Contraloría pide explicaciones a Cancillería por contratación de asesor condenado en Bolivia

La solicitud está contenida en el oficio N° OF197812/2026, fechado el 19 de octubre, emitido por la División de Función Pública de la Contraloría. El documento señala que, tras revisar los antecedentes disponibles en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), el organismo detectó la contratación de Quiroga Soria.

Según los antecedentes consignados por la Contraloría, mediante una resolución exenta del 25 de mayo de 2026, la Secretaría y Administración General de Relaciones Exteriores dispuso la designación de Quiroga Soria a contrata, asimilado a un cargo grado 4° de la planta de profesionales, por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de este año.

La fiscalización se produce después de que una investigación de El Mostrador revelara que Quiroga Soria fue condenado en Bolivia en 2004 a dos años por malversación de fondos públicos, en el denominado caso Santa Bárbara. La sentencia fue posteriormente ratificada por la justicia boliviana en 2013. Así lo recoge expresamente el oficio de Contraloría, que cita la publicación realizada por este medio el 19 de octubre.

El caso Santa Bárbara se originó por la compra irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de La Paz en 1997, operación valorizada entonces en US$1,6 millones. La condena alcanzó a la entonces alcaldesa de La Paz, Gaby Candia de Mercado, y a otros funcionarios municipales, entre ellos Quiroga Soria. La justicia boliviana ratificó las condenas en 2013.

Quiroga Soria llegó a la Cancillería después de haber trabajado durante varios años en el Congreso chileno como asesor legislativo del exsenador UDI José Miguel Durana. De acuerdo con información de Transparencia Activa citada, actualmente recibe una remuneración bruta mensual de $3.637.866 por sus funciones en la Secretaría General de Política Exterior.

Su incorporación al Ministerio de Relaciones Exteriores ya había generado cuestionamientos políticos. El martes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad oficiar a Cancillería para solicitar antecedentes sobre su contratación. La iniciativa fue impulsada por el diputado socialista Nelson Venegas, quien planteó que el origen boliviano del funcionario no era el punto de discusión, sino sus antecedentes judiciales.

La controversia también se relaciona con los antecedentes de su hermano, Gonzalo Quiroga Soria, quien fue contratado como jefe de Finanzas del Ministerio de Ciencia y permaneció una semana en el cargo. Renunció en marzo, después de que se conocieran en Chile denuncias sobre presuntas irregularidades y estafa vinculadas con su actividad anterior en Bolivia.

Tras las primeras publicaciones de El Mostrador, Cancillería sostuvo que César Quiroga Soria había presentado sus antecedentes personales, académicos y laborales, que cumplía con los requisitos del cargo y que no tenía una condena penal en su contra. El ministerio agregó que sus funciones estaban relacionadas con el ámbito legislativo y que el funcionario es chileno. Sin embargo, esa respuesta no aclaró qué antecedentes sobre su condena en Bolivia fueron considerados durante el proceso de contratación.

Ahora la Contraloría busca precisamente conocer esos fundamentos. En el oficio, el organismo cita el artículo 9° de la Ley N°10.336, que faculta al Contralor General para requerir a autoridades y funcionarios los datos e informaciones necesarios para el cumplimiento de sus labores de fiscalización. En virtud de esa facultad, solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que informe detalladamente las razones que sustentaron la contratación.

La Cancillería dispone de 10 días hábiles, contados desde la total tramitación del oficio, para entregar su respuesta a Contraloría.