56 rebajas a condenados por delitos sexuales ponen a ministro Rabat en la mira de una interpelación

Las 56 rebajas de condena a abusadores sexuales y violadores de menores concedidas por el Ministerio de Justicia desataron una ofensiva parlamentaria contra su titular, Fernando Rabat. La oposición busca llevarlo a una interpelación en el Congreso, mientras el secretario de Estado defiende las resoluciones invocando fallos de la Corte Suprema, pese a que ninguno de los beneficiados acudió a tribunales.

La investigación del medio Interferencia estableció que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, Justicia dictó 27 decretos de reducción de penas por abuso sexual de menores y otros 29 por violación. En promedio, uno cada tres días. De las 57 solicitudes examinadas, apenas una fue rechazada.

Los beneficios fueron concedidos administrativamente, sin que los favorecidos recurrieran a tribunales. Los decretos se dictaron bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, luego de pasar por las instancias de evaluación y revisión contempladas en el procedimiento legal, lo que no supone necesariamente una intervención personal del Mandatario.

Rabat invoca a la Suprema y abre otro flanco

Frente a los cuestionamientos, Rabat defendió las resoluciones asegurando que su cartera se limitó a aplicar la jurisprudencia del máximo tribunal.

“Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, sostuvo el secretario de Estado, quien inicialmente presentó las decisiones como cumplimiento de sentencias judiciales.

Sin embargo, al ser confrontado con el hecho de que ninguno de los beneficiados había recurrido a tribunales, Rabat sostuvo que el ministerio se limitó a recoger la doctrina que, según afirmó, la Corte Suprema estableció en recursos de amparo anteriores.

La explicación deja abierta una controversia jurídica: la Corte Suprema también ha rechazado beneficios similares. En marzo de este año, el máximo tribunal desestimó un recurso de amparo de un condenado por delitos sexuales contra menores, estableciendo que la reducción de pena constituye un beneficio y no un derecho adquirido, por lo que correspondía aplicar la exclusión incorporada por la Ley N° 21.421 en 2022.

Consultada sobre los antecedentes, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, aseguró no tener información sobre las resoluciones y evitó respaldar el procedimiento descrito por Rabat.

Defensoría de la Niñez denuncia retroceso y exige explicaciones

La controversia escaló cuando la Defensoría de la Niñez manifestó su rechazo a las rebajas y anunció que solicitará formalmente al Ministerio de Justicia los antecedentes que justificaron modificar el criterio histórico de la cartera, que anteriormente denegaba estos beneficios.

En una declaración pública, el organismo recordó que desde febrero de 2022 la legislación excluye expresamente de la reducción de condenas a quienes cometen determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Si bien reconoció que existen controversias jurídicas respecto de delitos cometidos antes de esa reforma, advirtió que aplicar un criterio general favorable a la concesión de beneficios implica desconocer los derechos de las víctimas.

“Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia”, sostuvo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien enfatizó que el Estado tiene un deber reforzado de protección y reparación hacia quienes han sufrido violencia sexual.

El organismo fue más allá y calificó estas decisiones como “un retroceso para la protección efectiva de la niñez”, recordando los avances legislativos impulsados por sucesivas administraciones para combatir la explotación y los abusos sexuales contra menores.

La Defensoría también exigirá conocer qué medidas está adoptando Justicia para resguardar a las víctimas y no descartó evaluar nuevas acciones dentro de sus atribuciones legales.

Oposición busca llevar a Rabat al Congreso

La bancada de diputados del Partido Comunista anunció que buscará reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia.

“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable”, acusó el diputado Marcos Barraza (PC), quien cuestionó que el Ejecutivo concediera estos beneficios y exigió explicaciones tanto a Rabat como al Presidente Kast.

El senador Karim Bianchi (Independiente), presidente de la Comisión de Seguridad, apuntó a la contradicción entre el discurso gubernamental y las rebajas concedidas, cuestionando que el Estado prometa mano dura mientras los condenados por delitos sexuales contra menores reciben reducciones de pena.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó las medidas como un “indulto parcial”, aunque jurídicamente se trata de un mecanismo distinto del indulto presidencial.

A la ofensiva se sumó la diputada Emilia Schneider (FA), quien anunció un proyecto de ley para reforzar la exclusión de estos delitos de los beneficios de reducción de condena.

La Moneda cierra filas con Rabat

Lejos de abrir espacio a una revisión pública de las decisiones, el nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió el procedimiento y calificó la noticia de “malintencionada”, argumentando que sugería erróneamente una intención del Ejecutivo de favorecer a delincuentes sexuales.

Arenas sostuvo que las rebajas están reguladas por ley y que, cuando se cumplen los requisitos establecidos, “el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”.

También afirmó que ninguno de los decretos corresponde a delitos cometidos después de la reforma de 2022 y aseguró que el procedimiento fue “impecable”.

La defensa gubernamental, sin embargo, no despeja las preguntas que ahora plantea la Defensoría de la Niñez: por qué cambió el criterio que históricamente aplicaba Justicia, cómo se fundamentó cada una de las 56 resoluciones y qué resguardos se adoptaron respecto de las víctimas.

Mientras La Moneda insiste en la legalidad de las decisiones, Rabat queda expuesto a una eventual interpelación parlamentaria y a un nuevo cuestionamiento sobre una de las principales banderas del Ejecutivo: la promesa de mano dura contra la delincuencia.