Análisis al Presupuesto 2027 apunta a que “no existe un piso de protección social”

En el marco de la discusión del Presupuesto 2027, la reducción de recursos en programas sociales vinculados a educación y protección social volvió a poner en el centro del debate la ausencia de un piso de protección para las personas en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad.

Así lo plantea un informe elaborado por el Hogar de Cristo, que analizó una serie de programas contemplados en la propuesta presupuestaria y que registran reducciones de recursos. A juicio de la institución, el escenario vuelve a evidenciar una debilidad estructural: la falta de una política de Estado que permita diseñar y sostener en el tiempo estrategias sociales dirigidas a las personas más excluidas.

De acuerdo con el documento, una proporción importante de los programas sociales destinados a estos grupos depende de las definiciones presupuestarias que se adoptan año a año. Esta situación, advierte el Hogar de Cristo, genera “incertidumbre para las instituciones colaboradoras en la ejecución de políticas públicas y, lo que es más relevante, para las personas a quienes estas van dirigidas”.

Si bien la institución señala que, en términos generales, la propuesta para 2027 mantiene una línea de continuidad respecto de 2026 en las áreas consideradas prioritarias, identifica reducciones en programas vinculados a la reinserción escolar, el cuidado alternativo y las residencias del sistema de protección de la niñez. A ello se suman recortes en el subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Según advierte el informe, estas disminuciones pueden “afectar directamente estrategias de inclusión de grupos que, de no contar con alternativas adecuadas, pueden quedar expuestos a mayores niveles de exclusión y vulnerabilidad”.

No existe un piso de protección social

A juicio de Mario Pavón, director ejecutivo del Hogar de Cristo, una de las mayores preocupaciones apunta a la educación de adultos y reinserción escolar. “Son programas que impactan directamente en las escuelas de reinserción como las que tiene la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, para niños que llevan al menos dos años fuera del sistema escolar”, dijo. 

En conversación con El Mostrador, Pavón explicó que desde hace cinco años se está discutiendo una ley que crea una subvención especial para estas escuelas y que crea una modalidad educativa de reingreso para niños, niñas y jóvenes que han estado fuera del sistema. 

“Esto ya pasó por la Cámara, ya pasó por el Senado, no se pusieron de acuerdo en un par de detalles, y ya lleva cinco meses detenido. Ahí hay varios temas que nos preocupan, entre ellos, es que esta modalidad llega a adolescentes de hasta 21 años. Finalmente, por cada año que nos demoramos en sacar esta ley, es una generación que queda fuera. Y son niños que pierden la oportunidad de sacar su cuarto medio con todos los beneficios que esto tiene”, advirtió.

Y agregó: “Sabemos las probabilidades de menor éxito en el futuro y ya llevamos cinco años con esta ley parada. Es casi como una generación completa de educación media que podría haber terminado y no tuvo la oportunidad”. 

El recientemente asumido director ejecutivo del Hogar de Cristo, reiteró que cuando hablamos de pobreza severa –es decir, el cruce entre pobreza por ingreso y pobreza multidimensional–, todavía no existe un piso de protección social dirigido a esas personas. 

“Si bien se ha avanzado en varios programas ya más consolidados –como el Chile Crece Contigo, la Pensión Garantizada Universal o el sistema cuidados–, para personas en extrema pobreza, que viven en la calle, para los niños más vulnerados, aquellos que han dejado el sistema y que buscan reingresar, todavía hay presupuestos que hay que estar renegociando cada año. Ese piso no está y yo creo que ahí falta una mirada más de largo plazo, entendiendo que es importante estar revisando los programas”, insistió. 

En esa línea, Pavón apuntó que “no podemos estar viendo cada año si las personas que han dejado la calle, al año siguiente, van a tener que volver a la calle, o van a poder seguir con un techo gracias a la política del año. Debería ser gracias a una ley, gracias a un piso de protección social que efectivamente proteja y que hoy día no existe”.

Reinserción escolar 

El informe advierte que el presupuesto para “Mejoramiento de la Calidad de la Educación” de la Subsecretaría de Educación tiene una disminución en el ítem 202 de: -22,3% respecto del presupuesto 2026 ajustado, y -27,7% respecto al presupuesto aprobado para el año.

En cuanto a la reducción del presupuesto destinado a “Educación de Adultos y Reinserción Escolar”, el recorte es de $512 millones (-4,1%) respecto a lo aprobado para el 2026 y en $303 millones (-2,5%) en relación con el presupuesto ajustado. 

Asimismo, la “Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar” cae en un 12,6% en relación con lo aprobado para este año, programa que considera hasta $636 millones para la implementación de medidas de seguimiento y resguardo de trayectorias educativas en riesgo o interrumpidas. 

El documento detalla que se trata de reducciones particularmente complejas, ya que –a pesar de las mejoras de los últimos años en las tasas de retención del sistema– cerca de 110 mil niños, niñas y jóvenes entre 12 y 21 años se encuentran fuera del sistema escolar regular o presentan trayectorias educativas interrumpidas.

“No hay un aumento sustantivo en los recursos dirigidos a la niñez”

Otro de los focos relevantes en materia de protección social, son las asignaciones presupuestarias dirigidas a la infancia. Desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga realizaron un análisis a la propuesta del erario fiscal 2027, donde si bien valoran que la niñez esté entre las prioridades declaradas, “es muy difícil saber cuánto cambia realmente el presupuesto para niñas y niños”.

De acuerdo con el documento, este año la comparación oficial se hace respecto del presupuesto 2026 ya recortado en abril, y no se ha publicado el listado de programas que componen la cifra oficial de niñez, lo que dificultaría dimensionar la magnitud de los cambios.

Asimismo, desde Colunga declaran que, comparado con la forma en que se ha hecho siempre, el presupuesto para niñas y niños casi no cambia: crece menos de 1%. En su interior, algunos programas suben con fuerza y dos de cada tres asignaciones bajan. Es decir, que los recursos se mueven de unos programas a otros.

En un esfuerzo conjunto entre otras organizaciones de la sociedad civil, liderado por la Defensoría de la Niñez y Unicef, se analizó el presupuesto considerando todas las asignaciones a programas que afectan directamente a la infancia. 

En ese sentido, la evaluación indica que en contraste con el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026, el destinado a niñas y niños crece 0,78%. Con la forma de comparación usada este año, crece 1,28%, donde buena parte de ese crecimiento se explica por el traspaso de establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública: sin ese efecto, los recursos para niñez bajan (-4,04%).

“Cuando uno mira el presupuesto a nivel global, se observa que es un presupuesto de mantención, o sea, no hay un aumento sustantivo en los recursos dirigidos a niñas y niños: respecto de la ley aprobada el año pasado, el aumento es de solo 0,7%. Si bien hay un énfasis claro de esta administración en la prevención, con un aumento importante en el financiamiento para Chile Crece Contigo y para los programas ambulatorios dirigidos a quienes han sido vulnerados en sus derechos, por otro lado vemos disminuciones importantes en programas clave para el circuito de protección”, señaló Paloma Del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga.

En esa línea, Del Villar apuntó a programas “como el cuidado alternativo, y en programas habilitantes para mejorar la calidad de la educación en los colegios, como algunos de la Junaeb”. Además, indicó que “en general, los recursos se redistribuyen según esas prioridades, pero no necesariamente hay un aumento que pudiese mover la aguja”.