdujo cambios estructurales, mientras la jornada laboral de 40 horas se convirtió en ley durante el gobierno de Gabriel Boric.

En materia tributaria, Piñera prometió elevar al 40% la tasa marginal aplicable a ingresos mensuales superiores a $8 millones. La reforma de 2020 incorporó esa tasa, pero desde un umbral considerablemente mayor.

El contraste tributario reaparece este aniversario. La Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast, publicada este sábado, contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23% hacia 2029. Aunque se trata de un tributo distinto del impuesto personal discutido en 2019, la medida vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo distribuir la carga tributaria.

Las deudas que vienen de antes

Para el sociólogo Daniel Chernilo, el estallido dejó al descubierto a “una élite de este país que descubría un Chile que no conocía”, pese a que los estudios sobre desigualdad y malestar llevaban décadas mostrando aquellos problemas.

En conversación con El Mostrador, Chernilo sostiene que parte de las reformas sociales terminó postergada por la decisión de sectores de la izquierda constitucionalista de privilegiar el proceso constituyente sobre negociaciones sectoriales. Aclara que, a su juicio, el error no estuvo en el posterior rechazo de los textos constitucionales, sino en supeditar soluciones concretas a una discusión constitucional más extensa.

Su interpretación amplía las responsabilidades más allá de la derecha y apunta a un problema de conducción política que atravesó a distintos sectores.

Los datos muestran, mientras tanto, que varias preocupaciones sociales continúan presentes. Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, la mitad de las personas ocupadas ganó $680 mil líquidos mensuales o menos en 2025.

En octubre de ese mismo año, una encuesta Criteria reveló que el 72% consideraba que las demandas que originaron el estallido seguían sin resolverse, percepción compartida incluso por el 70% de quienes se identificaban con la derecha.

Hasta Evelyn Matthei, durante la conmemoración de 2025, reconoció que el estallido había respondido tanto a problemas sociales graves como a episodios de violencia y sostuvo que el país debía avanzar en mayor equidad, sin justificar la destrucción.

Para Chernilo, detrás de las demandas de 2019 permanecía una exigencia elemental: recibir un trato digno y ser reconocido como alguien que merece la misma consideración que los demás. Los problemas de vivienda, pensiones y acceso desigual a la salud siguen, a su juicio, abiertos.

Siete años después, la derecha vuelve a La Moneda y condena la violencia de aquel octubre. Pero sigue pendiente otra parte de la historia: cuánto de las reformas que sus propios dirigentes consideraron urgentes terminó convertido en soluciones duraderas y cuánto continúa formando parte de las deudas sociales que el estallido dejó al descubierto.